Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal
Ni el desbarajustado gobierno ni la tambaleante justicia, ni mucho menos el país, pueden soportar un prolongado enfrentamiento entre el presidente Petro y la Procuradora Margarita Cabello, como el que se está viviendo por estos días cuando el presidente de la república se niega, con expuestas razones, a decretar la suspensión temporal en el cargo del alcalde del Distrito de Riohacha como determina el orden jurídico.
Para el presidente los funcionarios elegidos por voto popular no pueden ser ni destituidos ni suspendidos por la Procuraduría sino por una autoridad judicial. Su argumento se basa en que así lo determinó la Corte Interamericana en su caso cuando era alcalde de Bogotá y el Procurador Ordoñez lo suspendió. Parecen olvidar el uno y la otra que dicho fallo fue reinterpretado por la Corte Constitucional y que cuando la ley reformó la Procuraduría no lo hicieron vigente en ella.
En tal condición y ante el silencio de la Corte Constitucional, que sería la llamada a hablar en este caso, la Procuradora Cabello podría pensar en presentar ante el Consejo de Estado o una Acción de cumplimiento al presidente o hasta atrevidamente entutelarlo para que cumpla el debido proceso.
Es decir, se debe buscar que un juez dirima la situación y no prolongar un estado de cosas que le hacen daño a la nación y a sus estructuras de poder constitucionalmente fijadas.
Tal vez los dos tengan razón porque el presidente se basa en el beneficio de su experiencia y la doctora Cabello en el conocimiento de la reinterpretación del fallo de la Corte de Washington, que tal vez el presidente no conozca o no haya asimilado en toda su magnitud.
Por supuesto el que mañana se titule que la Procuradora entuteló al Presidente ante el Consejo de Estado haría soplar más vientos huracanados antes del chaparrón que el fallo produzca. Ojalá que Petro y el país resistan entonces.
