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Parece que la historia se repite

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Publicado

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Por: Jaime Eduardo Botero Gómez

Ya es costumbre que, cuando las noticias se centran en algún hecho que no conviene a la izquierda radical o a quienes los favorecen, la arremetida contra las Fuerzas Militares no se hace esperar. Es el caso de las recientes noticias sobre testimonios en contra de Juan Manuel Santos, por parte de sus cómplices, en el caso Odebretch que enlodan sus campañas presidenciales y casi simultáneamente el destape del llamado “hacker Sepúlveda” quien ha declarado que fue presionado, amenazado y obligado a dar falsos testimonios contra Uribe y contra el candidato uribista, quien había ganado la primera vuelta y punteaba en las encuestas, lo que demuestra que SI hubo un montaje siniestro para robarle la presidencia a Óscar Iván Zuluaga en 2014.

A partir de estas noticias, rápidamente la JEP sacó un informe sobre el número de falsos positivos que se produjeron en el gobierno de Alvaro Uribe, cifra completamente inflada como ya es costumbre en los intentos por deslegitimar a las FFMM con un despliegue, sin precedentes, de medios a nivel nacional e internacional. Posteriormente vino el siguiente escándalo mediático a propósito del bombardeo en el Guaviare, contra las mal llamadas disidencias de las Farc, mas concretamente contra el grupo que comanda “Gentil Duarte”, en el cual murieron 13 guerrilleros entre los cuales, había una niña de 16 años. Todos estos ataques mediáticos llenos de falsedades son perfectamente coordinados.

Esta vez, un siniestro periodista, que un día utiliza su fachada de periodista y otro su mascara de político, Hollman Morris, quien nos ha demostrado desde hace años su estrecha amistad con las Farc, aliado con otro amigo de las Farc, Roy Barreras, conocido enemigo de las FFMM y del Gobierno, decidieron adelantarse a las noticias y armar un escándalo internacional, advirtiendo que habrían muerto, en este bombardeo, al menos 14 menores de edad entre los cuales habían dos (2) niños nueve (9) años. Por supuesto, los periódicos que sirven a la izquierda internacional, como El Pais de España, se apresuraron a publicar este brutal escenario sin contrastar los hechos y analizar si sus fuentes eran confiables. Imaginémonos las matemáticas de estos personajes, fueron dados de baja 13 guerrilleros pero murieron, según ellos, 14 menores de edad.

Recordemos la clase de periodista que es Hollman Morris, en una de las liberaciones de soldados en febrero de 2009, liberaciones coordinadas por otros amigos de las Farc (Piedad Córdoba y Hugo Chávez). A pesar de que en la misión de la Cruz Roja, que fue a recoger a los secuestrados que iban a ser liberdados, le negaran un cupo en el helicóptero, allá apareció. Contra toda advertencia y en contra de la ética de periodista procediió a entrevistar a los soldados, cuando estos aún se encontraban secuestrados y que se encontraban aún bajo la amenaza de los fusiles de las Farc, entrevistas estas encaminadas a tratar de mostrarle al mundo una falsa verdad (mentira) tan retorcida como las “primicias” que le dio en estos dias al diario El País.

Esta vez lo que pretendían Morris y Barreras, era hacer un debate en el Congreso que seguramente estaría seguido de una moción de censura contra el ministro Diego Molano, con el afán de desprestigiar al gobierno de Iván Duque y quizás lograr la renuncia del Ministro. Desafortunadamente para ellos, Medicina Legal pudo identificar a las bajas en el bombardeo y certificó que no existían, ni tal cantidad de menores y menos que hubieran niños de entre 9 y 13 años como se afirmaba por parte de los falsarios. Claro, si había una menor de edad, una muchacha de 16 años, pero claramente “enfusilada”, entrenada y vestida de guerrillera. Lamentable esta baja pero la operación de nuestras FFMM siguió todos los protocolos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que la hace completamente legítima. Es importante aclarar que ante el DIH, se consideran combatientes a partir de los 15 años, una triste realidad quisiéramos no ocurra más en Colombia.

Recordemos el bombardeo en el Caquetá (agosto de 2019) contra el campamento de “Gildardo Cucho”, operación también legítima pero mediáticamente satanizada por los mismos motivos. Esta generó un debate contra el ministro Guillermo Botero, quien para defender al Presidente decidió renunciar aunque la moción de censura no tuvo los votos para destituirlo.

Aquel bombardeo produjo 18 bajas (según informe de medicina legal) entre los cuales había 7 individuos menores de 18 años entre ellos uno de 12 años, uno de 15 años y el resto entre 16 y 17 años, pero el mismo Roy Barreras infló la cifra y redujo la edad de los menores que allí habían muerto. No solo Roy Barreras sino Iván Cepeda acompañados todos sus aliados en el Congreso han catalogado esta operación como una “masacre” adornada con la cereza de los “falsos positivos”, frase corta pero con alcance internacional, favorita en el lenguaje de estos señores de izquierda.

