La ciudad de Medellín enfrenta un desafío significativo en el regreso a clases, ya que las irregularidades encontradas en la infraestructura educativa generan preocupaciones en la comunidad. A pesar de la aprobación de recursos considerables, ninguna de las 411 sedes proyectadas ha sido intervenida satisfactoriamente, y 40 instituciones se encuentran en un estado crítico.
La administración anterior dejó a las instituciones educativas públicas en condiciones preocupantes, a pesar de contar con los recursos aprobados. En agosto de 2022, el Concejo aprobó $319.000 millones de vigencias futuras destinados a la intervención de 411 establecimientos educativos. Sin embargo, el actual panorama revela que ninguna sede ha experimentado mejoras sustanciales.
«Infortunadamente, por mala planeación y clientelismo, no se han aprovechado esas vigencias futuras que el Concejo de Medellín entregó como un voto de confianza a la administración anterior para resolver los problemas de infraestructura», expresó el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño Aristizábal.
De las 223 sedes programadas para intervención en 2023, 121 presentan retrasos en las obras, 40 están en riesgo de iniciar el año escolar, 24 tienen procesos contractuales pendientes, y cinco están suspendidas por falta de materiales y suministros. Además, 16 están en un limbo contractual por adiciones no culminadas el año pasado, dos no fueron contratadas, 46 avanzan según lo programado y nueve concluyeron actividades en obra, pero no cuentan con recibo formal a satisfacción por parte de la Secretaría de Educación.
Para la vigencia 2024, se priorizaron 175 establecimientos educativos, pero a la fecha, 160 no cuentan con el diagnóstico ni el presupuesto proporcionado por la EDU en la administración anterior. «Se evidencia la falta de rigor técnico por parte de los supervisores y de la interventoría. No podemos entregar ninguna institución educativa a la fecha», precisó la gerente de la EDU, Luz Ángela González Gómez.
La Alcaldía de Medellín se compromete a garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas y mejoradas para todos los niños, niñas y adolescentes. Se implementarán planes de contingencia en las instituciones educativas que no pueden ofrecer el servicio de manera óptima debido a estas condiciones.
Aunque la situación es retadora, la administración actual busca superar estos obstáculos para asegurar un entorno educativo adecuado y seguro para los estudiantes.
