A la fecha 2.111 personas se encuentran privadas de la libertad en Estaciones de Policía, URI y salas de paso.
1.579 personas está detenidas preventivamente y 247 extranjeros están en los centros de detención transitoria, a la espera de documentos exigidos por el Inpec, para su traslado a una cárcel.
La Personería Distrital de Medellín recomienda al Gobierno Nacional, la reformulación de la Política Criminal, como estrategia para atender y disminuir los altos índices de hacinamiento en centros de detención transitoria y cárceles del país. Es importante entender que la manera como el Estado Colombiano está haciéndole frente a conductas consideradas reprochables y causantes de perjuicio social, solo ha generado la violación sistemática de derechos humanos ante la incapacidad de sostener los altos índices de criminalidad. El aumento de penas y las prohibiciones a beneficios administrativos y judiciales, son algunas de las causas que representan este hacinamiento.
Sin embargo, la crisis humanitaria permanece latente. Con corte al 6 de febrero del presente año, 2.111 personas se encuentran privadas de la libertad en Estaciones de Policía, URI y salas de paso en Medellín. De ellas, 1.579 se presumen inocentes y si bien se encuentran privadas de la libertad preventivamente, padecen las consecuencias de que la ciudad de Medellín no cuente con una cárcel en los términos ordenados por Ley 65 de 1993.
A la par, la situación empeora para 504 personas condenadas, que en la actualidad, cumplen su pena de prisión en condiciones ajenas a las propuestas por el Sistema Penitenciario y Carcelario. Así mismo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – está desbordado en su capacidad operativa, mientras que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios está en mora de implementar acciones inmediatas para atender los problemas de infraestructura, salud y alimentación que se presentan en las cárceles generando el detrimento en la dignificación de la privación de la libertad.
Adicional a lo anterior, 28 personas con orden judicial para privación de su libertad en el domicilio y 247 extranjeros en centros transitorios, continúan a la espera de que se surtan los trámites administrativos correspondientes. Además, mujeres embarazadas y población LGBTI requieren la implementación de una perspectiva de género que evite y prevenga la discriminación.
