​• Durante su visita de Estado a Chile, el Presidente Gustavo Petro y su homólogo chileno, Gabriel Boric, informaron que la solicitud se presentó a la Corte IDH, con el fin de establecer si los Estados deben atender las afectaciones de las personas, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

• Para los dos países, “existe un vínculo estrecho entre la emergencia climática y la afectación de derechos humanos” y se requiere “contar con estándares interamericanos para acelerar la respuesta a la emergencia climática”.

Los gobiernos de Colombia y de Chile solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en la protección de los derechos fundamentales frente a las consecuencias del cambio climático.

Así lo informaron este lunes los presidentes Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente, durante la visita de Estado que inició en Santiago de Chile el Mandatario colombiano.

En la declaración conjunta divulgada al finalizar el encuentro bilateral, los Jefes de Estado destacaron “la especial relevancia de la decisión de Chile y Colombia de solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos”.

Explicaron que “esta solicitud tiene el propósito de aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Ello, teniendo especialmente en cuenta las afectaciones diferenciadas que dicha emergencia tiene sobre las personas de diversas regiones, la naturaleza y la sobrevivencia humana en nuestro planeta”.

La solicitud

La opinión consultiva fue pedida mediante informe presentado a la Corte el pasado 22 de diciembre, con el fin de establecer si los Estados deben atender las afectaciones de las personas, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En dicha solicitud, los dos países subrayan que “existe un vínculo estrecho entre la emergencia climática y la afectación de derechos humanos” y se requiere “contar con estándares interamericanos para acelerar la respuesta a la emergencia climática”.

Colombia y Chile advierten que “ambos países viven el desafío cotidiano de lidiar con las consecuencias de la emergencia climática, incluyendo la proliferación de sequías, inundaciones, deslaves e incendios, entre otros. Dichos fenómenos ponen de manifiesto la necesidad de responder de manera urgente y sobre la base de los principios de equidad, justicia, cooperación y sostenibilidad, con un enfoque de derechos humanos”.

Así mismo, argumentan que “estas afectaciones al medio ambiente se extienden a lo largo y lo ancho de las Américas y del mundo, generando importantes impactos en los derechos de las personas y poniendo en riesgo a las generaciones futuras”.

Sin embargo, añaden, “los efectos del cambio climático no se experimentan de manera uniforme a través de la comunidad internacional” y “de hecho, ellos ya se están sintiendo en las comunidades más vulnerables atendida su geografía, condiciones climáticas, socioeconómicas y su infraestructura, incluyendo varios países de la región de América”.

Además, subrayan que “dichos efectos se experimentan de manera no proporcional a la contribución de dichos países y comunidades al cambio climático”.

Las dos naciones resaltan en el documento “la relevancia que tiene el derecho humano a un medio ambiente sano y su estrecho vínculo con una serie de derechos sustantivos y procesales que afectan la vida, sobrevivencia y desarrollo las generaciones presentes y futuras protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“Es por esto que los Estados de Colombia y Chile consideran necesario avanzar en determinar el alcance de las obligaciones previstas en la Convención Americana y los tratados interamericanos, en aquello relevante para hacer frente a las situaciones generadas por la emergencia climática, sus causas y consecuencias. Ello, con el fin de promover las medidas de garantía de derechos y las políticas públicas necesarias para responder a este fenómeno de manera urgente, equitativa, justa y sostenible”, puntualiza la solicitud.