La Policía anunció la apertura de un caso disciplinario contra un patrullero acusado de torturar al funcionario Juan Ricaurte en el sur de Bogotá.
Juan Ricaurte, dragoniante del Inpec que trabaja en la cárcel La Picota, denunció ser víctima de tortura por parte de policías en la localidad de Kennedy. Sobre la acusación, respaldada con un video, el abogado habló en Mañanas BLU.
Los hechos se registraron el 24 de septiembre. El funcionario aseguró que tardó un mes en hacer la denuncia por miedo a represalias contra su vida y familia.
«Formalmente se radicaron documentos de denuncia el 27 de octubre ante los entes de control, incluyendo la Metropolitana de Bogotá, donde se anexaron los respectivos videos y la secuencia de los hechos», contó.
Según Ricaurte, no es cierta la versión de la Policía de que estuviese haciendo disparos al aire y que los uniformados intentaron llevársela sin ningún tipo de justificación, pues no estaba siendo portada y se encontraba guardada en un establecimiento comercial de la familia.
«En la tienda de mi suegro nos encontrábamos hablando con unos vecinos. Estaba cerrado para el público, cuando vemos que baja la Policía, para un procedimiento de rutina, de forma rápida, como lo muestran los videos. Posteriormente hacen una ronda, paran en el negocio, nos solicitan una requisa a lo cual se accede sin ningún tipo de inconveniente, así como la entrega de documentos de identidad», narró el dragoniante del Inpec.
«Ingresan los uniformados al establecimiento sin ningún tipo de permiso ni nada por el estilo, saca un arma traumática que es de mi propiedad y cuenta con todos los documentos reglamentarios. Lo único que manifiestan estos uniformados es que se la llevan, que la reclame mañana, ante lo cual no me suministran ningún tipo de documento«, añadió.
El demandante aseguró que en tres ocasiones lo intentaron asfixiar, dos de ellas, al parecer en represalia por reclamar que se le diera algún tipo de soporte de la retención del arma traumática.
«Eso sucedió en tres ocasiones. Inicialmente fue porque saqué mi celular y estaba grabando el procedimiento. Al ver la negativa de que me entregaran un soporte sobre el arma. Los grabé y les señalé que había cámaras en el sector. Eso enfureció a los uniformados y me tiran al piso, me esposan y el resto de los hechos ya se conoce», describió.
«Cuando estoy esposado en el barrio Palenque, tengo un problema respiratorio, estoy de pie y a la negativa, al sentarme, uno de estos uniformados, el mismo que inició la lesiones contra mí, me tira, me ahorca, me coloca la rodilla en el piso. Lo muestran los videos», complementó.
La tercera oportunidad en que intentó ser asfixiado, según el denunciante, fue en la URI de Kennedy, por negarse a suministrar la clave de su teléfono celular.
«Se suma a estas lesiones un señor patrullero que estaba en la celda, de apellido Mondragón al parecer. Soy desmayado dos veces allá también en la modalidad de ahorcamiento, porque me negaba a darles la contraseñal del celular, el cual estaba en propiedad de los uniformados», aseguró Ricaurte.
Estando en la URI el maltrato aumento, hasta el punto que fue amenazado “lo vamos a embalar”, fueron las palabras que usaron para intimidarlo y no le permitieron ir al baño, además, hasta le desbloquearon su celular y sin ningún tipo de permiso revisaron toda su información personal.
“No me permitieron ir al baño y tuve que orinarme en los pantalones. Me echaban agua para que no me durmiera, yme decían que esto es para que no se le olvide que las calles las manejamos nosotros”, relató Ricaurte.
Según el testimonio de Juan Ricaurte, en ningún momento opuso resistencia ni se negó a los procedimientos.
«En la segunda agresión ya se muestran bastantes uniformados y lo que trato es como forcejear porque ya estaba reducido, enganchado, me superan en número. No me encontraba bajo sustancias psicoactivas porque no las consumo. No me encontraba bajo estado de embriaguez porque tampoco es así. Es ilógico que vengan a excusarse», sostuvo.
Por ahora la institución no se ha pronunciado, pero la víctima aseguró que ya instauró la denuncia correspondiente de los hechos e identifico a los policías que abrían perpetrado los hechos. Por su parte el concejal Diego Cancino comentó que: “Estos hechos deben ser investigados y los responsables, varios identificados por la víctima, deben asumir las consecuencias. Necesitamos construir una policía que inspire confianza, que cuide la vida y respete los derechos humanos”.
