El ente de control ofició la medida al sistema financiero. El embargo tendría implicaciones para Integral, Conconcreto y EPM.
La Contraloría General de la República ofició embargos al sistema financiero en contra de compañías constructoras de Hidroituango como Integral y Conconcreto por el presunto detrimento patrimonial de 4 billones pesos en el proceso de responsabilidad fiscal de Hidroituango.
Por ahora, solo se conocen documentos oficiales que implican a Integral S.A, sin embargo, otras compañías implicadas en la megaobra podrían estar sujetas a medidas cautelares.
La empresa Integral fue consultada sobre el tema y explicó que una persona encargada dentro de la organización emitirá en los próximos minutos una respuesta.
La medida tiene implicaciones para la demandante EPM y cobija, además, a personas naturales relacionadas con la megaobra.
La determinación fue comunicada el lunes 19 de abril a entidades financieras por parte de la Contraloría Delegada Interseccional 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República.
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En la comunicación, el ente de control solicitó «el registro del embargo y retención de los dineros depositados o que se lleguen a depositar en las cuentas bancarias» de las compañías que son objeto de la investigación fiscal.
«EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se les han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto», comunicó EPM tras divulgarse la noticia.
Una nueva noticia en la crisis que atraviesan EPM e Hidroituango se conoció en la mañana de este miércoles: un documento con fecha del 12 de abril de 2021 ordena el embargo de una cuenta bancaria y de un listado de 12 predios localizados en Antioquia de la empresa Integral S.A, una empresa que estuvo encargada de los diseños de Hidroituago.
La medida cautelar fue ordenada por la Contraloría General de la República, específicamente por el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, Juliana Velasco Gregory.
A través de un comunicado, ese ente de control informó que dichos bienes serán embargados mientras se adelanta una investigación por presuntos detrimentos patrimoniales por más 4 billones de pesos durante la construcción de la megaobra.
Por último, la Contraloría recordó que “contra la presente providencia proceden los recursos de REPOSICIÓN Y APELACIÓN, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación”.
Empresas Públicas de Medellín, que aparece como una de las partes afectadas en el documento de la Contraloría, emitió un comunicado respecto al tema argumentando que “EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas”, por lo que, según esa compañía, “no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”.
