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ANDÁ PA’ALLÁ BOBO

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Publicado

en

 Por: William Calderón

Andá pa’allá bobo

Esta famosa frase de Lionel Messi sirve para señalar el papel que para el gobierno nacional tienen los operadores funcionales de los comunistas en el poder, coloquialmente conocidos como ‘tontos útiles’ de la agenda socialista. Los primeros reclutados por Petro, fueron los miembros de las bancadas de los otrora gloriosos partidos tradicionales que, a cambio de puestos y contratos, sirven al mandato de turno, sin medir las consecuencias de sus actos y sin tener en cuenta la bitácora del autócrata presidente que ya muestra sin vergüenza sus colmillos, apropiándose primero del congreso y ahora de la justicia, tratando de acabar la división tripartita del poder público.

Los conejiaron con tiendas de mecato

A los conservadores los han ‘conejiado’ con Invías y la Aeronáutica Civil. A Carlos Trujillo le nombraron en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a Juan Carlos Beltrán, un hombre de 47 años que sin ruborizarse dice que su experiencia laboral es de 41 años. El Fincho Cepeda, defensor de la butifarra, no ha podido coronar la designación del presidente de Coljuegos, porque los candidatos presentados por él han trascendido a los medios, acusado uno de ellos por suplantación del otro en una entrevista, ¡válgame Dios! Se les esfumó también, casi en las manos, el contratico de 300.000 millones de la seguridad aeroportuaria. Es decir, “andá pa’ allá bobo”, sigan votando que, antes de terminar con la estructura del Estado Social de Derecho que conocemos, les van a conceder lo que en el Valle del Cauca, el exministro Humberto González Narváez llamaba “tiendas de mecato”.

Un profesor que produce pena ajena

El encumbrado profesor Néstor Osuna, quien, según los empleados del Ministerio de Justicia, sufre de mal genio y vive en estado de permanente de frenetismo, ha puesto a tambalear la Ley 2272 de 2022 que prorrogó en el tiempo la Ley 418 de 1997, porque se le olvidó que debía ir acompañada del visto bueno de la Comisión de Política Criminal, asunto que no tramitó en la oportunidad, pretendiendo a posteriori que se firmara el documento con una fecha anterior, induciendo a la comisión a cometer el delito de falsedad ideológica en documento público, a lo cual sus miembros se negaron. Duelen los oídos y cuesta trabajo escuchar al eminente catedrático del Externado de Colombia, afirmar sin rubor alguno, que la libertad de los condenados y acusados de la primera línea, es asunto atinente al Presidente de la República como máximo responsable del orden público y no de los jueces. Nos deja este jurista, perplejos, desconcertados y avizorando lo que nos espera.

Se le llenó la boca

A Alfonso Prada se le llena la boca de satisfacción cuando dice que dichos sindicados y condenados van a colaborar con la conflictividad social en el marco de la paz total. El Presidente Petro anuncia que 100 mil individuos del colectivo creado para defensa de su gobierno, recibirán 1 millón de pesos mensuales como gestores de paz, con la intención de que estas personas no se conviertan en delincuentes.

Ay de un país

¡Ay de un país que no castiga el delito y por el contrario, premia a los bandidos! Mejor sería que este billón 200 mil millones se invirtieran en ampliar la cobertura y la calidad de la educación, en promover la ciencia, la tecnología y el emprendimiento de quienes se aventuran a hacer empresa en este país. Transformados de ayer a hoy en gestores de paz, ignoramos de quién son voceros y cómo realizarán su gestión; o será que, definitivamente se está reconociendo que el tal estallido social fue una actividad terrorista prohijada por el ELN y las FARC en armas.

La reforma tributaria

La que ayudaron a aprobar los conservadores que hoy nos avergüenzan, Carlos Trujillo y Efraín Cepeda, servirá para afianzar la fidelidad de los grupos afines al petrismo, así: 1.2 billones para la primera línea, 500 mil pesos para 3 millones de adultos mayores y otro tanto para madres cabeza de hogar. Además de 2 billones de subsidio del SOAT, medida que atenta contra el presupuesto de la salud que alimentaba ese rubro.

El ministerio de la desigualdad

Ya crearon el Ministerio de la Igualdad para ahondar las diferencias entre el ciudadano del común y los que pertenecen a los grupos segmentados que favorecerán bajo las directrices del Polo Democrático y la Vicepresidente, Francia Márquez.

