Por: Carlos Andrés Ríos Puerta
La narrativa sobre la paz total que ha impuesto el gobierno en los diferentes escenarios dista mucho de las realidades que se viven en el territorio nacional, con el agravante de que la Fuerza Pública se encuentra maniatada para operar, y en su lugar, cada día son más los sodados y policías víctimas del terrorismo.
Estas acciones criminales son sin duda alguna, perpetradas por Grupos Armados Organizados -GAO- que delinquen mientras se sientan a negociar con el gobierno; si sumamos, por ejemplo, los eventos de incumplimiento de cese al fuego y los eventos de incumplimiento de cese de hostilidades contra la población civil entre el 01 de enero y el 29 de junio del presente año, estas suman 151 acciones violentas, según Indepaz.
Entre los departamentos con más eventualidades de no cese al fuego, encontramos en primer lugar Cauca con 25 acciones de asedio terrorista; le siguen Antioquia con 11, concentrados en su mayoría en el Bajo Cauca; Nariño (8), Valle del Cauca (5), Chocó (2), viéndose además afectados los territorios de Arauca, Caquetá, Bolívar, Guaviare, Huila, Magdalena y Norte de Santander.
Más grave aún son las cifras de hostilidades en estos mismos territorios en donde Cauca (30), Antioquia (9), Nariño (9), Caquetá (10) y Putumayo (6) son los departamentos con más atentados y los más afectados son la población civil, pues tan solo entre el 1 de enero y el 18 de septiembre del 2023, se han presentado 64 masacres, dejando 205 víctimas mortales.
Si miramos los grupos ilegales, encontramos que la Segunda Marquetalia ha incumplido en 27 oportunidades los compromisos de cese al fuego y de hostilidades; el Estado Mayor Central 120 veces, ELN 31, Clan del Golfo 16, y los Pachenca en una ocasión. Esto representa una clara burla de parte de los narcoterroristas al pueblo colombiano, pero sobre todo, refleja la inacción operacional del Gobierno Nacional frente a las estructuras criminales, mientras estas mismas se sientan a dar cátedra de paz en medios de comunicación y en mesas de diálogos que propician la impunidad y robustecen su logística criminal.
Presidente Petro, nada, ni siquiera bajo la identificación ideológica, se debe permitir la suspensión de la actuación operacional de la Fuerza Pública contra los grupos ilegales, esto con base en los deberes constitucionales que le competen, como proteger la vida, bienes y honra de los colombianos. Tampoco es admisible dejar de perseguir las rentas criminales, que son el verdadero motor y generador de violencia en el país. Se deben incrementar las acciones contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas, y en el mismo sentido, fortalecer la institucionalidad con inteligencia militar y protección jurídica para nuestros soldados y policías de tierra, mar y aire.
Como vamos, vamos mal, la gente en los territorios lo manifiesta a viva voz, y el resultado es que no tendremos paz total sino un retroceso a nuestras antiguas violencias.
Por: Carlos Andrés Ríos Puerta
Concejal de Medellín, Ex viceministro de Defensa
@CarlosARiosP
