Conectate con nosotros

Columnistas

SOMOS DIFERENTES

Columnistas

Publicado

en

Por: Raúl E Tamayo Gaviria

En mi paso por la junta directiva de Metromed, como secretario de Tránsito de Medellín, en la alcaldía del doctor Luis Alfredo Ramos Botero, conocí a don José Blanco Miguel. Un extraordinario abogado español del Metro con quien hice mucha amistad.

Años más tarde, de viaje por España, visitamos a Pepe en su casa de Mérida, Badajoz, en una ronda con mi esposa y los inolvidables amigos Gustavo Gutiérrez y Estela Villa, compañeros musicales de muchos años.

Salimos un día a almorzar con Pepe y Lally, su esposa, y como Pepe no dejaba que pagáramos las cuentas, mi esposa que manejaba la “vaca”, le entregó a Gustavo la “billetera temporal” del paseo, sin que nuestro invitado se diera cuenta. Gustavo pidió permiso para “ir al baño”, pero fue y canceló la cuenta del restaurante.

Momentos más tarde, Pepe pidió la cuenta y el barman le dijo que la cuenta estaba cancelada. El abogado nos miró a Gustavo y a mí, y furioso dijo:

¡Vosotros, lo colombianos, sois unos “cursis”, decís, que vais a mear y pagáis la cuenta!

Y ahora veo que mi amigo Pepe, tenía razón. En Colombia hay asociaciones que defienden la vida de las ardillas y los pájaros, de las tortugas y los micos aulladores; pero formadas por los mismos jóvenes que defienden el aborto para asesinar niños antes de nacer.

En Colombia elegimos alcaldes democráticamente, según las normas constitucionales y estos alcaldes traen y patrocinan indígenas de otras jurisdicciones para que, con bastones de madera y cintas de colores, paralicen el tránsito, interrumpan el paso de buses y camiones con los víveres y alimentos.

Indígenas del departamento del Cauca, que llegaron, unos en chivas y otros en narcotoyotas con protección armada de la UNP, ayudaron a que los vándalos, ladrones e incendiarios, destruyeran a Cali. Pero el arzobispo de Calí, Darío Monsalve, les pide perdón a los que con su presencia y apoyo contribuyeron a la destrucción de Cali.

En Medellín, nuestro alcalde Daniel Quintero, invita y patrocina la llegada de indígenas de municipios diferentes a su jurisdicción, para que vengan a protestar en contra de unas reformas que ya se retiraron del Congreso. Una minga indígena que viene a apoyar a los vándalos que destruyeron las oficinas de la Personería Municipal. Vi los videos que mostraron la oficina del doctor William Yeffer Vivas Lloreda y las oficinas de los defensores de Derechos Humanos, completamente destruidas. ¿Cómo se entiende que un alcalde apoye con hospedaje en las instalaciones deportivas del Municipio a quienes vienen a protestar en contra del Gobierno? ¿Será porque “somos diferentes”?

Cuando hubo la presencia de la escandalosa Minga del Cauca en Bogotá, se les decomisaron y destruyeron 63 laboratorios de procesamiento de cocaína en los territorios que habían abandonado los indígenas protestantes. ¿Será que de pronto aparece el narcoguerrillero Santrich, en la plaza de Andes o en Cristianía?

Ñapa: La Asamblea Departamental debería promover un encuentro de los parlamentarios antioqueños para refinanciar el funcionamiento de las personerías municipales bajo la presidencia del doctor William Yeffer Vivas, personero de Medellín.

Sigue leyendo
Haz clic para comentar

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Columnistas

TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

Publicado

en

Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

Sigue leyendo

Columnistas

LA TOMA HOSTIL E HIDROITUANGO

Columnistas

Publicado

en

Por: Julio Enrique González Villa

Quintero Calle es el gran enemigo de Hidroituango y de EPM. Recuerdo el que le haya arrojado un queso en la cara a nuestra empresa insigne en plena campaña electoral:

“En 2018, Quintero Calle le arrojó un queso al Gerente de EPM (en ese entonces Jorge Londoño de la Cuesta) en plena reunión con el concejo municipal, cuando la crisis de la contingencia de Hidroituango estaba en desarrollo. Dio a entender que algo olía mal -como un queso corrupto- en la construcción de la represa. En consecuencia, sobre estos hechos ruidosos y mediáticos, Quintero se hizo candidato a la alcaldía de Medellín en el 2019.” https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/los-quesos-del-alcalde-quintero

El 7 de septiembre del 2018 Quintero Calle espetó en su cuenta de Twitter:

“Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia de Medellín y Antioquia. Es necesario encontrar el punto en el que desviamos el camino, corregir, levantarnos de nuevo y salir adelante.”

Quintero Calle acusó a los contratistas de Hidroituango de corruptos, por lo que estos se vieron obligados a radicar las denuncias correspondientes. https://www.elespectador.com/economia/constructores-de-hidroituango-denunciaron-ante-la-fiscalia-al-alcalde-quintero/

Hoy Hidroituango no es un proyecto, es una realidad. De ocho (8) turbinas de generación de energía hidroeléctrica, están ya en pleno funcionamiento (3 de febrero del 2023) dos (2), ofertando energía para todo el país y recibiendo casi un millón de dólares diarios por la venta efectiva de esa energía.

EPM ha demostrado que el proyecto Hidroituango no sólo era viable, sino que no hubo corrupción, pues pagaron las aseguradoras todo el siniestro y la Contraloría General de la República terminó el proceso que hubo adelantado.

La ingeniería antioqueña (EPM, Coninsa, Conconcreto, Sedic, Integral) ha salido avante y queda consignado que hubo un siniestro que aglutinó a Antioquia en una sola intención.

Antioquia sólo tiene dos opciones serias, grandes, de generación de riqueza: la minería de su oro y la generación hidroeléctrica. Antioquia no puede renunciar a ellos porque sería renunciar a su propia naturaleza, a su propia historia, a su sustancia.

La generación de energía hidroeléctrica usando su río, el Cauca, que la atraviesa de sur a norte por toda su mitad, es un imperativo. Si se logró atravesar y contener el río Cauca con su caudal promedio de 1.000 o 1.500 metros cúbicos por segundo en Hidroituango, hay que hacer otras dos presas que complementen ese desarrollo energético: una, aguas arriba y otra, aguas abajo del proyecto. No sólo hay que abastecer al país de la energía que requiere sino exportar energía. La energía es la fuerza que hace desarrollo.

Después de la visita física que hicimos a las profundidades del proyecto, de constatar el avance de la instalación de las otras dos turbinas (3 y 4), de verificar el compromiso del personal de EPM liderado por el ingeniero William Giraldo y de todos aquellos que llevan 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 años en EPM dando lo mejor de sí, a pesar de este infantil, irresponsable, malintencionado alcalde de Medellín (Quintero Calle) y el séquito que embutió en la cúpula administrativa de EPM cambiando a todos los vicepresidentes y trayéndonos un bogotano que ni sabía donde queda Maturín ni Amador, no queda sino sentirnos orgullosos de nuestras Empresas Públicas de Medellín y seguir luchando contra esta Toma Hostil de nuestra ciudad.

Julio González Villa

Concejal de Medellín

Profesor Universitario

Abogado

Sigue leyendo

Síguenos en Facebook

Síguenos en Twitter


Lo más Leído

Copyright © 2023 Totus Noticias. Desarrollado por Totus Agencia Creativa