El Gobierno de Colombia ha anunciado que buscará la aprobación de la reforma de salud directamente con los congresistas, saltándose las jerarquías de los partidos políticos. La estrategia se ha desarrollado después de que los jefes del Partido Liberal, el Partido de La U y el Partido Conservador se retiraran de la mesa de concertación, lo que sumado a los votos de Cambio Radical y el Centro Democrático, que podrían hundir la reforma, pondría fin a las mayorías del Gobierno en el Congreso.
Sin embargo, el Gobierno cree que puede encontrar aliados directamente en las bancadas de los partidos políticos, evitando la necesidad de negociar con las jerarquías de los partidos. El presidente Gustavo Petro y su ministra de Salud, Carolina Corcho, piensan que los líderes de los partidos no tienen control total sobre los votos de sus representantes, y que muchos de ellos estarían dispuestos a negociar directamente con el Gobierno.
La estrategia del Gobierno consistirá en entablar diálogos directos con las bancadas de los diferentes partidos, y algunos analistas ya han sugerido que esto puede presagiar un reparto de la llamada «mermelada», es decir, un intercambio de favores políticos. Sin embargo, el Gobierno insiste en que su objetivo es devolver el debate sobre las reformas a su escenario natural, que es el Congreso, y no los directorios políticos ni la opinión pública.
El presidente Petro y la ministra Corcho creen que ya han cedido lo suficiente en la concertación con los partidos Liberal, Conservador y de La U, y que el articulado se ha modificado y ha añadido un capítulo nuevo para incluir las inquietudes de los partidos. Sin embargo, los voceros de estas colectividades políticas sienten que el Gobierno no ha hecho ningún cambio de fondo y que el articulado no refleja el contenido de las discusiones en la mesa.
En particular, los jefes políticos acusan al Gobierno de no querer aceptar la figura de la coexistencia del aseguramiento privado, público y mixto. El Gobierno argumenta que la figura que están proponiendo no es un aseguramiento privado, sino una extraña combinación en la que el privado asegura pero el reasegurador real es el Estado, lo que siempre beneficia al privado. En su opinión, si se aplicaran los estándares financieros apropiados, ninguna de las actuales EPS tendría la solvencia para ser un asegurador real. Por tanto, el modelo actual es insostenible, y el Gobierno se niega a aceptar una solución que privatizaría las utilidades y socializaría las pérdidas.
En resumen, el Gobierno de Colombia está buscando aliados directamente en las bancadas de los partidos políticos para aprobar la reforma de salud, después de que los jefes políticos se retiraran de la mesa de concertación. Mientras algunos sugieren que esto podría conducir a un reparto de favores políticos, el Gobierno argumenta que está simplemente devolviendo el debate sobre las reformas a su escenario natural, que es el Congreso, y no los directorios políticos ni la opinión pública.
