El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ha abordado públicamente las inquietudes expresadas por el presidente Gustavo Petro con respecto al funcionamiento de la Fiscalía y la selección del sucesor de Francisco Barbosa. Según Velasco, existe una percepción de que ciertos elementos dentro de la Fiscalía están intentando socavar la administración del presidente Petro, y en respuesta, el mandatario está recurriendo a la ciudadanía en busca de respaldo.
La controversia se centra en los acontecimientos que tuvieron lugar el 8 de febrero y en días anteriores, derivados de una investigación sobre la supuesta contribución de 500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) a la campaña presidencial de Colombia Humana.
Según Velasco, el presidente Petro fue informado por un medio de comunicación sobre la posible imputación de tres funcionarios de su gobierno vinculados a la campaña, en relación con esta contribución, y se espera que el expediente sea remitido a la Comisión de Acusaciones. Esta situación ha llevado al presidente a buscar apoyo entre los ciudadanos para defender la integridad de su Gobierno.
Aunque se ha divulgado información sobre la imputación potencial de Ricardo Roa, William Velandia y Dagoberto Quiroga, respectivamente presidente de Ecopetrol, presidente de Fecode y expresidente de Colombia Humana, no se ha confirmado oficialmente que se haya presentado algún escrito de acusación en su contra.
El llamado a la solidaridad nacional por parte del presidente Petro ha llevado a la convocatoria de manifestaciones, como las que tuvieron lugar el 8 de febrero, en las que participaron varios sectores, incluida Fecode como central sindical.
Velasco ha negado las afirmaciones de que los magistrados estuvieran en peligro o retenidos durante las manifestaciones. Según él, contaban con la protección policial necesaria para disolver los bloqueos frente a la Corte Suprema, aunque el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, solicitó que no se interviniera.
El presidente Petro también ha intervenido en el debate, desde la Cumbre de Gobernadores en Cartagena, desmintiendo las supuestas amenazas contra los magistrados y criticando la construcción de una narrativa que equiparaba los eventos con la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Para Petro, el trasfondo de esta controversia es el intento de obstaculizar la elección de una de las mujeres que él ha propuesto para ocupar el cargo de fiscal general. Argumenta que sus nominaciones representan personas íntegras, lo que ha generado fricciones inesperadas en comparación con nominaciones previas más controvertidas.
Velasco ha aclarado que las manifestaciones no tenían como objetivo presionar a los magistrados, sino expresar la insatisfacción del Gobierno con la actual dirección de la Fiscalía. Según él, estas acciones se interpretaron como un intento prematuro de campaña política, lo cual va en contra del pacto democrático fundamental.
En resumen, la situación política en torno a la Fiscalía y las acusaciones vinculadas a la campaña presidencial han generado tensiones entre el gobierno de Petro y las instituciones judiciales, alimentando un debate sobre el funcionamiento del sistema democrático y la integridad de las instituciones en Colombia.
