El expresidente Álvaro Uribe ha decidido enfrentar de frente las recientes acusaciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que Uribe tenía conocimiento de la masacre del Aro. Contrariamente a sus anteriores intentos de defenderse, Uribe ha anunciado que solicitará ser escuchado por la Fiscalía y la Comisión de Acusación.
Frente a las declaraciones incriminatorias de Mancuso, el líder del Centro Democrático ha negado categóricamente su implicación en la masacre del Aro. Buscando cambiar el curso de la narrativa, Uribe anunció a través de su cuenta de Twitter que pedirá a sus abogados, Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya, que presenten una solicitud para ser escuchado y ofrecer su versión libre sobre el caso y las acusaciones de paramilitarismo.
“He pedido a los drs Jaime Granados, Jaime Lombana y Juan Felipe Amaya que soliciten a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación, me reciban versión libre sobre paramilitarismo y las declaraciones de Salvatore Mancuso”.
En un intento adicional de desacreditar las afirmaciones de Mancuso, Uribe envió una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 20 de noviembre. En la misiva, el expresidente destacó las aparentes contradicciones en las declaraciones del exjefe paramilitar. Mancuso, según Uribe, inicialmente afirmó que Pedro Juan Moreno, exsecretario de Gobierno de Antioquia, no tenía conocimiento de la masacre de la Granja, pero luego cambió su versión.
“Mancuso dijo a Justicia y Paz que Pedro Juan Moreno, no sabía de la masacre de la Granja. Ahora dice lo contrario”, señaló Uribe en la carta.
Además, Uribe cuestionó la veracidad de otras afirmaciones de Mancuso, incluida la supuesta contribución de dos millones de pesos a su campaña en Córdoba. Argumentó que estas acusaciones no se hicieron mientras el supuesto contribuyente, José María Maroso, estaba vivo.
La próxima acción de los abogados de Uribe para solicitar la versión libre y la respuesta de la JEP a las supuestas contradicciones de Mancuso generan gran expectación en la opinión pública. El desenlace de esta situación podría tener repercusiones significativas en el panorama político de Colombia y en la percepción de la figura de Álvaro Uribe.
