El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, expresó fuertes críticas hacia la política de «paz total» promovida por el presidente Gustavo Petro durante su intervención en el Congreso de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, en la ciudad de Cali. Según Barbosa, esta iniciativa de Petro es una «paz criminal» debido a su enfoque en la liberación de delincuentes.

El conflicto entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro se centra en los puntos relacionados con la «paz total», un programa emblemático de Petro que busca suspender las órdenes de captura de varios miembros y líderes de grupos criminales. Barbosa ha suspendido órdenes de captura de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en aras de avanzar en los diálogos de paz con este grupo guerrillero en La Habana. Sin embargo, se opone firmemente a aplicar la misma medida a miembros de organizaciones delictivas armadas como las disidencias o el Clan del Golfo.

El fiscal general ha rechazado la liberación de jóvenes pertenecientes a la denominada «primera línea» que enfrentan procesos judiciales por diversos delitos. Además, cuestionó la etiqueta de «verdugo» que le asigna Gustavo Petro, sosteniendo que él está respetando y haciendo cumplir la ley.

Barbosa enfatizó que los verdaderos «verdugos» son aquellos que intentan liberar a criminales de las cárceles, poniendo en riesgo la seguridad de los colombianos, y los calificó como «terroristas urbanos». En sus palabras: «Algunas personas me han acusado de ser verdugo, cuando los verdugos no son los aplicadores de la justicia. Llamen verdugos a los delincuentes, no a las instituciones».

Además de sus críticas a la política de paz de Petro, el fiscal Barbosa solicitó respeto para la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, con quien el presidente ha tenido diferencias notables, especialmente en relación a las sanciones impuestas a mandatarios regionales. Barbosa instó al presidente a un «acuerdo nacional» para garantizar el respeto a la procuradora y a otras instituciones.

Finalmente, el fiscal anunció que la Fiscalía General de la Nación investigará las amenazas denunciadas por el candidato a la Alcaldía de Medellín y exalcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Gutiérrez afirmó que una coalición de corruptos y criminales está conspirando para poner fin a su vida.

El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del exministro de Salud, Fernando Ruiz, por supuestas irregularidades en la adquisición de medicamentos contra la malaria. La acusación apunta a una presunta sobrecompra de estos medicamentos por un valor cercano a los $3.000 millones de pesos, un hecho que ha generado controversia en el país.

El Ministerio de Salud, bajo la administración de Gustavo Petro, ha interpuesto esta denuncia penal debido a la compra de casi dos millones de medicamentos contra la malaria, con un total de 1.996.979 unidades adquiridas. Según el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idarraga, esta cantidad excede ampliamente las necesidades del país y podría satisfacer la demanda de tratamiento de esta enfermedad durante 373 años para la población entre 5 y 9 años. Además, destaca que para junio de 2024, estos medicamentos estarían vencidos o podrían ser donados a toda América, lo que subraya la supuesta irregularidad en la adquisición.

La denuncia penal, presentada por el director jurídico actual del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, data del 12 de julio y señala al exministro Fernando Ruiz de presuntos delitos que abarcan desde peculado por apropiación a favor de terceros hasta prevaricato por omisión y la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Según información de El Cambio, se alega que Ruiz debió haber adquirido 1.104.202 medicamentos en lugar de los más de 2 millones comprados. La compra, realizada a través de un contrato con la Organización Panamericana de Salud, ascendió a un valor de 8.999 millones de pesos.

La noticia ha suscitado un debate político en el país, y el expresidente Iván Duque, quien lideraba la administración durante la época en que se efectuó la compra, ha salido en defensa de su exministro.

Duque expresó en Twitter: «Fernando Ruiz es un hombre probo, un profesional técnico de la salud que asumió el Ministerio de Salud en medio de la peor crisis sanitaria de la historia reciente y que ha tenido una trayectoria sin tacha a lo largo de su vida profesional. Hoy, debido a su oposición a la desastrosa reforma a la salud que ha propuesto el gobierno, para volver a las épocas del Seguro Social, lo persiguen y acusan por comprar medicamentos en momentos de grandes volatilidades internacionales de precio. Su integridad derrota cualquier intento de acallar su voz.»

La denuncia contra Fernando Ruiz plantea un desafío legal y político en medio de las discusiones sobre el sistema de salud en Colombia y sus posibles reformas. El desarrollo de esta investigación será seguido de cerca por la opinión pública y los actores políticos en el país.

En una tarde de tensión y sorpresa, miembros de la minga indígena que previamente habían intentado ingresar a la Casa de Nariño, protagonizaron un episodio impactante al tomar por asalto las instalaciones de la reconocida Revista Semana, situada en el norte de Bogotá. El incidente, que se desarrolló en el transcurso de este viernes, dejó la entrada principal del edificio dañada y causó alarma entre los presentes.

Los manifestantes, decididos a expresar su descontento, ingresaron al edificio de la revista Semana de manera violenta, rompiendo vidrios en su entrada principal y desencadenando una serie de momentos de tensión y pánico. La situación se tornó aún más impactante al conocerse que la periodista Vicky Dávila, directora del medio de comunicación, se encontraba presente en ese momento.

Fue la propia Vicky Dávila quien, a través de sus redes sociales, informó detalladamente sobre lo que acontecía en las oficinas de la revista. En su cuenta de Twitter, la periodista publicó un mensaje urgente: «Por favor, le pedimos ayuda a la Policía. Un grupo grande de indígenas rompió vidrios en el edificio de Semana e ingresó a la fuerza».

La rápida respuesta de las autoridades no se hizo esperar, y en cuestión de minutos, agentes de la Policía llegaron al lugar para controlar la situación. Vicky Dávila expresó su gratitud al general Salamanca por la pronta acción policial, escribiendo en sus redes: «Gracias al general Salamanca ya se puso en contacto con nosotros. Dios le pague».

Uniformados de la Policía actuaron con eficiencia para sacar a los manifestantes indígenas del edificio de Semana y restaurar el orden en la zona. Además, se reporta la presencia de agentes del antiguo Esmad para evitar la ocurrencia de más altercados.

Este inusual episodio en las instalaciones de la Revista Semana, uno de los medios de comunicación más influyentes en Colombia, ha generado preocupación y debate en la sociedad. La acción de la minga indígena y su ingreso forzado al edificio plantea interrogantes sobre la seguridad y el respeto a la libertad de prensa en el país, temas que seguramente serán objeto de análisis y discusión en los días por venir.

A continuación, varias de las imágenes que se conocieron de la emergencia que se vivió en el edificio de Semana: