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La situación de orden público no cesa en Cali; se reportan ataques e indígenas heridos

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Una de las ciudades más afectadas por las movilizaciones de los últimos 11 días por las manifestaciones en el país es Cali, la capital del Valle del Cauca. Desabastecimiento, enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública y supuestos excesos de estos últimos para controlar a las personas han sido comunes. Pero este domingo la situación ha llegado a un nuevo límite.

En distintos puntos de la ciudad, pero principalmente en el sur, se registraron enfrentamientos entre civiles y la minga indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), que busca ingresar a la ciudad por el corredor entre la capital y Jamundí.

Aunque hay versiones encontradas de lo sucedido, en redes sociales se compartieron imágenes y videos de los fuertes choques. En imágenes se ve cómo indígenas atacan a población civil, pero también cómo estos últimos dispararían contra las comunidades indígenas.

Según reportes de la autoridad indígena regional ha habido tres mujeres y seis hombres heridos que pertenecerían al Cric y que presentan impactos de bala.

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“9 mingueras y mingueros heridos a bala”, denunció la Cric en su web, anotando que este 9 de mayo, algunos ciudadanos del sur de Cali que se manifestaban en contra del paro y la minga indígena, pretendían quitar uno de los puntos de resistencia, y retuvieron en un vehículo en el que se movilizaban a autoridades indígenas y mingueros, quienes fueron agredidos y ante la llegada de más comunidad indígena para protegerlos, hubo disparos.

A su turno, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, calificó el hecho como un intento de masacre. “Este tipo de acción paramilitar produjo 9 heridos por arma de fuego, una de ellas, Daniela Soto, lideresa del Movimiento Juvenil del CRIC, con una herida grave en el abdomen. También se encuentra herido por arma de fuego Jerson Tálaga, autoridad indígena del resguardo de López Adentro. A los heridos, a la hora de ser trasladados a los centros de salud, ya los estaba esperando la Policía para judicializarlos, lo que demuestra un claro plan de agresión y represión coordinada. De la misma manera, hubo varios vehículos de los esquemas de protección de líderes con impactos de bala, lo que también demuestra la gravedad del ataque contra personas protegidas”.

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El ministro del Interior, Daniel Palacios, viajó de urgencia a la ciudad para intentar dialogar con las comunidades indígenas, que intentan entrar a la ciudad por este sector, pues es una vía de acceso al centro de la ciudad, donde se encuentra la Universidad del Valle, institución en la que se está concentrando la minga.

Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe escribió en Twitter que “ciudadanos se oponen a bloqueos, son golpeados y atacados con armas cortopunzantes y de fuego por violentos, se pide apoyo de la Fuerza Pública”. A lo que el ministro de Defensa, Diego Molano, respondió que “Esmad ya está en el punto para controlar situación”.

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La situación está en un punto tan crítico que el propio presidente Iván Duque se manifestó en una alocución de último minuto. El mandatario explicó que “por prudencia” no viajaría a Cali, para “no distraer el trabajo de la Fuerza Pública”. Sin embargo, aseguró que parte de su gabinete ministerial sí está en la ciudad.

“Tengo un gran equipo de Gobierno en este momento desplegado en la ciudad de Cali. Yo he tomado la decisión, por prudencia, de no hacer en este momento presencia que distraiga el trabajo de la Fuerza Pública, que debe estar desplegada en toda la ciudad, pero estoy en monitoreo permanente”.

Duque ordena levantar bloqueos viales en Cali

Además, le hizo a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para que procuren restablecer el orden público en la ciudad. Además ordenó “el mayor despliegue” de fuerza pública y decretar la ley seca, la restricción del parrillero hombre y medidas para restringir la movilidad.

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“Se deben aplicar las normas de restricción del parrillero y a la movilidad para minimizar cualquier riesgo a la seguridad ciudadana. Además, hacer valer y aplicar la ley seca en la ciudad”, indicó.

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Y solicitó a la minga indígena que regrese a sus resguardos, asegurando que “no podemos dejar que las provocaciones aticen la violencia y generen una situación que se vuelva inmanejable”.

“Los bloqueos deben levantarse y tiene que, con la autoridad local, cumplirse. La Fuerza Pública y el equipo de gestión social del Gobierno tienen que hacer las aproximaciones para que a los distintos sectores de la población se les lleve seguridad. El mensaje al ministro del Interior: tiene que trasmitirle al grupo del CRIC que en este momento, y dada la circunstancia de orden público, es necesario que retornen a sus resguardos. Toda vez que la situación de alteración del orden público puede suscitar a confrontaciones con la ciudadanía”, agregó.

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Fiscal Barbosa critica la «paz total» de Gustavo Petro: «Es una paz criminal»

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El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, expresó fuertes críticas hacia la política de «paz total» promovida por el presidente Gustavo Petro durante su intervención en el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en la ciudad de Cali. Según Barbosa, esta iniciativa de Petro es una «paz criminal» debido a su enfoque en la liberación de delincuentes.

El conflicto entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro se centra en los puntos relacionados con la «paz total», un programa emblemático de Petro que busca suspender las órdenes de captura de varios miembros y líderes de grupos criminales. Barbosa ha suspendido órdenes de captura de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en aras de avanzar en los diálogos de paz con este grupo guerrillero en La Habana. Sin embargo, se opone firmemente a aplicar la misma medida a miembros de organizaciones delictivas armadas como las disidencias o el Clan del Golfo.

El fiscal general ha rechazado la liberación de jóvenes pertenecientes a la denominada «primera línea» que enfrentan procesos judiciales por diversos delitos. Además, cuestionó la etiqueta de «verdugo» que le asigna Gustavo Petro, sosteniendo que él está respetando y haciendo cumplir la ley.

