Por: Guillermo Mejía Mejía
Cuando se discutía la reforma política del 2003, y se llegó al tema del Consejo Nacional Electoral (CNE) y su forma de elección, el senador Antonio Navarro Wolf, después de varias propuestas que pedían que continuara el Consejo de Estado eligiéndolo, según unos, otros que se creara una sala electoral en la Corte Suprema y otros que se suprimiera y se ensanchara la Sección Quinta del máximo órgano contencioso, pidió la palabra y dijo: “pues elijámoslo nosotros” y de inmediato esta absurda propuesta tuvo eco y así quedó consagrada en el texto constitucional, artículo 264.
La norma consagra que dicha elección se hará por el sistema de cifra repartidora, previa postulación de los partidos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos, lo que quiere decir que los aspirantes a ser uno de los 9 miembros del CNE, que luego serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las normas sobre los partidos y al sistema de elección de los congresistas, para hacerse elegir, deben pedir su voto previamente ante la colectividad que los va a postular y luego, en una campaña vergonzante y abyecta, ir donde cada uno de los integrantes del Congreso a mendigar un voto con quién sabe qué compromisos.
Dos violaciones graves a las normas electorales, solamente dos, demuestran que una entidad cuya función primordial es hacer cumplir las normas sobre partidos y elecciones, ha sido cómplice, con su silencio, de hechos verdaderamente escandalosos ante la opinión pública.
El primer ejemplo es la falta de autoridad ante el “jefe único” del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, para que este señor, que trajo el neoliberalismo al país y que no tiene ninguna molestia en apoyar y obligar legalmente a todos los miembros de las corporaciones a adherir a la candidatura de Rodolfo Hernández, funesto candidato, previo fracaso de las conversaciones con Fico, se niegue, sin temor alguno a sanciones legales, a convocar la convención del Partido Liberal que lleva más de dos años de atraso. La última convención fue el 24 de mayo de 2020, o sea hace tres años.
Con seguridad, el CNE, aunque exista un proyecto de sanción, ya conocido por la opinión pública, esa sanción, si se aplica, no pasará de ser un canto a la bandera y otra burla a los militantes de esta centenaria colectividad, que más bien que mal, ha sido parte de la historia de Colombia.
El segundo ejemplo es la publicación de los audios de Oscar Iván Zuluaga en los que se revela que el actual Registrador Nacional, Alex Vega, presidente del organismo para la época de la campaña presidencial, año 2014, se coaligó con el candidato Zuluaga y con el ponente de la investigación, actual defensor del pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, para que la investigación se archivara cuando ya era conocido en el país las coimas de la multinacional brasilera Odebrecht.
“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”.
Algunos distinguidos penalistas se han adelantado a opinar que semejante prueba no es admisible en un proceso penal porque no fue decretada previamente por un juez y, claro, Oscar Iván con ese argumento se declaró inocente ante la imputación de cargos.
En el derecho penal a veces se presentan situaciones probatorias inverosímiles como en este caso y parece que se repitiera la obra de teatro de Lope de Vega sobre la muerte del comendador Fernán Gómez de Guzmán en la aldea de Fuenteovejuna. Este personaje era un violador compulsivo y toda la comunidad lo odiaba y decidieron matarlo. Cuando los investigadores quisieron saber quién cometió el delito se encontraron con un muro infranqueable probatoriamente. Nadie señalaba a nadie pues todos se auto inculpaban. A la pregunta de quién mató al comendador, todos contestaban: “Fuente Ovejuna señor”.
En este vergonzoso caso, estamos como en Fuenteovejuna. ¿Quién duda que Oscar Iván cometió un delito con la complicidad del actual Registrador Nacional y del Defensor del Pueblo, en ese entonces presidente del CNE y ponente de la investigación, respectivamente, sobre la entrada a la campaña presidencial de dineros de Odebrecht? Nadie. Pero legalmente dizque no hay pruebas.