Esta situación no es nueva, desde hace muchos años hemos visto los recurrentes y cíclicos ataques contra nuestros militares, con el objetivo de desviar la atención de algún tema relevante y de paso mancillar su imagen. Pero casi todas estas acusaciones tienen algo en común, inflan las cifras, inflan las victimas, rebajan sus años y presentan un panorama aterrador.

No es difícil pensar que pronto aparecerán “familias desplazadas”, reclamando a sus “hijos desaparecidos” (en la operación reciente del Guaviare), representadas por alguna ONG del corte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y demandando a las FFMM y al gobierno por otro número elevado de supuestos asesinados o desaparecidos, como pasara en el Caguán hace tantos años. La estrategia está servida, se sabe como funciona y que funciona muy bien, vendrán las condenas contra nuestra Fuerza Pública y contra La Nación en La Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo más decepcionante es el periodismo colombiano que con el afán de vender periódicos dan crédito a todo lo que dicen estos señores sin ninguna contrastación, a las noticias infladas y difamatorias, rayando en el activismo periodístico. Lo más paradójico en estos casos, es que jamás escucha uno a los políticos y muchísimo menos a los periodistas, al menos cuestionar el fenómeno del reclutamiento, no analizan si la culpa de esas muertes es realmente de quienes reclutan a los menores de edad, de aquellos que en cumplimiento de unos libretos “revolucionarios” (que de revolucionarios no tienen nada, mas bien libretos criminales) siguen reclutando niños y niñas para convertirlos en “maquinas de guerra”, escudos humanos y en carne de cañón.

Frase desafortunada en estos tiempos, la del ministro Molano, pero cierta, esos menores reclutados los convierten en “maquinas de guerra”, con ella titularon casi todos los diarios en Colombia y varios por todo el mundo. Pero noten que la noticia es la frase del Ministro y no el reclutamiento de menores.

Hoy corresponde a los colombianos apoyar al Presidente, al Ministro y a las FFMM en la lucha contra los grupos armados, especialmente contra las Farc (mal llamadas disidencias), que ahora cuentan nuevamente con un brazo político en el Congreso, un partido en la “legalidad” y paralelamente tienen su brazo armado, como sucediera hace tantos años después de que firmaran un acuerdo de paz con Belisario Betancur: el grupo creó la Unión Patriótica (UP) y paralelamente otros siguieron en el terrorismo. ¡Bonito así!

Parece que la historia se repite con asombrosa semejanza, pero cada vez los efectos mediáticos son más demoledores.

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TEORÍA Y REALIDAD

Leidy Garcia Balvin

Publicado

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Por: José Gregorio Hernández

¿Para qué nos sirven tanta norma sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?

En un Estado de derecho, como su nombre lo indica, las normas jurídicas tendrían que ser eficaces. No bonitas construcciones teóricas, ni estatutos ideales, repletos de ilusiones y buenos deseos, ni anhelos colectivos jamás realizados. Tendrían que ser –mientras estén vigentes– reglas obligatorias, aplicadas, observadas, cumplidas.

Frente a un supuesto hipotético, la norma señala una consecuencia jurídica. El deber ser. Si, en la vida real, ante la ocurrencia del hecho tiene lugar la consecuencia jurídica señalada en la norma, esta ha cumplido su función en el seno de la sociedad. Si, por el contrario, esa consecuencia no ha tenido realización, debe ser aplicada la sanción consagrada en la norma. Dado A, debe ser B. Si B no es, debe ser C. Aplicada la sanción en ese evento, también la norma ha cumplido su función.

Pero el Estado debe examinar y valorar, a nivel global y con cierta periodicidad, si las normas jurídicas están cumpliendo su función, o si, por el contrario, no lo están haciendo. Si son eficaces, o si no lo son, para alcanzar los objetivos de beneficio general.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños.

Cuando se establece que, reiteradamente, ante los supuestos previstos por determinadas normas jurídicas, no se dan las consecuencias previstas en ellas, es lógico concluir que han sido inútiles; que se ha frustrado el propósito básico perseguido cuando se las profirió. ¿Qué hacer en tales casos? El Estado tiene que trazar una política legislativa y administrativa acorde con las finalidades que persigue el ordenamiento jurídico. Debe decidir, entonces, si esas disposiciones repetidamente inobservadas deben ser derogadas, reformadas, complementadas, o si procede mantenerlas, buscando nuevos mecanismos para su cumplimiento.

Traigo a colación, a título de ejemplo, lo que ocurre con las normas aplicables en Colombia sobre protección a los niños. Además de las constitucionales, tenemos las civiles, las penales, las del Código de Infancia y Adolescencia, las de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño (1989), las que regulan la actividad del ICBF, las relativas a comisarios de familia, y abundante jurisprudencia. Pero, como lo expresaba en columna anterior, la dolorosa realidad, que todos los días nos recuerdan las noticias sobre niños agredidos, maltratados y asesinados, violencia intrafamiliar –física y sexual–, acoso, abandono, muerte por hambre y desnutrición, a lo largo y ancho del territorio, es alarmante. En las aceras de Bogotá y otras ciudades vemos a diario a niños –inclusive algunos muy pequeños– pidiendo limosna, y nada hacen las autoridades al respecto.

