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«O salimos mejores o salimos peores»: Conferencia Episcopal sobre Reforma Tributaria

En el texto los obispos católicos de Colombia firmantes proponen ante la opinión pública unas reflexiones.

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Imagen tomada de www.radionacionaldecolombia.co

La Conferencia Episcopal Colombiana se pronunció en un comunicado sobre sus percepciones de la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno Duque y que ha generado grandes manifestaciones de rechazo en todo el país.

En el texto los obispos católicos de Colombia firmantes proponen ante la opinión pública las siguientes reflexiones:

“Es necesario que, en todo este proceso, como lo ha reiterado continuamente el Papa Francisco, se mantenga como horizonte el servicio a la dignidad de la persona humana… El Papa también lo ha expresado diciendo que hay que buscar un pacto para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana”.

Los prelados exhortaron a que —en un momento tan complejo en todos los niveles de la vida del país— se tome conciencia de la gravedad de los problemas que afronta la población “y sobre todo, de las implicaciones que tendrían las reformas planteadas para los sectores más pobres y vulnerables, en medio de una profunda crisis sanitaria, económica y social”.

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En su tercer punto, los jerarcas de la iglesia católica invitaron a quienes tienen injerencia en la discusión del proyecto de ley a que se acerquen a la realidad que se está viviendo para suscitar un diálogo amplio sobre los puntos de la reforma.

“Hay que pensar en los obreros, en los campesinos, en los indígenas y afrocolombianos, en los jóvenes, en las familias, en los estudiantes y docentes, en quienes sufren las consecuencias de la violencia que se ha recrudecido en casi todo el territorio nacional”, expresaron en la misiva.

Para los obispos la discusión en el Congreso sobre este proyecto debe hacerse con la mayor responsabilidad y transparencia, de modo que brille siempre el interés por el bien común, la equidad social y la justicia.

“Conviene enfatizar algunos criterios fundamentales que deberían tenerse en cuenta a la hora de concretar las medidas de una eventual reforma: que se multipliquen y fortalezcan las formas de economía solidaria. Que se potencien e incentiven la tarea de las organizaciones que se dedican a la promoción social y a la asistencia humanitaria. Que se le apunte a la inversión social, que propicia el desarrollo económico a largo plazo, y no simplemente al gasto para solucionar temporalmente algunas necesidades. Que se resalte el aspecto ético de la economía, como una corriente que contrarreste las destructivas prácticas de la corrupción pública y privada, la evasión fiscal y de las llamadas economías ilegales. Que se promueva la austeridad en el gasto público y se evidencien efectivos controles”, propusieron los prelados.

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La Conferencia episcopal también exhortó a que se sopese la oportunidad de cada medida, teniendo en cuenta que, en este momento, dados los índices de desempleo, de pobreza y de otras limitaciones que se han acentuado enormemente por la pandemia, hay medidas tributarias que no harían más que agravar las condiciones de las personas menos favorecidas y acrecentar el número de ellas, tal como lo demostró la última publicación del DANE que señala que casi la mitad del país es pobre.

“La Iglesia ha reiterado que de una crisis no se sale igual: o salimos mejores o salimos peores. Por ello en esta coyuntura critica el deber es repensar el futuro de nuestra nación, y emprender juntos la tarea de realizar un proyecto común para el país”, agregaron en la misiva.

Finalmente, los firmantes del comunicado indicaron que “como pastores del pueblo de Dios, pedimos la asistencia y la iluminación del Espíritu Santo para quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones con respecto al proyecto de reforma tributaria”.

La carta la firman Óscar Urbina Ortega, Arzobispo de Villavicencio y Presidente de la Conferencia Episcopal; Ricardo Tobón Restrepo, Arzobispo de Medellín y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal; Fabio Suescún Mutis, Obispo Emérito Castrense y Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Caritativa; y Elkin Fernando Álvarez Botero, Obispo de Santa Rosa de Osos y Secretario General de la Conferencia Episcopal.

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Protestas frente a la Corte Suprema: ¿Intento de ingreso al tribunal tras la no elección del fiscal?

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En una jornada marcada por la expectativa, un grupo de manifestantes expresó su descontento frente a la Corte Suprema de Justicia tras conocerse que los magistrados no lograron elegir al reemplazo del actual fiscal general, Francisco Barbosa. Las protestas, que tuvieron lugar frente al Palacio de Justicia, dejaron interrogantes sobre la promesa del presidente Gustavo Petro de que las marchas del 8 de febrero no buscarían influir en las decisiones del tribunal.

A pesar de las advertencias de Petro, algunos manifestantes expresaron su frustración empujando las vallas que rodean la sede de la Corte Suprema e incluso lanzaron gritos contra los magistrados. En redes sociales, la pregunta resonó: ¿no que las marchas del 8 de febrero no eran para presionar a la Corte Suprema?

