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EL PAIS EN OTRAS MANOS

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Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

No voy a hablar del país que tenía hasta ayer un presidente que había hablado pestes contra las autopistas 4G ,por donde transitan las tractomulas con cargas y pasajeros, pero que desde que descubrió la magnitud dañina del bloqueo en la carretera de Popayán a Pasto predica que construirá en menos de 4 años la señora carretera que nunca le hicimos a los nariñenses. No. Voy a hablar de El País de Cali, que editaron por 73 años los Lloreda y de las consecuencias de su venta a los propietarios de la revista Semana, los Gillinsky. No voy a caer en el error chísmico de delatar la manera en que se hizo el negocio a través del sistema de usar a 14 ricos de Cali de payasos que ya habían consignado en una fiducia 8 mil millones de pesos para pisar la compraventa y terminaron facilitando que los Gillinsky pagaran una suma mayor. No. Voy es a resaltar el giro informativo, político y cívico que puede dar Cali y el Valle cuando el agonizante periódico de los conservadores Lloreda pasa a manos de los pragmáticos inversores de Semana. Y, por supuesto destacar lo que parece obvio, que el diario caleño se vuelva una publicación digital rentable y la tradicional edición impresa deje de ser importante, como pasó con Semana .Pero también, tengo que pensar en voz alta que el negocio tal vez pueda estar en el alto valor que la marca tiene frente a las ambiciones de los españoles de volver americano El País de Madrid .O, quizás, en la precursora mirada de Gillinsky de hacer camino para unificar sus fuerzas con el coloso español y desde esa plataforma crecer internacionalmente .Eso si, tienen un problema. En Cali no encontrarán una directora con las capacidades y garra de Vicky Dávila, salvo que revivan a José Pardo Llada, el mítico periodista colombo cubano que desde el diario rival de los Lloreda, Occidente, les dio cátedra de imaginación, valentía y atrevimiento para voltear la torta del poder en Cali. De no hallar alguien así, el porvenir de El País será el mismo de todos los diarios que los grandes millonarios compraron pero nunca han podido poner a flote.

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DISTANTE Y DISTINTA

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Por: Diego Calle Pérez.

Lejos está Bogotá de tener el metro, la polémica sigue por cuestiones de egos y de negocios ilícitos. Así jamás se podrá llegar a un acuerdo entre la nación y la alcaldía mayor, de la única metrópoli de Colombia. El caso de Medellín, ese metro, transformó, el metro urbano, en costos y en beneficios para unos pocos, que tuvieron a bien vender en su momento, los terrenos por dónde se planificaron las estaciones, dañando el centro de la ciudad. La deuda sigue aumentando y no se extiende para el norte con más estaciones.

Distante y distinta es la vida en el Amazonas. Los habitantes navegan al Putumayo para viajar a la capital más cercana. El sur de Colombia es distante a la capital metrópoli. Los que planifican desde Bogotá no saben de las penurias del Catatumbo. No saben nada del departamento del Chocó.  Los que asisten a la ministra de Agricultura tienen el concepto que Colanta es la promotora del desarrollo agrícola de Antioquia. Desde el Ministerio de Educación pareciera que manejan el desarrollo curricular con una información remota, diversa, diferente a la que tienen en la capital.

Distante y distinta es la vida de los municipios a la orilla del río Magdalena y del río Cauca, esté ahora, protagonista de hidroituango y más abajo los terrenos de la mojana de Córdoba y Sucre. Hay departamentos que no suenan, ni truenan, ni en el invierno inclemente. Las propuestas de ordenamiento territorial, se quedan pendientes cada que se toca el tema. La Colombia de Manuel Marulanda y Jacobo Arenas quedó en el olvido del tiempo y el espacio geográfico recorrido.

Todos son conocedores de la diversidad nacional. El porcentaje indígena es mínimo comparado con otros países latinoamericanos. Lejos está que Colombia tenga un censo poblacional real. Los departamentos fronterizos están recibiendo movilidad de los países cercanos. Diferentes trópicos, diferentes climas, diferentes acentos y gastronomía, diferentes economías, diferentes necesidades sentidas en subregiones o también llamadas provincias son fundamentales atender para llegar a una equidad social.

El panorama nacional está lejos de cruzar ese umbral, que todos buscan y comparan, desde lo que más les convenga, a los que están en el capitolio nacional. Esa Colombia distante y distinta se escucha todos los días, en la radio y en los canales de televisión, al ver los noticieros.   

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TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

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Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

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