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Declaración del Ministro del Interior, Alfonso Prada, Portavoz del Gobierno Nacional, al concluir el Consejo de Seguridad Nacional

Leidy Garcia Balvin

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Muy buenos días a todos los colombianos y todas las colombianas.

Hablamos nuevamente aquí desde el Palacio de Nariño y quisiera hoy hablarles de tres temas como portavoz del Gobierno Nacional.

El primero es lamentar a nombre del señor Presidente de la República, de nuestra Vicepresidenta y del Gobierno en pleno, creo que hablo a nombre de todos los colombianos, la tragedia que se ha vivido en la vía Pereira-Quibdó, en el departamento de Risaralda, rumbo hacia el Pacifico, y la lamentable noticia nos tiene muy tristes, hemos identificado ya 33 personas muertas, entre ellos tres menores de edad. Hemos rescatado con vida a nueve personas, cuatro de ellas están en este momento en estado crítico, siendo atendidas en materia de su estado crítico.

Están en el terreno la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Invías (Instituto Nacional de Vías), la Dirección de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte. Hemos contado con el apoyo de todas las autoridades regionales y, particularmente, agradecemos el apoyo que nos han dado las Fuerzas Militares y la Policía, porque desde el primer momento nos han acompañado en la atención de esta tragedia.

Queremos anunciar un acompañamiento integral en todo sentido, psicológico, físico, material, a las familias de las víctimas y queremos declarar nuestra alerta máxima en todo el territorio por esta ola invernal que ha traído tanto daño material y también en vidas, como lo que acaba de ocurrir.

En este momento se desarrolla, desde el día de ayer, un Puesto de Mando Unificado en el territorio en el que están las autoridades nacionales y regionales.

Nos ha pedido el señor Presidente de la República que hoy mismo convoquemos un Puesto de Mando Unificado Nacional en relación con el desastre causado por la ola invernal para estudiar el tema de infraestructura vial y las perturbaciones que estamos teniendo en movilidad nacional, particularmente, que revisemos todo el tema de riesgos de deslizamientos y naturalmente los efectos materiales que ha causado la ola invernal en todo el país.

De tal manera que hoy será convocado el PMU, y de hoy a mañana estaremos reuniendo toda la información necesaria para poder desarrollar aquí en Bogotá este Puesto de Mando Unificado Nacional, presidido directamente por el señor Presidente de la República.

Gestores de paz

El segundo anuncio tiene que ver con las declaraciones del señor Presidente referidas a los Gestores de Paz. Sé que ha causado mucha inquietud y por eso quisiéramos fijar algunas posiciones y hacer algunas claridades.

Lo primero es que acabamos de terminar hace algunos minutos una reunión coordinada bajo la Presidencia de la República, con el Ministerio de Justicia, la Consejería Presidencial para la Juventud y con el Ministerio del Interior, la Secretaria Jurídica de la Presidencia, donde revisamos en detalle la reglamentación del decreto que habilitará al señor Presidente de la República para hacer las correspondientes solicitudes de suspensión de capturas, pero para que eso ocurra primero hay que expedir la reglamentación que conocerán ustedes, también, de aquí al día de mañana.

En ella, revisada exhaustivamente, declaramos que no es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón judicial.

Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que, finalmente, decidan los jueces en sentencia judicial.

Los procesos, por ende, no se suspenden. Hemos creado una comisión de alto nivel que va a estar en la reglamentación a la que asistirán, como comisión de alto nivel, el Ministro de Justicia, el Alto Comisionado para la Paz y quien les habla como Ministro del Interior, que tendrá la función de recomendar y asesorar al Presidente de la República en la utilización de esta facultad concedida por el Congreso de la República y que procederemos a reglamentar.

El Presidente, una vez se expida el análisis de cada caso, en forma particular, individual e independiente, adoptará la decisión que va a ser, básicamente, una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad judicial correspondiente.

También, dentro de la reglamentación quedará consignado que no podrán, bajo ninguna circunstancia, violar una sola norma jurídica so pena de ser revocado el beneficio de la suspensión de la captura. Esta medida va dirigida a líderes sociales, no solamente a jóvenes capturados en medio de la protesta social, sino en general a líderes sociales que el Gobierno, en cabeza del Presidente, y con la recomendación de la comisión de alto nivel, considere que pueden aportar, básicamente, a la consolidación del proceso de paz, al proceso de paz en sus regiones y a la conflictividad social que está supremamente visible en los territorios.

De manera que hay líderes, no solamente, juveniles sino también líderes campesinos, líderes afrocolombianos o líderes indígenas que podrían ayudarnos a pacificar la convivencia en los territorios y, por ello, será una medida que revisaremos con mucho cuidado.

En el mismo decreto se definirán las funciones que ellos tendrán como voceros del Presidente en materia de paz y de convivencia ciudadana. Es básicamente la de resolución de conflictos e, incluso, para quienes hayan sido, de una u otra manera, sindicados de haber afectado bienes. Una de sus funciones va a ser, precisamente, cuidar los bienes para efectos de que no se repitan este tipo de comportamientos y conductas.

