La difícil situación que vive el país en temas de orden público con hechos criminales y delictivos, han hecho que se diera lugar a una reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada y allí el defensor del Pueblo reveló impactantes cifras. Según el funcionario, cerca de 400 municipios de Colombia están en “alto riesgo” por violencia y vulneración de derechos humanos.
“380 municipios del país entre riesgo alto y riesgo extremo, es decir, que existen altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios a los derechos humanos, por lo que le expresamos, a su vez, al señor presidente de la República el acompañamiento desde la Defensoría permanente a la política pública de “paz total””, sostuvo Camargo.
También afirmó que se le ha pedido al gobierno exigirles a los grupos armados ilegales el cese inmediato de cualquier afectación en los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones en el territorio.
“Cuando hablamos de cese inmediato estamos hablando que haya un proceso de descontaminación del territorio, es decir, que se eviten la siembra de artefactos o de minas antipersonales que están inundando el territorio en unas regiones más que otras, pero que esto afecta de manera individual y colectiva a las distintas comunidades, y esa es una preocupación que con el señor presidente hemos compartido”, destacó el defensor de pueblo.
Por la ola de violencia que azota al departamento del Cauca, el presidente de la República, Gustavo Petro, agudizó su discurso sobre su política de la «paz total» y los acercamientos para entablar una mesa de diálogo con las disidencias de las Farc de Iván Mordisco.
“Cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados debe tener en cuenta que antes que un cese al fuego, lo que queremos es un cese de hostilidades a la población civil”, expresó Petro.
Además, el mandatario comentó que ni el secuestro, ni el confinamiento, ni la extorsión, ni las masacres, ni la muerte de líderes sociales, ni la muerte de los combatientes que han firmado la paz, ni el ataque a comunidades indígenas, a sus autoridades afros o mestizas, pueden ser permitidos como antesala de un acuerdo de paz.
“Un acuerdo de paz es básicamente acabar la hostilidad con la población civil, en primer lugar, y en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías lícitas. Incluso los combatientes actuales pueden hacer parte de esas economías lícitas para vivir de ellas en tranquilidad y en paz”, destacó el mandatario colombiano.
Fuente consultada: Colombia.com
