El 31 de enero de este año, la Contraloría General de la Nación inició un proceso de vigilancia en la Alcaldía del municipio de Sopetrán, Antioquia, por presuntas irregularidades en los recaudos de las licencias urbanísticas que son aprobadas por la misma administración.
La diligencia comenzó luego de que un ciudadano presentara una denuncia sobre las posibles inconsistencias que se estaban presentando en dicha dependencia del pueblo. De acuerdo con los primeros resultados de la auditoría, el detrimento patrimonial existente superaría los 5.000 millones de pesos.
Para llegar al fondo del asunto, los funcionarios de la contraloría comenzaron a hacer una inspección exhaustiva en las instalaciones de la Secretaría de Planeación del municipio, analizando los permisos de construcción otorgados desde 2020, y encontraron un desbalance en las cuentas de entrega y liquidación.
En el proceso se realizó una muestra aleatoria sobre los documentos expedidos, verificando las normas urbanísticas generales y el cumplimiento de las leyes que permiten la radicación de las licencias para la construcción de inmuebles.
Cuando verificaron los pagos por expedición, liquidación, impuestos de delineación urbana, recaudo y destino de las cesiones urbanísticas, se encontraron bastantes inconsistencias que levantaron las sospechas de los analistas de que algo no andaba bien.
De acuerdo con los hallazgos, se presume que los funcionarios expidieron algunas licencias de construcción con sello sin verificar el respectivo pago de los impuestos por parte del titular del documento, evidenciando presunto tráfico de influencias y corrupción.
La Contraloría general de Antioquía informó a través de un comunicado que se habían encontrado dichas irregularidades. “Analizada la información recopilada, surtida la evaluación y trámites correspondientes a la acción de fiscalización, se generaron ocho hallazgos con presuntas incidencias fiscales y disciplinarias”, destacó.
En las auditorías también se encontró que la Secretaría de Planeación no estaba realizando un adecuado seguimiento a las cuentas por pagar, ni tampoco se calculaban eficientemente las obligaciones económicas para los titulares.
“La entidad no liquidó correctamente el impuesto de delineación urbana, generando una diferencia en el valor del pago realizado y el valor que se debió cobrar, según lo establecido en el estatuto tributario vigente para la fecha de expedición de las resoluciones”.
Al respecto, el contralor auxiliar de la auditoría delegada departamental, Juan Carlos Zapata, destacó que harán un proceso conjunto con la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía para garantizar la defensa integral del ciudadano y los recursos del Estado.
