El progresismo, el centro e incluso sectores del Comité del Paro le solicitaron al Gobierno dejar entrar a la CIDH; el presidente respondió enviando a su ‘vice’ y nueva canciller a EE.UU.
Luego de que el pasado 14 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Colombia un ingreso al país para observar en terreno la situación de los derechos humanos durante el paro nacional, varios congresistas de oposición se unieron a dicha solicitud y le pidieron al presidente Iván Duque que reciba a la comisión en el país.
“Confiamos en el compromiso de salvaguarda de los más altos estándares de derechos humanos por parte del Estado, espera la respuesta de esta solicitud a la mayor brevedad posible”, aseguró la CIDH.
Frente a la solicitud, el primer mandatario envió a la vicepresidenta y ahora canciller colombiana Marta Lucía Ramírez a Washington, la capital estadounidense para entablar diálogos con la comisión y discutir los temas de derechos humanos en Colombia.
Tal parece que la decisión no cayó bien en varios sectores de oposición, por su parte, el congresista de Colombia Humana, David Racero cuestionó la llegada de Ramírez al Ministerio de Relaciones Exteriores y cuestionó la renuencia del Gobierno en la entrada de la CIDH.“Le preguntamos al presidente Duque por qué no ha dejado la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que haga un visita a Colombia por los hechos que se han presentado hace más de 20 días. El presidente Duque ha guardado silencio y desde el Congreso le pedimos una explicación al Gobierno Nacional; ¿acaso no es este el Gobierno que ha garantizado los Derechos humanos?, cuál es el temo que la CIDH venga a Colombia a hacer lo que le corresponde”, expresó el representante a la Cámara.
Racero también expresó su opinión sobre la gestión del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien ha sido cuestionado desde que inició el paro nacional y los abusos policiales y constantes hechos de violencia en el país.
Por su parte, la también congresista Angela Robledo y una de las principales opositoras al gobierno de Iván Duque aseguró que en su paso por la Cancillería, Marta Ramírez debe otorgar permisos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar la difícil situación que enfrenta Colombia desde que inició el paro.
Otro de los cuestionamientos en materia de derechos humanos que ha recibido el primer mandatario llegó desde uno de los principales sectores que organizan el paro, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El presidente de ese gremio obrero, Francisco Maltés, dijo que “la presencia de la CIDH sirve para garantizar el cumplimiento de los protocolos en medio de las manifestaciones, así como acompañar las denuncias contra la fuerza pública por abuso de autoridad contra los manifestantes”.
Del Partido Verde habló Katherine Miranda, representante a la Cámara, quien aseguró que el arribo de la vicepresidencia al Ministerio en mención es “predecible debido a la experiencia que tiene la doctora Marta Lucía Ramírez en política exterior”. Sin embargo, dice Miranda, la asignación a esta funcionaria repercutirá en la percepción internacional que se tiene sobre el país.“Poner a la vicepresidenta de Colombia de canciller, va a ahondar muchísimo más la pésima imagen que tiene Colombia en el exterior frente a las graves violaciones de derechos humanos que estamos viviendo en el marco de la protesta y frente a la poca, o más bien nula, implementación de los acuerdos de paz (con las FARC) y cómo están vistos estos acuerdos en el exterior”, aseveró la parlamentaria.
Recordemos que la CIDH, que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) informó que durante su monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en el país, ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales.
“La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas. De igual manera, recibió información sobre agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado”, precisan.
Tomado de: Infobae.com