Barbosa enfatizó que los verdaderos «verdugos» son aquellos que intentan liberar a criminales de las cárceles, poniendo en riesgo la seguridad de los colombianos, y los calificó como «terroristas urbanos». En sus palabras: «Algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia. Llamen verdugos a los delincuentes, no a las instituciones».

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Además de sus críticas a la política de paz de Petro, el fiscal Barbosa solicitó respeto para la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, con quien el presidente ha tenido diferencias notables, especialmente en relación a las sanciones impuestas a mandatarios regionales. Barbosa instó al presidente a un «acuerdo nacional» para garantizar el respeto a la procuradora y a otras instituciones.

Finalmente, el fiscal anunció que la Fiscalía General de la Nación investigará las amenazas denunciadas por el candidato a la Alcaldía de Medellín y exalcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Gutiérrez afirmó que una coalición de corruptos y criminales está conspirando para poner fin a su vida.

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Gobierno Petro denuncia al exministro de Salud, Fernando Ruiz, por supuesto detrimento de $3.000 millones

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El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del exministro de Salud, Fernando Ruiz, por supuestas irregularidades en la adquisición de medicamentos contra la malaria. La acusación apunta a una presunta sobrecompra de estos medicamentos por un valor cercano a los $3.000 millones de pesos, un hecho que ha generado controversia en el país.

El Ministerio de Salud, bajo la administración de Gustavo Petro, ha interpuesto esta denuncia penal debido a la compra de casi dos millones de medicamentos contra la malaria, con un total de 1.996.979 unidades adquiridas. Según el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, esta cantidad excede ampliamente las necesidades del país y podría satisfacer la demanda de tratamiento de esta enfermedad durante 373 años para la población entre 5 y 9 años. Además, destaca que para junio de 2024, estos medicamentos estarían vencidos o podrían ser donados a toda América, lo que subraya la supuesta irregularidad en la adquisición.

La denuncia penal, presentada por el director jurídico actual del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, data del 12 de julio y señala al exministro Fernando Ruiz de presuntos delitos que abarcan desde peculado por apropiación a favor de terceros hasta prevaricato por omisión y la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Según información de El Cambio, se alega que Ruiz debió haber adquirido 1.104.202 medicamentos en lugar de los más de 2 millones comprados. La compra, realizada a través de un contrato con la Organización Panamericana de Salud, ascendió a un valor de 8.999 millones de pesos.

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La noticia ha suscitado un debate político en el país, y el expresidente Iván Duque, quien lideraba la administración durante la época en que se efectuó la compra, ha salido en defensa de su exministro.

Duque expresó en Twitter: «Fernando Ruiz es un hombre probo, un profesional técnico de la salud que asumió el Ministerio de Salud en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente y que ha tenido una trayectoria sin tacha a lo largo de su vida profesional. Hoy, debido a su oposición a la desastrosa reforma a la salud que ha propuesto el gobierno, para volver a las épocas del Seguro Social, lo persiguen y acusan por comprar medicamentos en momentos de grandes volatilidades internacionales de precio. Su integridad derrota cualquier intento de acallar su voz.»

La denuncia contra Fernando Ruiz plantea un desafío legal y político en medio de las discusiones sobre el sistema de salud en Colombia y sus posibles reformas. El desarrollo de esta investigación será seguido de cerca por la opinión pública y los actores políticos en el país.

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Minga indígena se toma la Revista Semana: Ingresan rompiendo vidrios del edificio

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En una tarde de tensión y sorpresa, miembros de la minga indígena que previamente habían intentado ingresar a la Casa de Nariño, protagonizaron un episodio impactante al tomar por asalto las instalaciones de la reconocida Revista Semana, situada en el norte de Bogotá. El incidente, que se desarrolló en el transcurso de este viernes, dejó la entrada principal del edificio dañada y causó alarma entre los presentes.

Los manifestantes, decididos a expresar su descontento, ingresaron al edificio de la revista Semana de manera violenta, rompiendo vidrios en su entrada principal y desencadenando una serie de momentos de tensión y pánico. La situación se tornó aún más impactante al conocerse que la periodista Vicky Dávila, directora del medio de comunicación, se encontraba presente en ese momento.

Fue la propia Vicky Dávila quien, a través de sus redes sociales, informó detalladamente sobre lo que acontecía en las oficinas de la revista. En su cuenta de Twitter, la periodista publicó un mensaje urgente: «Por favor, le pedimos ayuda a la Policía. Un grupo grande de indígenas rompió vidrios en el edificio de Semana e ingresó a la fuerza».

La rápida respuesta de las autoridades no se hizo esperar, y en cuestión de minutos, agentes de la Policía llegaron al lugar para controlar la situación. Vicky Dávila expresó su gratitud al general Salamanca por la pronta acción policial, escribiendo en sus redes: «Gracias al general Salamanca ya se puso en contacto con nosotros. Dios le pague».

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Uniformados de la Policía actuaron con eficiencia para sacar a los manifestantes indígenas del edificio de Semana y restaurar el orden en la zona. Además, se reporta la presencia de agentes del antiguo Esmad para evitar la ocurrencia de más altercados.

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Este inusual episodio en las instalaciones de la Revista Semana, uno de los medios de comunicación más influyentes en Colombia, ha generado preocupación y debate en la sociedad. La acción de la minga indígena y su ingreso forzado al edificio plantea interrogantes sobre la seguridad y el respeto a la libertad de prensa en el país, temas que seguramente serán objeto de análisis y discusión en los días por venir.

A continuación, varias de las imágenes que se conocieron de la emergencia que se vivió en el edificio de Semana:

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