Conectate con nosotros

Columnistas

¡SU SEÑORÍA, SE NOS METIERON AL DESPACHO!

Columnistas

Publicado

en

Por:

Para emitir palabras, solo debemos tomar aire. Aunque estas sirvan para transmitir mensajes, no suelen ser tan expresivas como los gestos, que —a veces— resultan reveladoramente honestos. Ha transcurrido casi un mes desde que el presidente Gustavo Petro dejó plantados a los magistrados de las Altas Cortes
colombianas. Esperaron durante más de una hora a que se decidiera quién tomaría posesión de los dos
nuevos integrantes de la Corte Suprema y Constitucional, pero los efectos de la inasistencia del presidente se han escuchado todo diciembre.

Pocos días después de la celebración del evento, el Gobierno reglamentó la admisión como voceros de la «paz total» a algunos integrantes de organizaciones sociales o humanitarias privados de la libertad. Esta misma semana, a tiempo para la Nochebuena, quedó en libertad un grupo de integrantes de la Primera Línea. Quizás los escogidos sean lideres comunitarios jóvenes que no merezcan haber sido detenidos. En una democracia liberal es inadmisible la penalización de la protesta en sí misma, lo que es muy distinto de los desmanes violentos. Sin embargo, la ligera solución de crear y asignar funciones jurisdiccionales a la Comisión Intersectorial de la Reconciliación y la Participación Ciudadana afecta gravemente la independencia del poder judicial, máxime cuando el presidente es quien armará las listas definitivas.

Así lo advirtieron algunos fiscales, jueces y magistrados, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, provocados previamente por nuestra cabeza de Estado. Ante estos reparos, el ministro Néstor Osuna tuvo que aclarar que, «en todo Estado de derecho, los jueces tienen la última palabra». De la misma forma lo hizo el presidente, quien insistió en que «necesitamos más jueces, más independencia y más justicia restaurativa». ¿Qué podría pensarse si viéramos a un férreo animalista entrar a la fiesta brava?

El problema de las palabras no es solamente el escaso esfuerzo que debe hacerse para emitirlas, sino que también pueden ser contrarias a los hechos e incluso pueden servir para manipular nuestra percepción de la realidad.

Petro conoce de primera mano los riesgos de que autoridades administrativas estén facultadas para tomar decisiones jurisdiccionales, pues él mismo fue destituido por una de estas cuando desempeñaba el cargo de alcalde de Bogotá. Sorprende entonces que una de sus primeras decisiones como gobernante haya sido precisamente desnaturalizar funciones que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, deben ejercerse por los fiscales y jueces penales. El eufemismo «recomendar» y la indicación verbal (que no quedó en la vaga reglamentación) de que los jueces tienen «la última palabra» no logran tranquilizar a quienes creemos en la democracia.

En cambio, los gestos son más dicientes. Junto con la reforma política, la finalidad de concentrar el poder con ayuda de la denominada aplanadora del Gobierno podría tener serias consecuencias en las próximas elecciones (y las siguientes). No debe improvisarse con la estructura del Estado; las ramas del poder no son calles bogotanas por las que pueda pasar la máquina tapahuecos.

Tampoco sería correcto traer camiones de basura del extranjero para que nos rescaten de los ríos de expedientes de tutela que —muy a mi pesar— rebosan la Corte Constitucional a espera que alguien las escoja para resolver las injusticias que vive el país. Las amplias facultades asignadas al presidente no solucionarán los problemas estructurales de la justicia, causados por la inequidad y la falta de oportunidades, dificultades que solo pueden superarse construyendo escuelas, centros de salud y vías terciarias, conectando al país, proveyendo servicios públicos y combatiendo el hambre.

En lo que tiene que ver con el actual sistema judicial, nos corresponde eliminar las barreras que impiden al Estado garantizar el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, elevar los niveles de formación de los jueces e implementar el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales. Estas decisiones pueden adoptarse mediante leyes de procedimiento, así como invirtiendo en educación y tecnología. La Rama Judicial también requiere reformas constitucionales, pero los gestos del Gobierno nos permiten concluir que este no es el momento para ellas, pues pueden distorsionarse y convertirse en la vía rápida para destrozar las instituciones democráticas con eufemismos, como los del Decreto 2422 de 2022.

Posdata: A propósito del Estado de derecho, lamento mucho la violencia que vive la República del Perú. Los extremos del espectro político son los responsables de esa y otras crisis que se viven en nuestro continente. Necesitamos urgentemente que una tercera opción, la de centro,

Sigue leyendo
Haz clic para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Columnistas

DISTANTE Y DISTINTA

Avatar

Publicado

en

Por: Diego Calle Pérez.

Lejos está Bogotá de tener el metro, la polémica sigue por cuestiones de egos y de negocios ilícitos. Así jamás se podrá llegar a un acuerdo entre la nación y la alcaldía mayor, de la única metrópoli de Colombia. El caso de Medellín, ese metro, transformó, el metro urbano, en costos y en beneficios para unos pocos, que tuvieron a bien vender en su momento, los terrenos por dónde se planificaron las estaciones, dañando el centro de la ciudad. La deuda sigue aumentando y no se extiende para el norte con más estaciones.

Distante y distinta es la vida en el Amazonas. Los habitantes navegan al Putumayo para viajar a la capital más cercana. El sur de Colombia es distante a la capital metrópoli. Los que planifican desde Bogotá no saben de las penurias del Catatumbo. No saben nada del departamento del Chocó.  Los que asisten a la ministra de Agricultura tienen el concepto que Colanta es la promotora del desarrollo agrícola de Antioquia. Desde el Ministerio de Educación pareciera que manejan el desarrollo curricular con una información remota, diversa, diferente a la que tienen en la capital.

Distante y distinta es la vida de los municipios a la orilla del río Magdalena y del río Cauca, esté ahora, protagonista de hidroituango y más abajo los terrenos de la mojana de Córdoba y Sucre. Hay departamentos que no suenan, ni truenan, ni en el invierno inclemente. Las propuestas de ordenamiento territorial, se quedan pendientes cada que se toca el tema. La Colombia de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas quedó en el olvido del tiempo y el espacio geográfico recorrido.

Todos son conocedores de la diversidad nacional. El porcentaje indígena es mínimo comparado con otros países latinoamericanos. Lejos está que Colombia tenga un censo poblacional real. Los departamentos fronterizos están recibiendo movilidad de los países cercanos. Diferentes trópicos, diferentes climas, diferentes acentos y gastronomía, diferentes economías, diferentes necesidades sentidas en subregiones o también llamadas provincias son fundamentales atender para llegar a una equidad social.

El panorama nacional está lejos de cruzar ese umbral, que todos buscan y comparan, desde lo que más les convenga, a los que están en el capitolio nacional. Esa Colombia distante y distinta se escucha todos los días, en la radio y en los canales de televisión, al ver los noticieros.   

Sigue leyendo

Columnistas

TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

Publicado

en

Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

Sigue leyendo

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter


Lo más Leído

Copyright © 2023 Totus Noticias. Desarrollado por Totus Agencia Creativa