La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso decisivo en la investigación de las presuntas irregularidades cometidas por los policías en el caso del ciudadano estadounidense Alan Livingston, quien fue encontrado en un hotel de Medellín en compañía de dos niñas menores de edad. El ente de control informó que está llevando a cabo una exhaustiva indagación para determinar si hubo conductas disciplinariamente relevantes por parte de los agentes policiales que intervinieron en el cuestionado procedimiento.
La Procuraduría, a través de su equipo de la Dirección de Investigaciones Especiales (DNIE), ha recopilado documentación relevante y testimonios cruciales que ayudarán a esclarecer los eventos que rodearon la detención y posterior liberación del ciudadano estadounidense. Se busca entender por qué se permitió su liberación sin una adecuada judicialización, lo que facilitó su fuga.
«La entidad busca esclarecer las razones por las cuales los policías retuvieron inicialmente al ciudadano estadounidense y posteriormente, fue dejado en libertad sin la debida judicialización. El equipo de investigadores de la Procuraduría también estuvo en el lugar de los hechos, sector el Poblado, para recoger y analizar testimonios claves en este aparente caso de violencia sexual contra dos menores de edad», reza el documento oficial divulgado por PUBLIMETRO.
La Procuraduría reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia de género y sexual en el país, especialmente en casos que involucran a niñas, adolescentes y mujeres. Dentro de estas acciones, destaca la iniciativa Promujeres, liderada por la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco. Recientemente, se inauguró el Centro de Atención Promujeres -CAP, un espacio destinado a brindar asesoría y orientación a mujeres víctimas de violencia basada en género, proporcionando información sobre rutas de apoyo y recursos legales disponibles.
Este escándalo revela la urgente necesidad de una revisión profunda de los protocolos policiales y la importancia de garantizar la protección y el bienestar de los menores en situaciones de vulnerabilidad.
