Por: Guillermo Mejía Mejía
Cuando los estudiantes de derecho nos adentramos en los vericuetos del derecho procesal que debemos aplicar tanto jueces como abogados en las causas de cualquier naturaleza, los profesores nos recomiendan la lectura de los más distinguidos juristas en esa materia a nivel mundial, como los italianos Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei, Giuseppi Chiovenda y el uruguayo Eduardo Juan Couture Etcheverry.
De estos mencionados, creo que Carnelutti es el más conocido y seguido por los procesalistas porque su obra desnuda la verdad de los procesos judiciales y administrativos, repletos de formalismos y de garantías a favor de reos, deudores y trabajadores. ¡Eso es una buena cosa, no faltaba más!, pero vale la pena leer “Las miserias del proceso penal” de este autor para que veamos cómo se administra justicia.
Pero esas garantías procesales, que a no dudarlo son avances de la civilización y del derecho, nos llevan, la mayoría de las veces, a que los jueces y los abogados litigantes construyan una verdad procesal que, en muchas oportunidades, con mucha frecuencia, se distancia de la verdad verdadera o de la verdad material. Lo que no está en el proceso no está en el mundo, que está expresado en un latinajo que viene desde el derecho canónico: “quod non est in actis, no dicatur ese in mundo”. Y hay otro principio procesal que la mayoría de las legislaciones del mundo la han incorporado en sus códigos y es la prohibición que tienen los jueces de agregar en sus sentencias el conocimiento privado que ellos tengan de los hechos.
Carnelutti precisamente es el autor que se ha encargado en Europa e Iberoamérica de difundir esa dicotomía que existe entre la verdad verdadera, o real o material como también se le dice, y la verdad procesal, que muchas veces deja perpleja a la sociedad frente a decisiones judiciales que a todo el mundo le parecen inconcebibles o como se decía antes en las audiencias penales ante jurados de conciencia cuando abogados, de una elocuencia proverbial, convencían a los jurados, que no eran abogados, para dictar fallos que los jueces luego tenían que declarar contrarios a la evidencia de los hechos.
Eso es lo que pasa en la Universidad de Medellín, U de M. Desde el punto de vista de la verdad verdadera, la U de M se ha convertido en uno de los centros de poder político más importantes del departamento de Antioquia y del país pues desde allí se han elegido senadores, representantes, diputados y concejales. La presidenta de la Consiliatura, Aura Marleny Arcila, por ejemplo, era a la vez concejal de Medellín, por voto popular, una verdad procesal, pero la verdad verdadera es que utilizó todo el poder político y económico de este claustro para hacerse elegir.
La selección que hizo la Universidad de Medellín, contratada por el municipio, para, mediante concurso, diseñado como a la medida de un sastre, escoger al gerente del Hospital General de Medellín, el favorecido por sus conocimientos académicos con un puntaje extraordinario del 99.8%, fue el doctor Jesús Eugenio Bustamante, quien luego de semejante logro fue destituido por la Procuraduría General de la Nación. Desde el punto de vista procesal, la U de M, escogió bien al mencionado ciudadano pues ahí reposan en sus archivos los documentos que así lo acreditan. Para la escogencia de otros gerentes de hospitales, donde también estuvo involucrada la Universidad, también son verdades procesales, a no dudarlo, y hay que respetarlas, pero la verdad material es muy distinta. La vox pópuli sabe que esos procesos no fueron objetivos.
Ese engendro de los 100 delegados que se apoderaron del control de la Universidad de Medellín, mediante el mecanismo truculento de poderes vitalicios, que no existen en nuestro ordenamiento jurídico, ha hecho posible que este centro de educación superior, sometido a la vigilancia del Ministerio de Educación, sea hoy en día, un foco de intrigas, peleas y bajezas de todo tipo. No es sino escuchar las grabaciones que existen de los asambleístas que luchan por obtener las mayorías en la Consiliatura para apoderarse de la rectoría.
Soy graduado de la U de M desde el año 1.978 y a mí nadie me pidió poder para representarme en la asamblea de egresados, pero la decisión de 100 señores, me impide ejercer mi derecho, como dicen los estatutos de los fundadores, a ejercer el voto para la escogencia de las directivas de la Universidad.
Un principio universal de la doctrina del derecho es que un contrato o acuerdo entre varias personas, no puede afectar a un tercero que no ha sido parte en el mismo, expresado en otro latinajo: res inter alios acta.
El Ministerio de Educación Nacional está en mora de acabar, de un tajo, la sinvergüenzada de los famosos 100 poderes ilegales que nos excluyeron a la mayoría de los egresados de la Universidad de Medellín, a viejos como yo y a los jóvenes recién egresados, para decidir la suerte de este claustro de 73 años, convertido en un botín de unos pocos.
P.D. En un informe del periódico El Colombiano se dice que la U de M tiene 40 vacas que pastan en una finca propiedad del claustro en la zona de Llano Grande. Seguramente esos semovientes constituyen material didáctico para los programas de zootecnia y veterinaria que ofrece la Universidad. Es muy probable que existan documentos que justifican semejante compra, una verdad procesal, pero no una verdad material.
