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HABRIA SIDO MEJOR UNA AMNISTÍA

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Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

La lectura de la resolución 02 de la Sala de Reconocimiento de la JEP ,donde se emite concepto ante el Tribunal de la Justicia Especial para que impongan las penas a que de lugar,hace pensar que la Paz de La Habana si bien ha dado resultados, la dejaron envuelta en un papel de celofán que incita a verla ridícula y la convertirá en objeto de burlas y pedradas tanto de los amigos de esa paz santista, exclusiva y excluyente, como de sus enemigos uribistas o no. Si en vez de solicitar la sanción máxima de 8 años ,pero con atenuantes, para los 7 comandantes de las Farc por la bobadita de 21.300 secuestros que admitieron haber cometido, se hubiese decretado una amnistía general a todos los combatientes y el perdón y el olvido cobijaran el horror, la mala memoria o las disculpas, tal vez la paz hoy sería duradera de verdad y no un simulacro de justicia reparativa. Pero como copiaron el lenguaje y las formas de procesos similares en otros países de culturas y circunstancias muy distintas, para abonarlas a la historia de la infamia colombiana, se vienen con este fallo ridículo. En él a los secuestrados los llaman rehenes, como si ellos,civiles desarmados, hubiesen escogido ser combatientes de una guerra que los eufemismos no dejaron declarar. En él se da a escoger a los comandantes condenados las formas, sitio y restricciones para cumplir la pena máxima. En él se vislumbra claramente que no pagarán un solo día de cárcel lo que puede ser conveniente para finiquitar el proceso ,pero no va a servir de nada para que el país olvide la guerra de las Farc. Tampoco para que el perdón que todos, víctimas o no, hemos terminado dando siempre en la historia de este país después de cada guerra, se vuelva una realidad. En otras palabras, se ha acomodado a los moldes anglosajones de la culpa reconocida un perdón disfrazado de fallo judicial .Juzgarlo como inverosímil o como una burla a las víctimas, es muy fácil. Pero independiente del calificativo que le apliquemos ,nos remarcará siempre el error de no haber concedido una amnistía.

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TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

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Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

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LA TOMA HOSTIL E HIDROITUANGO

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Por: Julio Enrique González Villa

Quintero Calle es el gran enemigo de Hidroituango y de EPM. Recuerdo el que le haya arrojado un queso en la cara a nuestra empresa insigne en plena campaña electoral:

“En 2018, Quintero Calle le arrojó un queso al Gerente de EPM (en ese entonces Jorge Londoño de la Cuesta) en plena reunión con el concejo municipal, cuando la crisis de la contingencia de Hidroituango estaba en desarrollo. Dio a entender que algo olía mal -como un queso corrupto- en la construcción de la represa. En consecuencia, sobre estos hechos ruidosos y mediáticos, Quintero se hizo candidato a la alcaldía de Medellín en el 2019.” https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/los-quesos-del-alcalde-quintero

El 7 de septiembre del 2018 Quintero Calle espetó en su cuenta de Twitter:

“Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia de Medellín y Antioquia. Es necesario encontrar el punto en el que desviamos el camino, corregir, levantarnos de nuevo y salir adelante.”

Quintero Calle acusó a los contratistas de Hidroituango de corruptos, por lo que estos se vieron obligados a radicar las denuncias correspondientes. https://www.elespectador.com/economia/constructores-de-hidroituango-denunciaron-ante-la-fiscalia-al-alcalde-quintero/

Hoy Hidroituango no es un proyecto, es una realidad. De ocho (8) turbinas de generación de energía hidroeléctrica, están ya en pleno funcionamiento (3 de febrero del 2023) dos (2), ofertando energía para todo el país y recibiendo casi un millón de dólares diarios por la venta efectiva de esa energía.

EPM ha demostrado que el proyecto Hidroituango no sólo era viable, sino que no hubo corrupción, pues pagaron las aseguradoras todo el siniestro y la Contraloría General de la República terminó el proceso que hubo adelantado.

La ingeniería antioqueña (EPM, Coninsa, Conconcreto, Sedic, Integral) ha salido avante y queda consignado que hubo un siniestro que aglutinó a Antioquia en una sola intención.

Antioquia sólo tiene dos opciones serias, grandes, de generación de riqueza: la minería de su oro y la generación hidroeléctrica. Antioquia no puede renunciar a ellos porque sería renunciar a su propia naturaleza, a su propia historia, a su sustancia.

La generación de energía hidroeléctrica usando su río, el Cauca, que la atraviesa de sur a norte por toda su mitad, es un imperativo. Si se logró atravesar y contener el río Cauca con su caudal promedio de 1.000 o 1.500 metros cúbicos por segundo en Hidroituango, hay que hacer otras dos presas que complementen ese desarrollo energético: una, aguas arriba y otra, aguas abajo del proyecto. No sólo hay que abastecer al país de la energía que requiere sino exportar energía. La energía es la fuerza que hace desarrollo.

Después de la visita física que hicimos a las profundidades del proyecto, de constatar el avance de la instalación de las otras dos turbinas (3 y 4), de verificar el compromiso del personal de EPM liderado por el ingeniero William Giraldo y de todos aquellos que llevan 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 años en EPM dando lo mejor de sí, a pesar de este infantil, irresponsable, malintencionado alcalde de Medellín (Quintero Calle) y el séquito que embutió en la cúpula administrativa de EPM cambiando a todos los vicepresidentes y trayéndonos un bogotano que ni sabía donde queda Maturín ni Amador, no queda sino sentirnos orgullosos de nuestras Empresas Públicas de Medellín y seguir luchando contra esta Toma Hostil de nuestra ciudad.

Julio González Villa

Concejal de Medellín

Profesor Universitario

Abogado

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