Finalmente, esta decisión se da dentro del marco del profundo respeto del Gobierno Nacional y del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, y por sus condiciones históricas, dentro del marco del más profundo respeto a la división de poderes, a la administración de justicia y, naturalmente, al derecho a la protesta que tienen los colombianos.

Consejo de Seguridad Nacional

El tercer tema que quería abordar con ustedes es que, también, en el día de hoy, en horas muy tempranas de la mañana, hicimos un Consejo de Seguridad Nacional con los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía, naturalmente, con el Ministro de Defensa, con la Jefe de Gabinete, la Vicefiscal General de la Nación y el Subdirector Nacional de Inteligencia.

Ratificamos la instrucción del señor Presidente de la República a las Fuerzas Armadas y de Policía, la instrucción de no frenar ni desescalar ninguna operación en el territorio nacional frente a las organizaciones que se encuentran al margen de la ley, actuando en los territorios; cualquiera sea su calificación.

Adicionalmente, reportamos en el balance semanal que hacemos los lunes a las 8:00 am. En este período de Gobierno hemos sostenido, en virtud de esa orden, que jamás ha sido cambiada, que es mantener esa ofensiva militar y policial en el territorio frente a las fuerzas ilegales.

Hemos sostenido 108 combates, se han producido 4.308 capturas, 203 sometimientos, hemos destruido y neutralizado 1.200 laboratorios en el territorio de la República.

En el caso lamentable de la muerte de 3 miembros de las Fuerzas Militares en Argelia (Cauca), en un combate contra las disidencias -es uno de los 108 combates que nuestras Fuerzas están valientemente sosteniendo- registramos lamentablemente la muerte de 3 de sus miembros.

Hoy queremos rendirle un homenaje al cabo tercero Andrés Aguilar; al soldado profesional Duván de Oro y al soldado profesional Nair Sócrates. A ellos nuestro mayor homenaje como héroes de la patria y a sus familias la condolencia del Gobierno Nacional. Murieron en cumplimiento de su deber dando la vida por la vida de los demás colombianos.

En este Consejo de Seguridad Nacional, además, registramos con enorme satisfacción los resultados de la Armada en particular. La Armada ha aumentado las incautaciones de coca en el 30% durante este Gobierno, ha superado de 71 a 94 toneladas la incautación de coca. De 71 a 94 toneladas, y de 7 a 26 toneladas ha crecido la incautación de cargamentos de marihuana, es decir, cerca del 250% frente al mismo periodo del año 2021.

Se han dado las instrucciones o se han ratificado, de una operación con toda la iniciativa y la fuerza operativa de nuestras instituciones en los puertos y fronteras con un despliegue del mayor tamaño que se haya visto. También se han dado las instrucciones para que esta ofensiva apunte fundamentalmente a destruir, a atacar las estructuras del narcotráfico.

Y quiero, finalmente, decirles que con estas instrucciones no pensamos ceder un milímetro de espacio en el territorio nacional en la persecución de la delincuencia, del narcotráfico y de quienes al margen de la ley no estén sometidos a ninguno de los procesos en que estamos empeñados en la Paz Total.

De tal manera que les agradezco mucho su atención y me despido de los colombianos y las colombianas.

Muchas gracias.

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Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

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El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.

Otros hallazgos del PAE

La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.

De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.

Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.

Defensor del Pueblo Carlos Camargo© Proporcionado por Semana

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa. Es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia; fortalecer los espacios de participación y control, como los Comités de Alimentación Escolar, y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020″, concluyó el Defensor del Pueblo.

El PAE es una estrategia que busca contribuir al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo y los aprendizajes.

El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.

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Procuraduría formuló cargos a capitana de la Escuela Militar de Aviación por presunto acoso laboral

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la capitana de la Escuela Militar de Aviación (Emavi) Sandra Patricia Sotelo Rojas, por el presunto acoso laboral que denunciaron cerca de 10 de sus subalternos, miembros del Departamento de Contratos de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, sede Valle del Cauca.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle sostuvo que la oficial, en su condición de jefe del departamento de Contratación, pudo incurrir en maltrato, persecución, discriminación y entorpecimiento laboral contra parte del personal que conformaba el equipo de trabajo durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017.

Así las cosas, el ente de control señaló que Sotelo Rojas habría cometido actos reiterados y públicos de maltrato y que todo lo anterior puede constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, especialmente los relacionados con el respeto, imparcialidad y rectitud que tendría que mantener hacia el personal a su cargo.

Según el Ministerio Público, al parecer, la capitana manifestó públicamente su desacuerdo por su traslado a la ciudad de Cali y utilizó expresiones verbales despectivas y groseras, expresiones humillantes y degradantes, y desestimó la trayectoria profesional del grupo de trabajo que lideraba.

Provisionalmente, el Ministerio Público calificó la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Semana.

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