Antioquia
La Gobernación de Antioquia se acerca a la meta de digitalizar 10 mil mipymes
9.254 pequeñas empresas de 39 municipios de Antioquia han sido llevadas al comercio electrónico bajo el ‘‘Plan de Digitalización MIPYME’’, el mayor programa de digitalización de micro y pequeñas empresas del país, impulsado por la Gobernación de Antioquia, 4-72 y Kolau, esta última, es una empresa líder de comercio electrónico con sede en el Silicon Valley de San Francisco, California.
Por medio de la página www.kolau.es/antioquia, cualquier empresa de Antioquia puede crear un sitio web con botón de pago integrado de manera gratuita. Allí se podrá seguir el ciclo de formación digital el cual se transmite semanalmente a través de la página de Facebook de la Gobernación, e instituciones nacionales como el SENA y 4-72.
La iniciativa de digitalización más grande para las pequeñas empresas del hemisferio, denominado ‘‘Plan de Digitalización MIPYME’’, fue lanzado por la OEA en abril de 2019, en el VI Diálogo de Altas Autoridades MIPYMEs. El 16 de abril del 2020, Colombia se convirtió en el décimo país del continente en adoptarlo y en Antioquia el lanzamiento se realizó el 8 de febrero del 2022, encabezado por la Secretaría de Productividad y Competitividad, Kolau y 4-72.
La meta del programa para este año 2023 es superar las 10.000 MIPYMES antioqueñas, y a nivel nacional llegar a las 300.000 empresas incorporadas desde su creación. Los gobiernos departamentales que se han sumado a esta iniciativa son Antioquia, Santander, Valle del Cauca, Sucre, Huila, Meta, Casanare, Cesar, Arauca, Guaviare, Amazonas y Chocó.
Las 118.430 empresas digitalizadas a nivel nacional en el año 2022 representan 129 industrias de diferentes sectores económicos como: empresas de comercio no textil (5.2%), empresas de hotelería (3.6%), empresas de comercio textil/zapatería (2.8%), empresas de turismo (1.9%) y empresas de artesanías (1.2%).
Han pasado apenas unos días de la escalofriante muerte de una mujer de 40 años en Medellín a manos de su antigua pareja sentimental que le lanzó un letal químico que le produjo la muerte después de combatir y mantenerse aferrada a la vida en una clínica de la zona metropolitana del Valle de Aburrá.
Maryori Muñoz, la administradora de una clínica de estética en un centro comercial de Sabaneta en Antioquia, fue la víctima de Luis Carlos Aguirre Echeverry de 68 años, quien la acosaba permanentemente desde que ella había decidido terminar su relación sentimental, un lapso en el que hubo malos tratos por parte de él.
Aguirre Echeverry murió luego de lanzar la sustancia tóxica contra Maryori Muñoz, pero contrario a lo que muchos creen y han informado, la familia de la mujer de 40 años y madre de una adolescente y un niño, cree que el agresor no se suicidó, sino que de manera accidental terminó con la sustancia letal en su cuerpo.
El hermano de Maryori Muñoz, Frank Muñoz, dijo en entrevista a Noticias Caracol que por lo que encontraron en el apartamento de Luis Carlos Aguirre, este tuvo tiempo de planear y asesorarse bien sobre la manera en la que acabaría con la vida de su expareja.
Demandarán al Estado
Muñoz dice que su hermana sí se presentó a denunciar a Aguirre en varias oportunidades y que también lo hizo para recibir la notificación de protección que le había sido asignada, contrario a lo que dice el Gobierno del municipio de Sabaneta y un fiscal que aseguró que la mujer no se hizo presente.
De acuerdo con las declaraciones de la familia de Maryori, ella ya contaba con protección ante el acoso y agresiones de Aguirre, por lo que la protección asignada no apareció por ningún lado, y por tal razón demandarán al Estado, garante de su seguridad por orden de la justicia.
El rastreo a las cámaras de seguridad y testigos de la escena en la que Aguirre atacó con sustancia letal a Maryori determinaron que el hombre ingresó inmediatamente después del ataque a un baño, luego descendió por el ascensor y murió en uno de los pisos de la edificación comercial.
Fue precisamente la entrada al baño el hecho que parece demostrar que Aguirre nunca quiso suicidarse, sino que posiblemente el viento empujo parte de la sustancia tóxica hacia él y por eso fue desesperado a un baño buscando liberarse del polvo mortal con agua salida de un grifo.
Fuente: Colombia.com
Fidel León Cadavid Marín, obispo de Sonsón-Rionegro, deberá cumplir con la medida por negarse a cumplir una orden judicial que tenía en su contra.
Fidel León Cadavid Marín, obispo de la Arquidiócesis Sonsón-Rionegro (Antioquia), deberá cumplir un arresto domiciliario por negarse a cumplir una orden judicial. Este viernes el Juzgado Segundo Penal Municipal de Rionegro publicó la decisión en contra del religioso quien, además, deberá pagar una multa económica.
“Imponer sanción de arresto domiciliario por dos días y una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes en disfavor del señor Fidel León Cadavid Marín, representante legal de la diócesis de Sonsón Rionegro”, señaló el tribunal en su orden de desacato.
La sanción en contra del religioso tiene que ver con su posible responsabilidad al no entregar información a un periodista que había logrado acceder a ella por medio de la justicia.
El pasado 11 de marzo de 2022 la justicia falló en favor del periodista Juan Pablo Barrientos –investigador de casos de pederastia al interior de la iglesia Católica– para que accediera a información que debía ser entregada y gestionada por el obispo Cadavid.
De acuerdo con el fallo de tutela, el obispo tenía un plazo de dos meses para entregar las respuestas al derecho de petición que había radicado el periodista. La solución al cuestionario nunca llegó.
“Ante el presunto incumplimiento de las órdenes emitidas por la Judicatura, el accionante envió correo electrónico el día 09 de agosto de 2022, mediante el cual solicitó la apertura del incidente de desacato en contra de los responsables de cumplir las mencionadas decisiones”, recordó el tribunal.
La Diócesis se negó a responder el derecho y apeló en primera instancia. Luego, entregó un informe y alegó que no podía suministrar más información porque no estaba en su poder.
Ahora el obispo y la Diócesis deberán responder, por orden del tribunal, al periodista en los tiempo que se le ordene.
Fuente: Pulzo
