En el primer semestre del año, se registraron en Colombia 52 masacres, 46 homicidios de derechos humanos y 48 casos de reclutamiento de menores. Y es que, aunque se evidencia una disminución del 19 % en homicidios, se dio un aumento del 11 % en masacres.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, está preocupada por el tema en los territorios en donde el Estado colombiano tienen que focalizar su atención. Así lo manifestó Juliette de Rivero, representante de este organismo en nuestro país, “la preocupación más grande que tienen las comunidades y la tenemos nosotros es el reclutamiento infantil”.
En cuanto a las masacres los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
La expansión territorial de los grupos armados se concentra en Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare lo cual viene acompañado de homicidios, amenazas, reclutamiento, carnetización de la población, entre otras vulneraciones de derechos humanos.
“Eso nos dice que la situación en territorio aún es precaria y que el Estado tiene que llegar de manera articulada en el territorio. Muchas de las autoridades locales no pueden solas con la situación humanitaria y es prioritario proteger la vida”, afirmó la representante de la ONU.
Los candidatos y líderes políticos no se han quedado fuera de estas estadísticas, pues se han registrado 18 homicidios y una desaparición forzada en Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.
Estas son las principales preocupaciones de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
Alto número de casos de reclutamiento infantil por parte de los actores armados y organizaciones criminales.
La expansión territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
Incremento de acciones de control social con un impacto negativo en la situación de derechos humanos de la población civil e imposición de reglamentos de conducta por parte de los grupos armados para controlar la vida social, económica y política de las comunidades, organizaciones sociales y étnico territoriales.
Implementación por parte de los grupos armados no estatales de estrategias agresivas para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil, cooptar sus espacios y/o suplantar los mismos.
Limitaciones derivadas del control y la violencia ejercidos por grupos armados para que las comunidades, especialmente las rurales y alejadas de los cascos urbanos, puedan informar sobre su situación y expresar sus necesidades.
Restricciones a la libertad de expresión de personas defensoras de derechos humanos, lideres, lideresas y comunidades en los territorios, que crea además una situación de riesgo para el ejercicio de derechos civiles y políticos en el futuro contexto electoral.
Dinámicas de trata con fines de explotación sexual, así como violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales.
Por eso la entidad le recomienda al Estado controlar a estos grupos armados y solicitarles el respeto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Además de desplegar la presencia integral del Estado en puntos estratégicos del país para recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales.
Fortalecer la participación de las mujeres y sus organizaciones en la construcción de la paz, adoptar e implementar la política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales.
Instalar la Mesa Nacional de Garantías como el espacio de participación central entre el Gobierno y la sociedad civil en temas de garantías. Concluir y adoptar este año la política de prevención de la violencia y la política nacional de garantías para personas defensoras.
Considerar el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los Derechos Humanos como el eje central de las negociaciones con los grupos armados y organizaciones criminales.
Incluir el cese de acciones victimizantes hacia la población civil, y en particular el reclutamiento infantil y la protección de la niñez, en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales como un punto central de las negociaciones.
Fuente consultada: Colombia.com