Dos rondas de votación no fueron suficientes para que ninguna de las candidatas propuestas por el presidente Petro obtuviera los sufragios necesarios por parte de los magistrados. El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, afirmó que la sesión transcurrió con normalidad pese a las manifestaciones en las afueras del Palacio de Justicia.

La próxima oportunidad para elegir al nuevo fiscal será el jueves 22 de febrero de 2024, cuando se realizará una nueva sesión de la sala plena. Mientras tanto, deberá designarse un fiscal encargado, ya que el actual fiscal general, Francisco Barbosa, se retirará de su cargo el 12 de febrero.

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La designación temporal de Martha Mancera como vicefiscal para suplir a Francisco Barbosa ha generado controversia, especialmente entre sectores del petrismo. A pesar de las críticas, Gustavo Petro reafirmó que las marchas convocadas para el 8 de febrero no tenían como objetivo presionar a la Corte Suprema de Justicia.

Las tres mujeres seleccionadas por el mandatario para la elección de la nueva fiscal general son Ángela María Buitrago Ruiz, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra. La incertidumbre sobre quién liderará la Fiscalía General de la Nación persiste, mientras las protestas y la atención nacional se centran en el proceso de selección y las decisiones que se tomarán en las próximas semanas.

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Colombia recibe a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que arribaron al país

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Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas arribaron a Colombia el miércoles, 7 de febrero, como parte de una visita oficial al país con el propósito de conocer de primera mano los avances y desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, así como la importancia de los diálogos en curso con el ELN y el autodenominado Estado Mayor Central (EMC).

La visita de los integrantes del Consejo se da en medio de un contexto marcado por la suspensión del canciller Álvaro Leyva por tres meses, en el marco de una investigación disciplinaria sobre presuntas irregularidades durante el proceso de licitación de pasaportes.

Durante su estadía en Colombia, que se extenderá hasta el próximo 11 de febrero, los embajadores de los países que conforman el Consejo de Seguridad realizarán diversas actividades, incluyendo reuniones y sesiones en territorio colombiano.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Taylor, destacó la importancia de la visita del Consejo de Seguridad, resaltando los mandatos de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz y la relevancia de los puntos en los que se centra, como la reforma integral rural y la reincorporación de excombatientes.

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Esta es la tercera visita que realiza el Consejo de Seguridad a Colombia. La primera tuvo lugar en enero de 2023, cuando se amplió el mandato de la Misión de Verificación de la ONU. En esta ocasión, se espera que el Consejo se reúna con representantes de los pueblos étnicos por primera vez, con el objetivo de comprender mejor los esfuerzos del Gobierno colombiano para consolidar la paz y proteger la vida en los territorios.

La agenda del Consejo incluye encuentros con representantes del Gobierno colombiano, firmantes del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Congreso de la República. También se prevén visitas a espacios territoriales de reincorporación y reuniones con organizaciones de mujeres, así como encuentros con representantes de víctimas, sociedad civil y otras instituciones.

El representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó que la visita del Consejo de Seguridad es un reconocimiento al compromiso del Gobierno Nacional con la paz y demuestra el apoyo de la comunidad internacional a los esfuerzos de Colombia para superar las violencias por vías pacíficas y democráticas.

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La Procuraduría abre investigación contra Álvaro Leyva por desacatar la suspensión

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En el marco de la suspensión temporal impuesta por la Procuraduría General de la Nación al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; recientemente, la defensa de Leyva se pronunció, asegurando que su cliente cumplirá la suspensión disciplinaria de tres meses únicamente después de que el presidente Gustavo Petro designe a su reemplazo. 

En el documento dirigido al procurador de la Sala Ordinaria de Juzgamiento, Ernesto Espinosa, se detalla que Leyva «no puede separarse del ejercicio de sus funciones sin que exista un acto administrativo que así lo protocolice por parte de su nominador».

En medio de esta situación, la Procuraduría insiste en la necesidad de que Álvaro Leyva cumpla con la suspensión provisional de tres meses, mientras la fecha del juicio disciplinario se acerca.

Nueva investigación contra el canciller Leyva

Por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional, el Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leyva Durán. La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran “las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería”, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes.

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En el mismo sentido, el organismo de control sostuvo que investigará el supuesto incumplimiento de Leyva del que informaron varios medios de comunicación del país, y en el que se alude su continuidad en el cargo y su decisión de solo apartarse del mismo una vez el presidente nombre su reemplazo.

“La Entidad solicitó pruebas con el objeto de verificar la ocurrencia de los hechos enunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, detalla el documento.

Finalmente, la Procuraduría compulsó copias de la actuación disciplinaria a las Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para que se evalúe si el posible comportamiento del ministro de Relaciones Exteriores constituye alguna conducta penal que amerite ser investigada por esa entidad.

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