La pelea de las concejalas Lina García, Nataly Vélez y Paulina Aguinaga contra la dirección del Centro Democrático está al rojo vivo. Buscan una sanción contra el partido, por lo que consideran una leguleyada para sacarlas del camino.
El tire y afloje que se ha dado entre las directivas del Centro Democrático y las concejalas rebeldes de esta colectividad, Lina García, Nataly Vélez y Paulina Aguinaga, conocidas como las superpoderosas, no da tregua y ahora plantea la posibilidad de que se den sanciones contra la colectividad porque el caso llegó, de nuevo, al Consejo Nacional Electoral.
El motivo es que en este acalorado pulso el Centro Democrático el lunes sancionó a las tres concejalas rebeldes por haber cometido una falta gravísima y les aplicó el artículo 127 de los estatutos. Esto, de acuerdo con la colectividad, implicaba la suspensión de los derechos como militantes para representar al partido en cargos internos, en corporaciones o en representación de la colectividad, pero al tratarse de una falta gravísima, tendrían que haber sido expulsadas del partido.
Así lo deja claro el mentado artículo 127, que señala claramente que “por las faltas gravísimas realizadas dolosamente o con culpa gravísima, procede la suspensión de los derechos como miembro y la expulsión del Partido”.
La norma está clara, pero por qué el Centro Democrático no tomó esta decisión y las concejalas lo califican como una leguleyada, que incluso generó que una juez, vía acción de tutela, le diera un plazo de 48 horas al partido para aclarar la decisión.
De fondo lo que sucede es que desde el Centro Democrático quiere sacar del camino a las tres concejalas con una movida. De acuerdo con la norma, el plazo máximo para que una persona deje de ser parte de un partido y pueda participar por otro en las próximas elecciones es el 29 de junio, apenas en cinco días. Si el uribismo no las expulsa, básicamente se daría lo que ellas denominan un “secuestro político”.
Así que con la tutela esperan que esto se aclare el 28 de junio, las retiren y puedan tener el camino libre para seguir su camino político. De no hacerlo, ya el CNE está enterado y ante esta organización podrían tener sanciones como la suspensión temporal o total de la personería, con un agravante: el CNE tendrá en próximos meses elecciones de magistrados, y con los resultados de las elecciones seguramente llegará una mayoría de izquierda que puede buscar revancha contra el Centro Democrático.
Lina García Gañán, una de las concejalas que está en vilo y se manifestó de armas tomar, espera que el uribismo tome una decisión de fondo y afirmó que “el Centro Democrático está cometiendo una leguleyada, con eso quieren secuestrar nuestro aval y cometer un feminicidio político; iremos desde lo legal hasta las últimas consecuencias y esperamos que el CNE tomé las determinaciones y sancione al partido. El Centro Democrático de democrático no tiene sino el nombre”.
El asunto resulta espinoso; el partido tiene que elegir entre dos decisiones: dañarles el caminado a las concejalas o exponerse a sanciones.
Pero esta pelea no es nueva. Nació por lo que denominaron un feminicidio político de parte del Centro Democrático cuando se negó a elegir a como presidenta del Concejo de Medellín a María Paulina Aguinaga, que le correspondía ese cargo por su condición de mujer.
Por el contrario, ejecutaron el denominado Pacto de Chuscalito, en medio del cual los otros cuatro concejales del Centro Democrático se reunieron, fuera del recinto del Concejo de Medellín, con otras fuerzas políticas representadas en los cabildantes Luis Bernardo Vélez, Daniel Carvalho, Daniel Duque, Sebastián López y Simón Molina, justamente para elegir la mesa directiva del Concejo, sacando del camino a la mujer del uribismo que estaba aspirando.
Por no acatar la decisión del Partido, en ese momento las concejalas fueron sancionadas con la suspensión del voto por 18 meses, pero el CNE les dio la razón, les levantó la sanción y le ordenó al partido hacer el proceso sancionatorio interno.
El caso lo fueron dilatando, pasó de la Dirección Nacional del Centro Democrático a la dirección regional en Antioquia, que tenía plazo para tomar la decisión hasta el 17 de junio, pero solo lo hicieron hasta el 21 de junio, que en realidad, de acuerdo con los propios estatutos del partido, debió significar la expulsión.
El reloj corre y la hora cero para las concejalas puede ser el 29 de junio, día que se consolidaría, como señalan las concejalas, el feminicidio político y el secuestro de la curul. Ese es un riesgo, pero en la dirección del partido también analizan el tema a fondo, pues es claro que pueden venir sanciones para el Centro Democrático y el riesgo es mayor con un Consejo Nacional Electoral con mayorías de izquierda.
Por ahora el ambiente en la cuna del uribismo está caldeado, al punto que un grupo de militantes de base del Centro Democrático envió una carta a la dirección regional manifestando su preocupación por lo que está ocurriendo con este caso, y que se aclare si hay alguna irregularidad.
Los militantes piden explicación al señalar que “al evidenciar por diferentes medios de comunicación y por las redes sociales lo que está ocurriendo frente al proceso interno disciplinario que se adelanta en contra de algunos concejales de nuestra colectividad en el municipio de Medellín, a quienes de acuerdo con dicha información en primer lugar y con la peor de las intenciones se les dilató el fallo de primera instancia y que renglón seguido se emite una decisión incongruente que va en contravía de las disposiciones estatutarias”.
Aclaran que no se trata de un reproche a las directivas, pero desean conocer los pormenores del caso y si la dirección regional de la colectividad está cumpliendo en realidad con los propios estatutos del Centro Democrático.
Fuente: Semana