Nos están matando

El aumento de los asesinatos de los líderes sociales es de 43% en el gobierno de Petro. Más de 30 niños han muerto por desnutrición en la Guajira, mientras la buena vecina Concha Baracaldo, directora del ICBF, guarda silencio. Los enfrentamientos entre grupos armados que defienden su renta coquera ascienden a 66. En 5000 casos han aumentado los hurtos en el país. Pero, le gritaban a voz en cuello a Iván Duque, “nos están matando”.

Buenos deseos en esta temporada

Desde esta tribuna, agradecemos a todos nuestros lectores su paciencia, comprensión y lealtad. Les deseamos salud, unión familiar, alegría y serenidad para enfrentar el mañana. Que el Niño Dios llegue para todos, cargado de verdadera paz y amor.

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TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

Publicado

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Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

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LA TOMA HOSTIL E HIDROITUANGO

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Por: Julio Enrique González Villa

Quintero Calle es el gran enemigo de Hidroituango y de EPM. Recuerdo el que le haya arrojado un queso en la cara a nuestra empresa insigne en plena campaña electoral:

“En 2018, Quintero Calle le arrojó un queso al Gerente de EPM (en ese entonces Jorge Londoño de la Cuesta) en plena reunión con el concejo municipal, cuando la crisis de la contingencia de Hidroituango estaba en desarrollo. Dio a entender que algo olía mal -como un queso corrupto- en la construcción de la represa. En consecuencia, sobre estos hechos ruidosos y mediáticos, Quintero se hizo candidato a la alcaldía de Medellín en el 2019.” https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/los-quesos-del-alcalde-quintero

El 7 de septiembre del 2018 Quintero Calle espetó en su cuenta de Twitter:

“Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia de Medellín y Antioquia. Es necesario encontrar el punto en el que desviamos el camino, corregir, levantarnos de nuevo y salir adelante.”

Quintero Calle acusó a los contratistas de Hidroituango de corruptos, por lo que estos se vieron obligados a radicar las denuncias correspondientes. https://www.elespectador.com/economia/constructores-de-hidroituango-denunciaron-ante-la-fiscalia-al-alcalde-quintero/

Hoy Hidroituango no es un proyecto, es una realidad. De ocho (8) turbinas de generación de energía hidroeléctrica, están ya en pleno funcionamiento (3 de febrero del 2023) dos (2), ofertando energía para todo el país y recibiendo casi un millón de dólares diarios por la venta efectiva de esa energía.

EPM ha demostrado que el proyecto Hidroituango no sólo era viable, sino que no hubo corrupción, pues pagaron las aseguradoras todo el siniestro y la Contraloría General de la República terminó el proceso que hubo adelantado.

La ingeniería antioqueña (EPM, Coninsa, Conconcreto, Sedic, Integral) ha salido avante y queda consignado que hubo un siniestro que aglutinó a Antioquia en una sola intención.

Antioquia sólo tiene dos opciones serias, grandes, de generación de riqueza: la minería de su oro y la generación hidroeléctrica. Antioquia no puede renunciar a ellos porque sería renunciar a su propia naturaleza, a su propia historia, a su sustancia.

La generación de energía hidroeléctrica usando su río, el Cauca, que la atraviesa de sur a norte por toda su mitad, es un imperativo. Si se logró atravesar y contener el río Cauca con su caudal promedio de 1.000 o 1.500 metros cúbicos por segundo en Hidroituango, hay que hacer otras dos presas que complementen ese desarrollo energético: una, aguas arriba y otra, aguas abajo del proyecto. No sólo hay que abastecer al país de la energía que requiere sino exportar energía. La energía es la fuerza que hace desarrollo.

Después de la visita física que hicimos a las profundidades del proyecto, de constatar el avance de la instalación de las otras dos turbinas (3 y 4), de verificar el compromiso del personal de EPM liderado por el ingeniero William Giraldo y de todos aquellos que llevan 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 años en EPM dando lo mejor de sí, a pesar de este infantil, irresponsable, malintencionado alcalde de Medellín (Quintero Calle) y el séquito que embutió en la cúpula administrativa de EPM cambiando a todos los vicepresidentes y trayéndonos un bogotano que ni sabía donde queda Maturín ni Amador, no queda sino sentirnos orgullosos de nuestras Empresas Públicas de Medellín y seguir luchando contra esta Toma Hostil de nuestra ciudad.

Julio González Villa

Concejal de Medellín

Profesor Universitario

Abogado

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