Yurany Alzate se encontraba cubriendo las movilizaciones desde un medio alternativo de la ciudad.
AYurany Alzate la retuvieron por rechazar la violencia hacia otra mujer, según relata. Su labor periodística estaba por finalizar el 1 de mayo cuando en medio de un retén, mientras se dirigía a su casa, la policía la agrupó con otros manifestantes capturados y le amarró las manos con los cordones de sus propios zapatos.
“Tráigame también a esa gamina”, cuenta que dijo el policía al que confrontó por maltratar verbal y físicamente a otra mujer retenida. “Le decía que le iban a dar la chancla que no le dieron en la casa”, explica esta periodista sobre la situación que observó mientras la requisaban para avanzar en su trayecto
Alzate viene cubriendo las movilizaciones desde Morada Noticias, un medio alternativo de la Comuna 13 de Medelllín.
Días antes, el 28 de abril, su labor de prensa también se vio afectada: por querer registrar una requisa por parte de un miembro de la policía —hombre — hacia una mujer, otro policía le quitó su celular y lo hizo estallar contra el suelo, según cuenta, dejándola sin equipo de trabajo.
De acuerdo con registros que tiene el Proceso Social de Garantías (PSG) sobre Antioquia, el 1 de mayo se presentaron dos casos de obstrucción a la labor de prensa, incluido el de Yurany.
El 62% de las agresiones cometidas contra prensa durante los días del paro son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales.
Adicional a esto, en lo que va de las movilizaciones, registraron también un presunto caso de hurto de celular por parte de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el cual quedó grabado en un en vivo que estaba haciendo una periodista de otro medio alternativo.
“Es importante que la gente sepa que la fuerza pública está atacando a periodistas y nos daña nuestros equipos de trabajo”, resalta Alzate, quien afirma que no fue suficiente con reiterar que era de un medio de comunicación para evitar su retención.
En el relato, Yurany hace énfasis en las formas en que la fuerza pública se refería a los ciudadanos y especialmente a las mujeres. Cuenta que mientras las iban capturando, se burlaban de sus cuerpos y las nombraban con palabras soeces que aludían a su sexualidad.
“Morada Noticias sí es un medio de comunicación alternativo. Sí hacemos periodismo de rigor. Me gustaría que eso quede claro. Además, somos un medio que está al servicio de la ciudadanía”, recalca Yurany, quien también denunció públicamente que la policía le dijo que ese no era un medio de comunicación “real” y que nadie la iba a buscar porque a Morada “nadie lo conoce”.
En los datos que ha recopilado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el 62% de las agresiones cometidas contra prensa durante los días del paro son atribuidas a la fuerza pública y autoridades oficiales. En Antioquia, con corte al 3 de mayo, tienen el registro de 10 casos de obstrucción a la labor.
Yurany estuvo retenida por más de dos horas. La dejaron en libertad porque pudo mantenerse en contacto con Laura Bayer, quien se desempeñó como directora de Morada Noticias hasta el pasado 23 de abril y estaba pendiente de los cubrimientos de la periodista durante las protestas.
Laura movilizó “una red de amigos y personas de la administración pública que le tienen cariño a Morada, pues con Morada Noticias hicimos muchas alianzas y tenemos una red de activistas y ciudadanos a quienes les importa nuestro proceso”, como ella misma cuenta.
“Yo no pasé a mayores por toda la gente que se movió. Lastimosamente en este país todo se soluciona con influencias. Pero mi pregunta es: las personas que no tienen influencias, sino que tienen a ese papá, a esa mamá atentos, ¿qué pasa con esas personas? ¿las judicializan porque sí?”, se cuestiona Yurany a partir de su experiencia.
El pasado 4 de mayo, a través de un comunicado, Reporteros Sin Fronteras y la FLIP alertaron sobre la existencia de “un riesgo inminente de autocensura de quienes cubren las protestas debido a la escalada del uso excesivo de la fuerza policial contra periodistas.
«La Policía Nacional está en la obligación de garantizar el ejercicio periodístico y no debe bajo ninguna circunstancia, agredir a la prensa. Le solicitamos a la Policía y a la Procuraduría General de la Nación, que investiguen y sancionen a los uniformados que han atacado a periodistas», manifestaron.
Agregaron que «las autoridades nacionales y locales no pueden limitar el ejercicio periodístico a través de señalamientos estigmatizantes y de directrices sobre cómo hacer el cubrimiento y las fuentes que se deben consultar. Les invitamos a que respalden públicamente el trabajo periodístico».
