La Corte Constitucional de Colombia ha revocado el estado de emergencia decretado por el Gobierno de Gustavo Petro en el departamento de La Guajira. La medida, que buscaba abordar la crisis humanitaria en la región, fue declarada inconstitucional por el alto tribunal.

El Gobierno nacional emitió el decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira en respuesta a las difíciles condiciones que enfrenta esta zona del país desde hace varios años. Sin embargo, la Corte Constitucional, tras meses de estudio, determinó que el decreto era inconstitucional y, por lo tanto, no podía mantenerse en vigencia.

La Sala Plena de la Corte Constitucional emitió su decisión el día de hoy, declarando inexequible el decreto emitido el 2 de julio pasado por el presidente Gustavo Petro. Aunque la medida revoca gran parte del estado de emergencia, existe un efecto diferido en relación con el acceso al agua potable para la población. Este punto en particular seguirá vigente hasta el 2 de julio de 2024, momento en el cual la Corte Constitucional revisará las medidas tomadas y su efectividad.

El tribunal ha concedido un efecto diferido de un año, contado a partir de la expedición del decreto, con respecto a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria debido a la menor disponibilidad de agua. Esta decisión representa un duro golpe para el Gobierno y plantea importantes desafíos en la gestión de la crisis en La Guajira.

En su decisión, la Corte Constitucional ha instado al Gobierno y al Congreso a tomar las medidas necesarias para abordar la grave crisis humanitaria estructural en el departamento de La Guajira. Estas medidas deben estar en línea con lo establecido en la sentencia T-302 de 2017, que abordó esta problemática.

El tribunal también ha exigido que se cumpla de manera rápida y efectiva con la garantía de los derechos fundamentales de la comunidad de La Guajira. Además, se deben implementar acciones destinadas a fortalecer las instituciones involucradas en cuestiones de cambio climático y proporcionar los recursos necesarios para abordar las circunstancias que surjan.

El pasado 27 de septiembre, miles de personas tomaron las calles de Bogotá en una serie de marchas en apoyo a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, recientemente ha surgido información que sugiere que estas marchas podrían haber sido promocionadas con recursos públicos, lo que ha generado preocupación y controversia.

Según un reportaje de la reconocida revista Semana, funcionarios del gobierno habrían sido presionados para asistir a las marchas, y se habrían realizado contratos con RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) para comprar pautas publicitarias en medios de comunicación, así como para la creación de contenidos audiovisuales y colaboración logística con el objetivo de promover la asistencia masiva a las manifestaciones.

Tres entidades gubernamentales, el Ministerio del Interior, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Cultura, habrían firmado contratos por más de 4.000 millones de pesos para la difusión de pautas publicitarias. Estas pautas se habrían hecho visibles en internet y en horarios de alto rating en radio y televisión.

Además, se habrían suscrito contratos por más de 18.000 millones de pesos con RTVC para la producción audiovisual y logística de las marchas. Estos contratos fueron firmados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Agencia Nacional de Tierras.

Uno de los contratos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, firmado a finales de agosto, ascendía a 3.300 millones de pesos e incluía la producción de programas institucionales. Se estipuló que el 10% del valor, equivalente a 330 millones, se destinaría a recursos técnicos y otras necesidades logísticas.

Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras habría firmado otro contrato con RTVC para la planificación y producción de eventos relacionados con las marchas. Sin embargo, la Procuraduría estaría investigando si estos recursos se utilizaron para proporcionar gorras, camisetas y alimentos a los manifestantes el 27 de septiembre.

Un aspecto que ha suscitado sospechas es que la mayor asistencia a las marchas provino de comunidades indígenas, lideradas por organizaciones como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Estas organizaciones tendrían multimillonarios contratos con el gobierno, lo que ha generado preguntas sobre posibles vínculos financieros.

El CRIC, por ejemplo, tiene 18 convenios que suman aproximadamente 79.000 millones de pesos, mientras que la ONIC cuenta con siete contratos por más de 39.000 millones de pesos. En total, reciben poco más de 118.000 millones de pesos por actividades relacionadas con programas dirigidos a comunidades étnicas.

Estas revelaciones han avivado el debate sobre la transparencia en la financiación de manifestaciones y la posible influencia del gobierno en las protestas. La información presentada plantea preguntas importantes sobre el uso de recursos públicos en eventos políticos y destaca la necesidad de una mayor claridad y rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.

En un patrón que se ha vuelto constante durante el año 2023, el mes de octubre no será la excepción y traerá consigo un nuevo aumento en el precio de la gasolina en Colombia. Aunque aún no se ha revelado la cifra exacta del incremento, existen dos escenarios posibles que podrían llevar el precio del galón de gasolina a una marca cercana a los 16.000 pesos, un número que ha sido motivo de preocupación entre los conductores del país.

El Ministerio de Hacienda, encargado de anunciar estos ajustes, aún no ha confirmado el monto exacto del aumento, pero las estimaciones sugieren que podría oscilar entre 400 y 600 pesos por galón. Este incremento impactará directamente en los bolsillos de miles de personas que dependen de vehículos particulares para sus desplazamientos diarios. Cabe destacar que el aumento también aplicará para los servicios de taxi, aunque estos recibirán un subsidio por parte del Gobierno para mitigar el impacto económico.

Si consideramos un aumento de 600 pesos por galón, el precio de la gasolina en la mayoría de las ciudades colombianas se situaría entre 14.400 y 14.600 pesos por galón. Este acercamiento a la temida cifra de 16.000 pesos ha sido un tema recurrente desde que el presidente Petro anunció un aumento progresivo en el precio de este combustible a principios de año.

Julio César Vera, presidente de Xua Energy, explicó la incertidumbre en torno a si el incremento será de 400 o 600 pesos. Esta indecisión se debe al diferencial actual de 493 pesos entre el precio de la gasolina en Colombia y los valores del mercado internacional. «Con un ajuste de 600 pesos alcanzaríamos el precio internacional, dado que además el precio de alcohol carburante va a subir 400 pesos este mes. Si el ajuste fuera de 400 pesos por galón, quedaríamos muy cerca y en noviembre llegaríamos al precio internacional», señaló Vera.

Aunque no es posible establecer un precio fijo para todas las ciudades del país, se estima que el máximo que podría alcanzarse rondaría los 14.700 pesos por galón, sin importar la estación de gasolina ni la ubicación geográfica. La única zona que podría experimentar un aumento mayor sería Villavicencio.

El objetivo del Gobierno con estos ajustes es reducir el subsidio histórico que se había mantenido en el precio de la gasolina en Colombia durante años. Aunque no está claro si el precio final se situará en los 15.500 o 16.000 pesos, los conductores esperan que no supere la primera cifra, que se asemeja más a los valores internacionales. Sin embargo, dado que estos precios cambian constantemente, el Ministerio de Hacienda ha dejado abierta la posibilidad de llegar a los temidos 16.000 pesos por galón en un futuro próximo.