Tras seguir las pistas entregadas por el exparamilitar Salvatore Mancuso en una audiencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dio a conocer el hallazgo de una fosa común en zona fronteriza con Venezuela.

Cabe recordar que el pasado 11 de mayo, el exjefe paramilitar expuso que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrojaron los cuerpos de alrededor de 200 de sus víctimas del conflicto armado, en el lado venezolano de la frontera, tras la destrucción del «horno crematorio» en el que desaparecieron a centenares de personas.

“Esto tiene profundidades más amplias porque hubo coordinación también con militares y fuerza pública del lado de Venezuela para este tipo de operaciones”, agregó, y se ofreció a ir a identificar las fosas en el país vecino.

Sobre este caso, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, indicó que teniendo en cuenta estas declaraciones está acopiando la información necesaria para la construcción del contexto como parte esencial de la investigación humanitaria y extrajudicial.

“A partir del acto de reconocimiento extrajudicial con el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, organizado desde la agenda de No repetición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en la cual se develó la existencia de fosas al otro lado de la frontera con Venezuela, se avanza con la gestión diplomática para que el desarrollo de la búsqueda transfronteriza sea pronta y efectiva”, aseguran desde la UBPD.

Así mismo, la UBPD aseguró que definirá un posible plan operativo, que requiere el concurso de técnicos de Colombia y Venezuela, para alinear la normatividad aplicable, establecer protocolos para la búsqueda y otros componentes relacionados con la investigación e intervención forense.

“Articularemos, como lo establece el mandato de la UBPD, todas las acciones que sean necesarias para buscar a nuestros desaparecidos en escenarios transfronterizos e informar a las familias sobre lo acaecido”, finaliza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Frente a esta información, el presidente Petro se comprometió a que estos cuerpos vuelvan a sus familiares, y criticó a quienes han puesto en duda la “confesión de Mancuso”.

“Se dedicaron a decir que la confesión de Mancuso era falsa, porque esa confesión muestra el mayor crimen cometido en la historia contemporanea en todas las Américas: el genocidio del pueblo con ayuda del poder. Ahora aparecen las pruebas: sus cuerpos, los del pueblo de Colombia asesinado, nos gritan también la verdad para que reaccionemos, para que no se repita, para que haya justicia”, dijo.

Fuente consultada: Colombia.com

En una sorprendente revelación, se ha descubierto que el novio del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha estado involucrado en contratos con el Estado, recibiendo doble sueldo mientras el Gobierno de Gustavo Petro promovía una reingeniería del Estado para eliminar los contratos y cargos políticos. Mientras Petro abogaba por la transparencia, la pareja de Roa disfrutaba de un cargo como funcionario público y un contrato de prestación de servicios con otra entidad pública.

El joven Julián Caicedo Cano, de 31 años, con formación en administración de negocios internacionales, fue nombrado asesor del Instituto Nacional de Vías (Invías) y firmó un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pascual Bravo en Medellín. Sin embargo, la universidad pública ha sido señalada por medios regionales por su presunta participación en tercerizar la contratación en la Alcaldía de Daniel Quintero.

Resulta preocupante que Caicedo Cano solo obtuviera contratos con el Estado cuando llegó el Gobierno de Petro, bajo cuya campaña su pareja, Ricardo Roa, manejó los fondos. Durante el período en el que se suponía que debía cumplir con sus responsabilidades, Caicedo Cano publicó numerosas fotos de sus viajes en su perfil público de Instagram. Sorprendentemente, el Director Técnico del Invías, a quien se suponía debía asesorar, afirmó no conocerlo.

Uno de los contratos de Caicedo Cano con el Estado fue firmado con la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, con el objetivo de brindar «acompañamiento estratégico» en el marco de la Política Pública de Desarrollo Económico. Por esta labor, recibió honorarios mensuales de 6,9 millones de pesos y su función principal era articular los planes de la secretaría con la institución.

Es importante destacar que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es un aliado del presidente Petro, y varios de sus cercanos han obtenido contratos millonarios en la ciudad. En este contexto, el nombramiento de la pareja de Roa como asesor en el Invías, específicamente en la Dirección Técnica y de Estructuración, es motivo de preocupación. Este cargo le otorgó un salario mensual de 6,7 millones de pesos, según la escala salarial de la Función Pública.

Resulta curioso que Caicedo Cano haya sido designado directamente por el director de la entidad, Juan Alfonso Latorre, quien llegó a su puesto por recomendación de Roa. Cabe mencionar que Latorre dejó su cargo después de que se revelaran irregularidades en la ejecución de un millonario contrato para reconectar la vía Panamericana.

Es importante destacar que la experiencia laboral de Caicedo Cano no está relacionada con temas de infraestructura vial ni con el objeto del Invías. Sin embargo, sus trabajos anteriores coinciden con la participación de su pareja, Ricardo Roa. Además, ambos constituyeron una sociedad juntos, llamada Roca Bi SAS, con una dirección que coincide con la registrada por Caicedo Cano en su contrato con Medellín.

