La decisión alegó que las mujeres podrán seguir alejadas de imposiciones históricas que han sufrido.

La Corte Constitucional resolvió la demanda que pretendía convertir el servicio militar obligatorio para las mujeres y así evitar la discriminación de género. Sin embargo, la Sala Plena decidió que se mantendrían las normas de la Ley 1861 de 2017 que rigen el servicio militar en Colombia.

“La mujer podrá prestar el servicio militar de manera voluntaria y será obligatorio cuando las circunstancias del país lo exijany el Gobierno nacional lo determine”, declaró la Corte Constitucional.

Adicionalmente, la Corte añadió que también aplicará para “los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil”, como ya estaba consagrado en el parágrafo 1° del artículo 4 de la Ley 1861 de 2017.

La demanda que se resolvió, presentaba como argumento que los artículos 13 y 43 de la Constitución se estaban contrariando y se basada en un estereotipos de género que, según esta, solo le daba a las mujeres la libertad de escoger o no si prestaba este servicio, mientras que para los hombres es obligatorio.

La Corte dijo además que “la prestación del servicio militar, por regla general, seguirá siendo voluntario para las mujeres, sin que por ello se vulnere el derecho a la igualdad o se consagre un estereotipo de género”.(Le puede interesar:Tumban norma que permitía volver municipios territorios indígenas sin consulta).También, el alto tribunal asegura que los lineamientos ya establecidos permiten a las mujeres alejarse de los escenarios a los que han sido sometidas, ya que “les permite tener herramientas efectivas y aptas para poder avanzar en la realización de sus derechos civiles y sociales y lograr la satisfacción de su derecho a una vida libre de violencia”. De igual manera, añadió en su respuesta que la decisión está relacionada con el cumplimiento “a la igualdad sustancial tomada una vida libre violencia, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio, exige que cualquier cambio que se vaya a adoptar por una autoridad pública se haga en términos acordes con el principio de progresividad y el mandato de la no regresividad”.

El magistrado José Antonio Lizarazo Ocampo se pronunció sobre la decisión afirmando que la demanda no precisó “con el suficiente rigor la satisfacción de la carga argumentativa mínima que se exige de los demandantes cuando la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de una norma materialmente análoga”.

Además, los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes argumentaron que la voluntariedad no acogería a los hombres, puesto que se justifica en el propósito de cumplir los fines esenciales del Estado y de realizar los deberes ciudadanos que se consagran en los numerales 3° y 6° del artículo 95 de la Constitución, sin perjuicio de que pueda llegar a adoptarse una solución distinta, desde el ámbito legal, al amparo de lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 216 de la Constitución y de la jurisprudencia, como explica la revista Ámbito Jurídico.

Fuente: El Tiempo.

El secretario de Gobierno de Santa Marta reveló detalles sobre quienes serían los responsables del incendio. Las autoridades ya adelantan investigaciones para dar con el paradero de los responsables.

José Humberto Torres, secretario de Gobierno de Santa Marta, en etrevista con Blu Radio, reveló detalles del nuevo caso de maltrato animal que se registro en Santa Marta y en el que fallecieron alrededor de 20 gatos recién nacidos que habitaban en la llamada casa de los gatos, ubicada en el polideportivo de la ciudad, que fue consumida por las llamas.

Torres declaró que dos personas que se transportaban en moto habrían provocado el incendio en el refugio de gatos. De acuerdo con la información suministrada por testigos, los presuntos responsables rondaron por las zonas antes de cometer el crimen. Asimismo, el secretario comentó que, según indicó una de las cuidadoras de los animales, allí vivían entre 25 y 30 gatos, de los cuales cuatro murieron incinerados y 15 están siendo asistidos por servicios de veterinaria. El resto de los felinos están desaparecidos.

Sin embargo, la Veeduría de Protección Animal y el abogado animalista Lorenzo Bonilla aseguraron son mucho más felinos, al menos 50, los que se encontraban en el lugar, al momento de la conflagración. Al mismo medio citado, Bonilla aseguró que la Alcaldía está ocultando información sobre la difícil situación de los animales abandonados en la ciudad, para no asumir su responsabilidad en esta problemática.

“Lo que están tratando es de apaciguar las cosas, de no mostrar la realidad de lo que viene pasando. En la casa donde ocurrieron los hechos, era donde se refugiaban gatos de días de nacidos, obviamente al prender fuego, eso se va a desintegrar y no queda nada”, precisó el abogado.

En agosto de 2021 se registró otro ataque hacia los gatos que habitan en el polideportivo, donde resultaron afectados alrededor de 100 gatos por envenenamiento. “El año pasado hubo un envenenamiento masivo de gatitos y esto es el resultado de una política pública fallida, esto no debería existir, estos envenenamientos, no debería existir tanta sobrepoblación animal”, manifestó, Adriana Pabón, veedora de la defensa de animales, en ese entonces.

Denuncia ante la Fiscalía

El personero distrital, Edwar Orozco Oñate, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el incendio al refugio de gatos, en la que se alega el delito contra la vida, la integridad física y emocional de los animales.

Orozco pidió a las autoridades investigar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y se sancionen a aquellas personas que atentaron contra la vida de los gatos. “Desde la Personería continuamos comprometidos con la protección de los derechos y la integridad de los animales”, aseguró el funcionario.

También se conoció que la Alcaldía de Santa Marta está ofreciendo una recompensa para dar con el paradero de los autores del crimen.

“Nosotros estamos ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de pesos para las personas que den información por la que se pueda dar con el responsable o responsables de esta barbaridad. Estamos solicitando las cámaras del sector para identificar quién lo hizo”, informó Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta.

De acuerdo con el artículo 339A, este tipo de actos son tipificados como un delito que da cárcel. Quien atente contra la vida e integridad de los animales, puede recibir una condena de 12 a 36 meses. Respecto a esto, la comandante de la Policía de Santa Marta, Adriana Paz, aseguró que rechazan rotundamente estos actos y piden la colaboración a la ciudadanía para la búsqueda y captura de los responsables.

Fuente: El Espectador