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LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES

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Por: José Gregorio Hernández Galindo

Según histórica frase de Lord John Dalberg Acton (1834-1902), el poder corrompe y “el poder absoluto corrompe absolutamente”. Agregaba el brillante escritor que, dentro de un concepto de libertad, no puede haber autoridad absoluta; que ella, por esencia, debe ser delimitada, por cuanto el poder del gobernante solamente es legítimo si está efectivamente sometido a límites y reglas. Lo que también sostuvo John Locke (1632-1704), diciendo que donde termina la ley, que impone límites al poder, empieza la tiranía. Y lo reafirmó el barón de Montesquieu (1689-1755) cuando propuso el equilibrio armónico de los poderes, mediante su separación. Para evitar que quien tiene poder abuse de él, es preciso -escribió- que “el poder detenga al poder”.   

Hoy, sobre la base de esas reflexiones, hablamos de democracia y de Estado de Derecho, y de un solo poder público -el del Estado-, que las constituciones distribuyen en ramas y órganos, con funciones separadas e independientes; con límites, frenos y contrapesos, cuyo objeto consiste en impedir la concentración y, por tanto, la arbitrariedad y el abuso. 

La Constitución colombiana lo expresa con suficiente claridad. “Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines” (Art. 113). “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley” (Art. 121). 

Infortunadamente -la tendencia es antigua-, quienes ejercen el poder, en distintos países, suelen olvidar estas reglas básicas del sistema democrático y buscan exceder sus propias y específicas facultades, acudiendo a supuestas interpretaciones de las normas en vigor, y convierten a la Constitución en una simple “hoja de papel”, de lo cual se quejaba Ferdinand Lasalle (1825-1864) durante inolvidable conferencia pronunciada en Berlín dos años antes de su muerte.  

Lo acabamos de ver en Perú, en donde el presidente Pedro Castillo decidió clausurar el Congreso y asumir, sin respetar los límites constitucionales, todas las funciones. A lo cual respondió el Congreso mediante un acto político y procedió a la inmediata destitución, a la posesión de su reemplazo, también por fuera del ordenamiento y sin proceso alguno. 

Ahora bien, aunque la moderna doctrina constitucional sostiene que el principio de separación funcional no se concibe hoy como absoluto, ello no significa que haya desaparecido. Como lo ha expuesto la Corte Constitucional colombiana, “la separación de poderes es (…) uno de los rasgos que mejor define el régimen constitucional propio de la democracia liberal.  El tránsito hacia ese modelo responde necesariamente a la pretensión de limitar el poder político y, con ello, evitar la arbitrariedad y el desconocimiento de los derechos” (Sentencia C-253/17) 

Respetar esos linderos resulta indispensable para sostener el sistema democrático y el equilibrio institucional. Por eso, cada paso que se da en el interior de las distintas ramas y órganos del poder público debe estar precedido por la observancia de las reglas vigentes, con el fin de ceñirse a ellas y evitar rupturas que van horadando la estructura del Estado de Derecho. 

Por importantes que sean los objetivos que se persiguen en casos concretos, ello no legitima los desbordamientos. De allí que el concepto concordante -la colaboración armónica- sea también esencial. 

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TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

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Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

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LA TOMA HOSTIL E HIDROITUANGO

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Por: Julio Enrique González Villa

Quintero Calle es el gran enemigo de Hidroituango y de EPM. Recuerdo el que le haya arrojado un queso en la cara a nuestra empresa insigne en plena campaña electoral:

“En 2018, Quintero Calle le arrojó un queso al Gerente de EPM (en ese entonces Jorge Londoño de la Cuesta) en plena reunión con el concejo municipal, cuando la crisis de la contingencia de Hidroituango estaba en desarrollo. Dio a entender que algo olía mal -como un queso corrupto- en la construcción de la represa. En consecuencia, sobre estos hechos ruidosos y mediáticos, Quintero se hizo candidato a la alcaldía de Medellín en el 2019.” https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/los-quesos-del-alcalde-quintero

El 7 de septiembre del 2018 Quintero Calle espetó en su cuenta de Twitter:

“Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia de Medellín y Antioquia. Es necesario encontrar el punto en el que desviamos el camino, corregir, levantarnos de nuevo y salir adelante.”

Quintero Calle acusó a los contratistas de Hidroituango de corruptos, por lo que estos se vieron obligados a radicar las denuncias correspondientes. https://www.elespectador.com/economia/constructores-de-hidroituango-denunciaron-ante-la-fiscalia-al-alcalde-quintero/

Hoy Hidroituango no es un proyecto, es una realidad. De ocho (8) turbinas de generación de energía hidroeléctrica, están ya en pleno funcionamiento (3 de febrero del 2023) dos (2), ofertando energía para todo el país y recibiendo casi un millón de dólares diarios por la venta efectiva de esa energía.

EPM ha demostrado que el proyecto Hidroituango no sólo era viable, sino que no hubo corrupción, pues pagaron las aseguradoras todo el siniestro y la Contraloría General de la República terminó el proceso que hubo adelantado.

La ingeniería antioqueña (EPM, Coninsa, Conconcreto, Sedic, Integral) ha salido avante y queda consignado que hubo un siniestro que aglutinó a Antioquia en una sola intención.

Antioquia sólo tiene dos opciones serias, grandes, de generación de riqueza: la minería de su oro y la generación hidroeléctrica. Antioquia no puede renunciar a ellos porque sería renunciar a su propia naturaleza, a su propia historia, a su sustancia.

La generación de energía hidroeléctrica usando su río, el Cauca, que la atraviesa de sur a norte por toda su mitad, es un imperativo. Si se logró atravesar y contener el río Cauca con su caudal promedio de 1.000 o 1.500 metros cúbicos por segundo en Hidroituango, hay que hacer otras dos presas que complementen ese desarrollo energético: una, aguas arriba y otra, aguas abajo del proyecto. No sólo hay que abastecer al país de la energía que requiere sino exportar energía. La energía es la fuerza que hace desarrollo.

Después de la visita física que hicimos a las profundidades del proyecto, de constatar el avance de la instalación de las otras dos turbinas (3 y 4), de verificar el compromiso del personal de EPM liderado por el ingeniero William Giraldo y de todos aquellos que llevan 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 años en EPM dando lo mejor de sí, a pesar de este infantil, irresponsable, malintencionado alcalde de Medellín (Quintero Calle) y el séquito que embutió en la cúpula administrativa de EPM cambiando a todos los vicepresidentes y trayéndonos un bogotano que ni sabía donde queda Maturín ni Amador, no queda sino sentirnos orgullosos de nuestras Empresas Públicas de Medellín y seguir luchando contra esta Toma Hostil de nuestra ciudad.

Julio González Villa

Concejal de Medellín

Profesor Universitario

Abogado

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