La Administración Distrital garantiza la protección de 867 hectáreas de bosques con corrientes, humedales o nacimientos de agua, mediante la entrega de incentivos económicos por más de $230 millones, en los primeros meses del año, a 50 propietarios de 89 predios en los cinco corregimientos; esto, a través del programa Pago por Servicios Ambientales Hídricos (PSAH).
La conservación de estos ecosistemas estratégicos hace parte de las acciones para mitigar los efectos del cambio climático y se suman a la protección de 2.746 hectáreas en 13 reservas, que lidera la Administración Distrital con actividades de control y vigilancia; mantenimiento; monitoreo a la biodiversidad y a las microcuencas; y la protección de las 814 hectáreas en el Refugio de Vida Silvestre Alto de San Miguel, ecosistema estratégico para el cuidado de fuentes hídricas que dan origen al río Medellín.
“La conservación, protección y cuidado de nuestros recursos naturales es fundamental para la consolidación de Medellín como una Ecociudad; por eso, se implementan diferentes estrategias para cuidar nuestros ecosistemas. El Pago por Servicios Ambientales es una de ellas y consiste en proporcionar a las familias aledañas a las microcuencas abastecedoras recursos económicos para que nos ayuden a conservar, proteger y generar un equilibrio en estos suelos. Con esto, ayudamos a que las familias se comprometan y aporten a la consolidación de Medellín como una Ecociudad”, expresó la subsecretaria de Recursos Naturales Renovables, Lina Marcela Rendón.
De las 867 hectáreas protegidas, 850 corresponden a áreas de conservación y 17 en restauración. Allí, además de los incentivos, los propietarios de los predios reciben acompañamiento social y técnico en función de mejorar las prácticas agropecuarias que desarrollan al interior de los lotes, mediante acercamientos individuales y encuentros colectivos pedagógicos, para contribuir al cambio de la cultura ambiental.
Los 80 predios incluidos en los acuerdos están localizados en los cinco corregimientos del Distrito, así: 30 en Santa Elena, 29 en San Antonio de Prado, 15 en San Cristóbal, 5 en Altavista y 1 en San Sebastián de Palmitas; además, en las cuencas hidrográficas de las quebradas Guapante, Altavista, Ana Díaz, Chachafruto, Chorrillo, Doña María, El Chispero, La Despensa, La Frisola, La Guayabala, La Iguaná, La Limona, La Manguala, Picacha, La Puerta, La Sorbetana, La Larga, Los Azules, Matasanos, Miserenga, San Francisca, San Pedro, San Roque, Santa Bárbara y Santa Elena.
Los Pagos por Servicios Ambientales están regulados por la Ley 99 de 1993 que señala que todos los entes territoriales deben destinar no menos del 1 % de los ingresos corrientes a la compra y adquisición de predios de importancia ambiental asociados a la regulación hídrica de fuentes abastecedoras. En 2017 nació el Decreto 870, que permitió que estos recursos se dirijan a la implementación de Pago por Servicios Ambientales, con lo que se conforman ecosistemas estratégicos asociados a la regulación hídrica.
Con los incentivos económicos, dentro del programa Pago por Servicios Ambientales Hídricos, los propietarios asumen el compromiso de manera voluntaria de conservar o restaurar los bosques que contribuyen a la regulación de la cantidad y la calidad del agua que consumen los habitantes de los corregimientos, y a mantener la vocación rural de sus predios.
