Por: Orlando Arenas Tamayo
Una aguda «pandemia moral» vive la sociedad antioqueña en los últimos años, cuando los actos tardíos de la justicia comienzan a salpicar a los grandes «relumbrones» que aparecieron en nuestro cielo desde hace unos veinte años aspirando y llegando a las grandes posiciones de poder político y social, proyectándose al estrellato nacional y figurando entre las mejores opciones para dirigir los destinos del país hasta que fueron apareciendo los puntos negros de sus imágenes por las sindicaciones a los actos de su gestión y que hoy los tienen al borde del abismo físico y moral por sus impudicias que hicieron que la sociedad antioqueña acudiera a otras opciones como la de Daniel Quintero, quien logró contrastar sus propuestas frente a los calamitosos resultados de quienes tuvieron la confianza pública y nos han venido conduciendo de escándalo en escándalo hasta la debacle final.
Aníbal Gaviria Correa es la última versión de hombres sin dignidad que fueron criticados por la opinión desde la alcaldía de Medellín y el proyecto de Parques del Río con sus masacres ecológicas, la devastación del bosque del barrio Conquistadores y la masacre de sus especies, más violentas que la de la Chinita a decir de un gran educador antioqueño, para enterrar una vía en un trayecto de quinientos metros, y endeudar de paso, a Medellín, por los escándalos del desastre del llamado Plan Parcial del Naranjal, por un lado y, además, embarcar a Antioquia en algunos negociados en la contratación pública del departamento, relacionados con las obras de la Troncal de la Paz, mientras que en el caso del manejo de EPM, la Contraloría de Medellín, le inició una investigación por detrimento patrimonial mayor de doscientos mil millones por los sobrecostos en la construcción de la Central Hidroeléctrica de Bonyic en Panamá, en lo que aparecen incursos Juan Esteban Calle, gerente de EPM y la junta directiva de entonces.
Sergio Fajardo es otra de las cartas quemadas de Antioquia después de haber logrado tantas veces que le archivaran los procesos, hasta que la Fiscalía logró enfocarse en sus irregularidades que hoy lo tienen pendiendo de un hilo y ya muy desgastado como opción presidencial antioqueña por las investigaciones relacionadas con múltiples irregularidades durante su gestión como alcalde y gobernador, en materia de contratación pública, en el debate suscitado con la compra de Orbitel, en la concesión de licencias mineras a subalternos suyos, en la contratación basada irregularmente en la llamada urgencia manifiesta y en operaciones de EPM en el exterior, ruinosos para la empresa, amen de las denuncias por el manejo de Hidroituango.
El triunfo de Daniel Quintero tiene una explicación no solo en la división y traición interna del Centro Democrático que le ha hecho perder la alcaldía y la gobernación en varias oportunidades, la precocidad política de un joven que insurge en contra de lo establecido, que promete que las irregularidades de la clase dirigente antioqueña en EPM a raíz de la catástrofe ambiental de la hidroeléctrica las van a pagar los responsables y no la gente vía tarifas (algo que nos está debiendo el alcalde), sino también en el descrédito de esta clase política y empresarial que viene erosionando la credibilidad de la derecha y abriendo una tronera para el triunfo de la extrema izquierda, no por sus virtudes y propuestas sino montados sobre los resultados de la gestión de los últimos años.
Un gran artículo de mi amigo el periodista Alberto Escobar Pérez destaca la penosa condición política y moral de Aníbal Gaviria Correa: política porque tiene la soga al cuello, y solo las grandes maniobras de sus abogados en una legislación penal garantista como la nuestra, harán dilatar su proceso hasta que pueda encargar definitivamente al actual encargado del despacho y moral porque el señor no renuncia, aferrándose al cargo como un náufrago a una tabla y confunde esta actitud desvergonzada con la dignidad.
Es la crisis de valores y principios de la clase dirigente antioqueña.