A pesar de la prohibición legal de que un funcionario público tenga contratos con el Estado, Caicedo Cano no solicitó la terminación anticipada de su contrato en Medellín al aceptar su nombramiento en el Invías. Durante más de dos meses, entre el 24 de enero y el 30 de marzo, la pareja del presidente de Ecopetrol recibió fondos públicos de ambas vías. Además, según la Universidad Pascual Bravo, Caicedo Cano recibió un total de 13,8 millones de pesos por su contrato con la institución.

Es alarmante que, a pesar de tener un horario laboral en el Invías, Caicedo Cano haya publicado fotos en sus redes sociales mostrando sus constantes viajes nacionales e internacionales. Esto plantea serias dudas sobre cómo pudo cumplir con sus responsabilidades laborales mientras disfrutaba de estos lujosos viajes.

Es importante señalar que Caicedo Cano fue nombrado asesor el mismo día que se anunciaron varios nombramientos importantes en el Invías. A pesar de ello, el Director Técnico del Invías afirmó no conocerlo, alegando que los asesores son designados por la Dirección General y que el director tiene la potestad de ubicarlos según sea necesario.

Ante estas revelaciones, la pareja de Ricardo Roa ha evitado responder a las preguntas sobre la ejecución de los contratos y la influencia de su relación sentimental con Roa en su obtención de ingresos en Medellín y en el Invías. Alegando que no tiene la obligación de hablar sobre su vida personal, Caicedo Cano ha remitido a las entidades correspondientes para obtener información sobre los contratos.

Este escándalo plantea serias dudas sobre la transparencia en los procesos de contratación del Estado y la existencia de posibles favores políticos. La sociedad espera una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.

Este martes 06 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó que delegados ante la Corte Suprema de Justicia abrieron una investigación en contra de seis generales en retiro del Ejército Nacional que, mientras estuvieron a cargo de varias unidades en el norte del país, habrían promovido un ‘plan de estímulos’ para que aumentaran las denominadas ‘bajas en combate’, situación que generó múltiples ejecuciones a civiles presentados como guerrilleros.

Según informó el fiscal general, Francisco Barbosa, durante una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, un primer escenario ocurrió entre 2004 y 2008, e involucra a grupos tácticos y operacionales adscritos a la Décima y a la Segunda Brigada de Ejército Nacional, las cuales tienen jurisdicción en Cesar y La Guajira.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que cinco de los altos oficiales investigados, presuntamente, ejercieron actos de presión sobre sus subalternos y les indicaron insistentemente que los únicos resultados válidos serían las ‘bajas’. A cambio, ofrecieron felicitaciones, permisos, licencias y vacaciones”, expone el comunicado de la entidad.

De igual manera se expone que para cumplir con este propósito y obtener algún estímulo, el personal militar presentó como muertos en combate a campesinos, indígenas y habitantes de barrios marginales.

Las víctimas, en la mayoría de los casos, “fueron engañadas con falsas ofertas laborales, trasladadas a sitios despoblados y apartados, entregadas a los uniformados y asesinadas con disparos de fusil a corta distancia y en circunstancias que no reflejaban un enfrentamiento armado. Sin embargo, en los reportes oficiales fueron reseñadas como integrantes de estructuras delincuenciales que atacaron a los componentes del Ejército Nacional.

Por lo anterior, serán citados a diligencia de indagatoria como posibles responsables del delito de homicidio en persona protegida, los siguientes oficiales en retiro:

Brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2008, que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras se desempeñó como comandante de la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, por los eventos sucedidos entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de julio de 2006, en los que se conocieron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo en el que comandó la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
Mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por 15 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estas personas murieron el 16 de enero de 2006, en Urumita (La Guajira). Este caso se le atribuye al Batallón de Caballería Mecanizado N°2, cuyo comandante era el hoy investigado.
Brigadier general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi y (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que murieron siete hombres que, posteriormente, fueron presentados como ‘bajas en combate’. En su momento, el oficial era el comandante del Batallón de Artillería N°2 La Popa.
Brigadier general (r) Luis Felipe Paredes Cadena por un evento de ejecución extrajudicial que dejó una víctima en el corregimiento Mingueo, en Dibulla (La Guajira), el 18 de noviembre de 2006. Para la fecha el oficial estaba a cargo de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.

De igual manera será investigado el brigadier general (r) Luis Fernando Rojas Espinosa, por la muerte de dos señalados integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 14 de marzo de 2004. El material probatorio indica que estas personas fueron llevadas mediante engaños a una zona boscosa del caserío Belén, en El Banco (Magdalena), puestas en estado de indefensión por unidades militares y asesinadas con disparos de fusil.

Fuente consultada: Colombia.com