Lo que cabe preguntar –me lo expresaba con franqueza una inteligente alumna de posgrado– se resume en pocas palabras: “¿Para qué nos sirven tanta norma y tanta jurisprudencia sobre protección a los niños, si se han quedado escritas?”.
Según el artículo 44 de la Constitución, los niños “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”. Exactamente lo contrario de lo que ocurre. Los niños no están protegidos contra ninguno de esos males. Al parecer, no están en las prioridades del Gobierno, ni en la gestión del ICBF ni en las preocupaciones de los alcaldes.

Por otra parte, aunque el mismo precepto declara que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, eso se cumple a la inversa en la realidad. Por ejemplo, en providencias judiciales, como la que dejó libre a un condenado por el delito de violencia sexual, dos días antes de que violara y asesinara a una niña de diez años.

El Estado colombiano está en mora de diseñar y poner en práctica una política real, efectiva y justa, orientada al cumplimiento de las normas vigentes y a la verdadera protección de los niños. Esa política debe prevalecer sobre otras, de menor urgencia y trascendencia. Ojalá lo haga el presidente Petro.

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LA TOMA HOSTIL E HIDROITUANGO

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Por: Julio Enrique González Villa

Quintero Calle es el gran enemigo de Hidroituango y de EPM. Recuerdo el que le haya arrojado un queso en la cara a nuestra empresa insigne en plena campaña electoral:

“En 2018, Quintero Calle le arrojó un queso al Gerente de EPM (en ese entonces Jorge Londoño de la Cuesta) en plena reunión con el concejo municipal, cuando la crisis de la contingencia de Hidroituango estaba en desarrollo. Dio a entender que algo olía mal -como un queso corrupto- en la construcción de la represa. En consecuencia, sobre estos hechos ruidosos y mediáticos, Quintero se hizo candidato a la alcaldía de Medellín en el 2019.” https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/los-quesos-del-alcalde-quintero

El 7 de septiembre del 2018 Quintero Calle espetó en su cuenta de Twitter:

“Hidroituango es el caso de corrupción más grande en la historia de Medellín y Antioquia. Es necesario encontrar el punto en el que desviamos el camino, corregir, levantarnos de nuevo y salir adelante.”

Quintero Calle acusó a los contratistas de Hidroituango de corruptos, por lo que estos se vieron obligados a radicar las denuncias correspondientes. https://www.elespectador.com/economia/constructores-de-hidroituango-denunciaron-ante-la-fiscalia-al-alcalde-quintero/

Hoy Hidroituango no es un proyecto, es una realidad. De ocho (8) turbinas de generación de energía hidroeléctrica, están ya en pleno funcionamiento (3 de febrero del 2023) dos (2), ofertando energía para todo el país y recibiendo casi un millón de dólares diarios por la venta efectiva de esa energía.

EPM ha demostrado que el proyecto Hidroituango no sólo era viable, sino que no hubo corrupción, pues pagaron las aseguradoras todo el siniestro y la Contraloría General de la República terminó el proceso que hubo adelantado.

La ingeniería antioqueña (EPM, Coninsa, Conconcreto, Sedic, Integral) ha salido avante y queda consignado que hubo un siniestro que aglutinó a Antioquia en una sola intención.

Antioquia sólo tiene dos opciones serias, grandes, de generación de riqueza: la minería de su oro y la generación hidroeléctrica. Antioquia no puede renunciar a ellos porque sería renunciar a su propia naturaleza, a su propia historia, a su sustancia.

La generación de energía hidroeléctrica usando su río, el Cauca, que la atraviesa de sur a norte por toda su mitad, es un imperativo. Si se logró atravesar y contener el río Cauca con su caudal promedio de 1.000 o 1.500 metros cúbicos por segundo en Hidroituango, hay que hacer otras dos presas que complementen ese desarrollo energético: una, aguas arriba y otra, aguas abajo del proyecto. No sólo hay que abastecer al país de la energía que requiere sino exportar energía. La energía es la fuerza que hace desarrollo.

Después de la visita física que hicimos a las profundidades del proyecto, de constatar el avance de la instalación de las otras dos turbinas (3 y 4), de verificar el compromiso del personal de EPM liderado por el ingeniero William Giraldo y de todos aquellos que llevan 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 años en EPM dando lo mejor de sí, a pesar de este infantil, irresponsable, malintencionado alcalde de Medellín (Quintero Calle) y el séquito que embutió en la cúpula administrativa de EPM cambiando a todos los vicepresidentes y trayéndonos un bogotano que ni sabía donde queda Maturín ni Amador, no queda sino sentirnos orgullosos de nuestras Empresas Públicas de Medellín y seguir luchando contra esta Toma Hostil de nuestra ciudad.

Julio González Villa

Concejal de Medellín

Profesor Universitario

Abogado

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