Antioquia
Más de 46.500 aprehensiones entre licor falsificado y aperitivos y cigarrillos de contrabando se realizaron en los últimos días en Medellín
La Gobernación de Antioquia en su compromiso de intensificar los controles para combatir la ilegalidad y proteger la salud y las finanzas de los antioqueños, logró la aprehensión de 45.472 cajetillas de cigarrillos y 317 aperitivos que no registran pago de impuesto al consumo; además, de 1.114 unidades de licor falsificadas. Esto se da como resultado de procedimientos realizados en Medellín por parte del grupo de operativos, liderado por la Subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Policía Fiscal y Aduanera.
Uno de las operaciones se llevó a cabo en una bodega, ubicada en el occidente de la ciudad, generando el cierre por 30 días del lugar y la captura de una persona por parte de la Policía Fiscal y Aduanera. Otra de las acciones fue realizada en una vía pública del centro de Medellín, donde se encontraron 43.460 cajetillas de cigarrillo aprehendidas, las cuales eran transportadas en un vehículo por dos personas. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá realizó las respectivas capturas y el decomiso del automotor.
“Es muy importante estos resultados que estamos obteniendo porque, de esta forma, estamos fortaleciendo las rentas del departamento que son invertidas en cultura, educación y salud. Buscamos que las personas que comercializan cigarrillos y licores paguen los impuestos correspondientes”, señaló el director Operativo de la Subsecretaría de Ingreso, Óscar Usme Ochoa.
El grupo de operativos de la Subsecretaría de Ingresos no ahorrará esfuerzos en su función de inspección, vigilancia y control a establecimientos públicos que comercialicen licores, cigarrillos y tabaco.
En esta lucha contra la ilegalidad, el papel de los ciudadanos es fundamental, por eso el llamado es para que nos ayuden a través de dos vías:
- Ingresando al enlace https://antioquia.gov.co/anticontrabando-secretaria-hacienda para identificar, a través el código de la estampilla, si un licor es legal.
- Denunciando, de manera anónima, un establecimiento que tenga y comercialice licor y cigarrillos ilegales a través del correo electrónico gestiondocumental@antioquia.gov.co o llamando a la línea telefónica 604-3837363.
Gracias a la información ciudadana, en 2022 fueron aprehendidas 285 mil unidades entre licor, aperitivos y cigarrillos ilegales.
Han pasado apenas unos días de la escalofriante muerte de una mujer de 40 años en Medellín a manos de su antigua pareja sentimental que le lanzó un letal químico que le produjo la muerte después de combatir y mantenerse aferrada a la vida en una clínica de la zona metropolitana del Valle de Aburrá.
Maryori Muñoz, la administradora de una clínica de estética en un centro comercial de Sabaneta en Antioquia, fue la víctima de Luis Carlos Aguirre Echeverry de 68 años, quien la acosaba permanentemente desde que ella había decidido terminar su relación sentimental, un lapso en el que hubo malos tratos por parte de él.
Aguirre Echeverry murió luego de lanzar la sustancia tóxica contra Maryori Muñoz, pero contrario a lo que muchos creen y han informado, la familia de la mujer de 40 años y madre de una adolescente y un niño, cree que el agresor no se suicidó, sino que de manera accidental terminó con la sustancia letal en su cuerpo.
El hermano de Maryori Muñoz, Frank Muñoz, dijo en entrevista a Noticias Caracol que por lo que encontraron en el apartamento de Luis Carlos Aguirre, este tuvo tiempo de planear y asesorarse bien sobre la manera en la que acabaría con la vida de su expareja.
Demandarán al Estado
Muñoz dice que su hermana sí se presentó a denunciar a Aguirre en varias oportunidades y que también lo hizo para recibir la notificación de protección que le había sido asignada, contrario a lo que dice el Gobierno del municipio de Sabaneta y un fiscal que aseguró que la mujer no se hizo presente.
De acuerdo con las declaraciones de la familia de Maryori, ella ya contaba con protección ante el acoso y agresiones de Aguirre, por lo que la protección asignada no apareció por ningún lado, y por tal razón demandarán al Estado, garante de su seguridad por orden de la justicia.
El rastreo a las cámaras de seguridad y testigos de la escena en la que Aguirre atacó con sustancia letal a Maryori determinaron que el hombre ingresó inmediatamente después del ataque a un baño, luego descendió por el ascensor y murió en uno de los pisos de la edificación comercial.
Fue precisamente la entrada al baño el hecho que parece demostrar que Aguirre nunca quiso suicidarse, sino que posiblemente el viento empujo parte de la sustancia tóxica hacia él y por eso fue desesperado a un baño buscando liberarse del polvo mortal con agua salida de un grifo.
Fuente: Colombia.com
Fidel León Cadavid Marín, obispo de Sonsón-Rionegro, deberá cumplir con la medida por negarse a cumplir una orden judicial que tenía en su contra.
Fidel León Cadavid Marín, obispo de la Arquidiócesis Sonsón-Rionegro (Antioquia), deberá cumplir un arresto domiciliario por negarse a cumplir una orden judicial. Este viernes el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro publicó la decisión en contra del religioso quien, además, deberá pagar una multa económica.
“Imponer sanción de arresto domiciliario por dos días y una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes en disfavor del señor Fidel León Cadavid Marín, representante legal de la diócesis de Sonsón Rionegro”, señaló el tribunal en su orden de desacato.
La sanción en contra del religioso tiene que ver con su posible responsabilidad al no entregar información a un periodista que había logrado acceder a ella por medio de la justicia.
El pasado 11 de marzo de 2022 la justicia falló en favor del periodista Juan Pablo Barrientos –investigador de casos de pederastia al interior de la iglesia Católica– para que accediera a información que debía ser entregada y gestionada por el obispo Cadavid.
De acuerdo con el fallo de tutela, el obispo tenía un plazo de dos meses para entregar las respuestas al derecho de petición que había radicado el periodista. La solución al cuestionario nunca llegó.
“Ante el presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por la Judicatura, el accionante envió correo electrónico el día 09 de agosto de 2022, mediante el cual solicitó la apertura del incidente de desacato en contra de los responsables de cumplir las mencionadas decisiones”, recordó el tribunal.
La Diócesis se negó a responder el derecho y apeló en primera instancia. Luego, entregó un informe y alegó que no podía suministrar más información porque no estaba en su poder.
Ahora el obispo y la Diócesis deberán responder, por orden del tribunal, al periodista en los tiempo que se le ordene.
Fuente: Pulzo
