Por: Jesús Vallejo Mejía
Colombia padece hoy el desgobierno de alguien que, por haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, estaría inhabilitado para ser elegido congresista o presidente, si se aplicaran rigurosamente y sin esguinces los artículos 179 y197 de la Constitución Política. Pero ésta da lugar a toda suerte de interpretaciones destinadas como he dicho en otras oportunidades a torcerles el pescuezo a sus textos para ponerlos a decir lo que no dicen.
El que nos desgobierna se formó en la ilegalidad. Siendo apenas un adolescente se integró a un perverso movimiento subversivo que coronó sus acciones con el tristemente célebre holocausto del palacio de justicia. Allí hizo carrera y siendo muy joven llegó a integrar su comando supremo. ¿Cuáles fueron los méritos que dieron lugar a que con tanta celeridad ascendiera en la jerarquía de tan temible organización? Periodistas mal informados o bastante sesgados afirman que su papel en ella era apenas el de estafeta y mandadero. Pero hay versiones que lo sindican de haber sido guardián de las siniestras cárceles del pueblo en las que se encerraba bajo tierra a los secuestrados, amén de recaudador de extorsiones y organizador de grupos guerrilleros en Santander y Tolima. No falta quien diga que hizo parte de los verdugos de José Raquel Mercado.
Dados sus antecedentes delictivos, no es extraño que manifieste su desdén por el ordenamiento jurídico y la fuerza pública encargada de protegerlo. Si hizo sus primeras armas desafiando el imperio de la ley, qué razón habría para que hoy fuera respetuoso del mismo.
Median muchas inquietudes sobre el proceso electoral que lo llevó a la presidencia. Se habla de la financiación de una campaña que duró cuatro años, en la que recorrió más de medio país e incluso viajó varias veces al exterior. ¿Cuánto costaron sus desplazamientos? ¿Cómo los financió?
Para atenderlos, dejó de asistir a múltiples sesiones del congreso del que hizo parte en el pasado cuatrienio, lo que dio lugar a que se le iniciara un proceso de pérdida de la investidura que, como todo lo suyo, parece estar destinado a terminar en haches y erres.
Dentro de su campaña contra el presidente Duque alentó una protesta social que en rigor era un “putsch” que se proponía derrocarlo. Cientos de sus marionetas, llamados de la “Primera Línea”, han sido procesados y condenados por la justicia penal. Pero ésta se ha limitado a actuar contra los ejecutores de gravísimos delitos y no contra los instigadores de los mismos. Su desprecio por la legislación penal lo ha llevado a defender a esos criminales, presentándolos como jóvenes inocentes que apenas estaban ejerciendo su derecho a la protesta.
No oculta su odio a la fuerza pública. El reciente asunto de Los Pozos es bien ilustrativo al respecto. Los facciosos que mataron un agente de la autoridad y cubrieron de vejámenes a otros setenta fueron ensalzados por el ministro del Interior, que en lugar de cumplir con su obligación de preservar el orden público, llegó a acuerdos oprobiosos con esos criminales. El Código Penal resultó trasgredido en muchos de sus artículos a raíz de ese episodio, pero ello les importó una higa a quienes hoy en mala hora nos desgobiernan. Según el despistado y gárrulo ministro, ahí no hubo secuestro, sino “cerco humanitario”.
Dentro de sus inquietantes iniciativas hay una que promueve dizque la paz total con la multitud de organizaciones criminales que están enseñoreadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Todo apunta hacia la claudicación ante el crimen organizado. Ya obran indicios de oscuras tratativas en torno de este que, parafraseando a Balzac, configura “un asunto tenebroso”.
Su desprecio por el ordenamiento jurídico interno se extiende al internacional.
A todas luces se advierte que ignora de modo rampante los compromisos que pesan sobre nuestro Estado en torno de la llamada “guerra contra las drogas”, que él da por perdida. Sin contar con la comunidad internacional, pretende ponerle término mediante humillantes capitulaciones llamadas a protocolizar lo que de hecho ya somos: un narcoestado.
Basta con dar lectura a la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, aprobada por la Ley 67 de 1993, para darse cuenta de que la política que promueve al respecto el gobierno actual viola flagrantemente dicha normatividad. Para dar vía libre a lo que se propone tendrá que denunciar la Convención, tal como lo prevé su artículo 30. Quizás no se atreva a hacerlo, porque quedaría puesto en evidencia ante el mundo entero.
Lo que queda del Estado de Derecho entre nosotros hoy “son fleco de trapitos que se caen a pedacitos”, como reza una deliciosa milonga que lleva el título de “Trapitos”. (Vid. Trapitos. Milonga (todotango.com). Y la anarquía se expande por todo el territorio nacional como verdolaga en playa.
¡Qué duda cabe! Colombia es hoy un Estado en coma.
