En mayo de 2012, el senador Eduardo Carlos Merlano, quien pertenecía al Partido la U, se volvió ampliamente conocido en todo el país debido a un incidente en Barranquilla, Atlántico. En esa ocasión, Merlano se negó rotundamente a someterse a una prueba de alcoholemia cuando fue detenido por la policía local. Además, se descubrió que estaba conduciendo sin licencia y aparentemente en estado de embriaguez. Durante el altercado, pronunció la famosa frase «¿Usted no sabe quién soy yo?» para intentar evitar las consecuencias de sus acciones.
Como resultado de su comportamiento, la Procuraduría General de la Nación tomó medidas disciplinarias y lo destituyó de su cargo como senador. Además, fue inhabilitado para ocupar cualquier cargo público durante un período de 10 años. Estas sanciones fueron impuestas debido a la gravedad de las acciones de Merlano, que no solo violaron las normas de tránsito, sino que también reflejaron una actitud de abuso de poder y falta de respeto hacia las autoridades.
Sin embargo, el Consejo de Estado revocó la decisión de la Procuraduría. El Consejo de Estado argumentó que la Procuraduría no tenía la competencia legal para imponer una sanción que limitara los derechos políticos del exsenador Merlano. Al ser elegido por voto popular para representar a los ciudadanos en el Congreso, cualquier sanción que afectara sus derechos políticos también restringiría los derechos de aquellos que lo habían elegido. Por lo tanto, la sanción se consideró injusta y fuera del ámbito de acción de la Procuraduría.
“Toda vez que dicho ente de control no tenía competencia para imponer una sanción que restringiera el ejercicio de los derechos políticos del actor, quien fue elegido popularmente para desempeñar el cargo de senador y que valga resaltar también conlleva a la restricción del ejercicio de derechos políticos de sus electores”, aseguró el Consejo de Estado en el documento.
Como resultado de esta decisión del Consejo de Estado, se emitieron ciertas órdenes. En primer lugar, se requirió a la Procuraduría que eliminara de sus registros cualquier antecedente disciplinario relacionado con el caso de Merlano. Esto significa que las sanciones impuestas y cualquier registro negativo asociado a su conducta serían eliminados de forma oficial. Además, se ordenó a la Procuraduría que compensara a Merlano económicamente. Esto incluía el pago de los salarios y beneficios que dejó de recibir desde su destitución hasta la fecha en que se declaró la pérdida de su investidura como senador.
Fuente consultada: Colombia.com
