Por contratos irregulares de la Ruta del Sol II, 4 ex funcionarios de la ANI fueron imputados

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El escándalo por presuntas irregularidades en la celebración del contrato de la ‘Ruta del Sol II’ continúa, pues en fechas recientes la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cuatro exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por el delits de interés indebido en la celebración de contratos. 

Se trata del exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno, Andrés Figueredo Serpa; del exgerente de Proyectos Carreteros, Daniel Tenjo Suarez; el exgerente financiero, Emerson Leonardo Durán Vargas; y del profesional experto, David Leonardo Montaño García, quienes según el ente investigador estarían involucrados en la aprobación irregular de otrosíes.

“Estas personas habrían tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 4, 5, 8 y 10 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’”, así lo informó la Fiscalía a través de un comunicado.

La entidad añadió que estas personas aprovecharon sus cargos para “formular, avalar, aprobar y firmar estudios de conveniencia y actas de comité de contratación, entre otras actuaciones, que les dieron viabilidad a las adiciones hechas al proyecto vial”.

Estas modificaciones habrían jugado a favor del concesionario del que hacía parte Odebrecht. Con dicho ajuste de las condiciones técnicas y financieras no requerían estudios serios, beneficiando al contratista. 

«De esta manera, fueron modificadas y ajustadas las condiciones financieras y técnicas del contrato en favor del concesionario, del que hacía parte Odebrecht, sin que existieran estudios serios y completos, propiciando injustificadamente beneficios al contratista», expuso el ente.

En ese sentido, la Fiscalía señaló que los peritos “constataron que se ampliaron plazos, ajustaron cronogramas de obra, fueron omitidas las sanciones por demoras y no se impusieron multas al concesionario por más de 35.800 millones de pesos”.

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La Fiscalía concluyó que a estas personas a quienes se les imputaron los cargos, serían las responsables de ampliar los plazos y ajustaran los cronogramas de obras. “Se comprometieron recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y se desafectó un tramo por un valor de 19.976 millones de pesos, cuando debió hacerse por una suma superior a 65.395 millones de pesos”, narra el comunicado.

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