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Estos son los polémicos contratos que adelanta la Policía para adquirir drones, lanzadores de gases y hasta biblias

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De acuerdo con la institución estos elementos deberían ser usados bajo un principio de racionalidad y en casos donde el orden público y la seguridad de los ciudadanos este en juego.

Colombia ya cumplió tres semanas de paro nacional, impulsado por la inconformidad de algunos ciudadanos por la crisis económica, política y social que esta viviendo el país. Los manifestantes que se han expresado saliendo a las calles en diferentes zonas del territorio han sido críticos frente a la presencia de la Policía y el escuadrón del Esmad, pues han denunciado junto con instituciones y Organizaciones el uso excesivo de la fuerza por parte de esta institución.

Actualmente hay investigaciones en curso contra funcionarios de la institución porque ocasionaron la muerte de algunos civiles haciendo uso de los elementos de defensa, incluso, en días pasados la alcaldesa de Bogotá Claudia López pidió que no siguieran usando las balas de goma porque en su mayoría habían ocasionado la perdida de los ojos de algunos ciudadanos.

Pese a las peticiones de no continuar usando este tipo de elementos y hasta retirar la presencia de agentes de la policía en algunas zonas del país, la w Radio dio a conocer tres polémicos procesos de contratación que adelanta la Policía Nacional, los cuales suman cerca de 11 mil millones de pesos para comprar drones que le sirvan al Esmad, cerca de 195 mil municiones menos letales, lanzadores de gases y 720 biblias para la institución.

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Uno de los contratos, es para la adquisición de 4 drones para los escuadrones móviles antidisturbios que son usados para la localización de personas o zonas donde se podrían estar creando actos de violencia, cada uno tiene un valor de 104 millones de pesos, lo que suma un total de 417 millones de pesos.

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De acuerdo con la emisora colombiana, en el contrato se especifica que los drones tengan todos sus componentes y que sirvan para un tiempo de vuelo de 55 minutos, un alcance de transmisión de hasta 15 kilómetros con sistemas RTK de precisión, GPS y una capacidad de 82 kilómetros por hora para poder grabar los procedimientos del escuadrón.

El segundo contrato es para la compra de equipos y suministros de defensa de la Policía que en el contrato se justifica su compra como forma de cumplir con su labor y salvaguardar la vida de los agentes en medio de los procesos. S estima un gasto de 10 mil 495 millones de pesos para este contrato que incluye la compra de más de 57 mil cartuchos de gas de 37 milímetros que valen 3.340 millones de pesos en total, lo que equivale a 58 mil pesos cada uno.

“Pueda cumplir con su misión y en especial la descrita en el Plan Nacional de Desarrollo, adquiriendo elementos que permitan salvaguardar la integridad de los policías, quienes a través de esta protección podrán actuar con una mayor seguridad en los casos policiales, impactando directamente en la contribución de la seguridad de los ciudadanos”, se lee en el contrato.

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Sin embargo, estas no son las únicas municiones pues, además, se pretende comprar 34 mil 600 cartuchos de 40 milímetros que valen 56 mil pesos la unidad y 6.571 cartuchos impulsores, a 22 mil pesos cada uno. Estos elementos suman más de 5 mil millones de pesos.

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Pero no son los únicos, también se comprarán casi 10 mil granadas de gas, 5.600 granadas de aturdimiento, 5.800 granadas multi impacto y casi 4 mil granadas de humo de colores, cuyo valor total supera los 4.100 millones de pesos.

Este tipo de municiones de acuerdo con el reglamento sólo se pueden usar con un entrenamiento previo y además, el reglamento destaca que “el personal uniformado de la Policía Nacional al hacer uso de la fuerza, armas, municiones, elementos, dispositivos menos letales y armas de fuego, debe hacerlo de manera moderada y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza y el objetivo”.

Además, de acuerdo con la institución deben ser usadas bajo un principio de racionalidad y sólo deben ser usada en casos donde el orden público y la seguridad de los ciudadanos este en juego. Pues, aunque son consideradas armas no letales, dándoles un mal uso si pueden ocasional la muerte de una persona.

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Tomado de: Infobae.com

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Reforma de Servicios Públicos: Cambios significativos en Luz, Agua, Gas e Internet

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la presentación de un ambicioso proyecto de reforma de los servicios públicos domiciliarios ante el Congreso de la República. Esta iniciativa busca modificar la normativa vigente en servicios esenciales como energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, gas, así como servicios de telefonía e Internet. El objetivo primordial es poner a los usuarios en el centro de la regulación y garantizar un acceso equitativo y asequible a estos servicios fundamentales.

El mandatario enfatizó que la actual normatividad de los servicios públicos ha favorecido principalmente a los empresarios en detrimento de los usuarios. Según sus palabras, «los usuarios no tienen derechos ante el servicio público, que es para el usuario (…) Las tarifas se colocan en virtud de la rentabilidad de unos cuantos empresarios, y en cambio, la gente pobre se queda sin el servicio público.»

Los cambios propuestos en la reforma abarcan varios aspectos clave:

1. Tarifas Asequibles: La reforma se centraría en la revisión y modificación de las tarifas que pagan los usuarios finales. El objetivo es garantizar que las tarifas sean justas y accesibles para todos, con especial atención a los servicios más esenciales.

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2. Calidad Mejorada: Además de abordar las tarifas, la reforma tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios públicos. Esto incluye la revisión de los esquemas de prestación de servicios para asegurar estándares más altos y eficiencia en la entrega.

3. Acceso Universal a Internet: Se propone garantizar el acceso a Internet en todos los territorios de Colombia. Esto podría implicar soluciones como la expansión de la cobertura de Internet y la inversión en infraestructuras tecnológicas.

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4. Energía Sostenible: Se considera la implementación de fuentes de energía sostenible, como paneles solares y otras fuentes fotovoltaicas, para garantizar el suministro de energía eléctrica en áreas donde actualmente no se dispone de acceso a la red eléctrica convencional. Esta medida apunta a democratizar aún más los servicios públicos.

La Superintendencia de Servicios Públicos ha expresado su apoyo a la reforma y ha destacado la importancia de mejorar tanto las tarifas como la calidad de los servicios. El delegado de Protección al Usuario de la Superintendencia, Ulver Triviño, mencionó que se llevará a cabo una revisión minuciosa de los esquemas de prestación y las tarifas para garantizar un sistema equitativo y justo.

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En el futuro, el Gobierno presentará ante el legislativo los detalles completos de este proyecto de reforma que busca transformar la forma en que los colombianos acceden y utilizan los servicios públicos domiciliarios. La iniciativa ha generado un debate significativo en la opinión pública, ya que plantea cambios importantes en áreas fundamentales para la vida cotidiana de los ciudadanos. ¿Cuál es su opinión sobre estas propuestas preliminares para el país? La reforma promete un enfoque más equitativo y eficiente en la prestación de servicios esenciales para todos los colombianos.

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Defensa de Nicolás Petro exige respuestas de la Fiscalía sobre filtración de Interrogatorio

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La defensa legal de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de la República de Colombia, ha presentado un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación, demandando explicaciones sobre la filtración de las declaraciones de su cliente en un comprometedor interrogatorio. Este evento ha desatado una serie de preguntas en torno a la privacidad de las investigaciones y la protección de los derechos procesales.

El abogado Diego Henao, representante legal de Nicolás Petro, presentó un documento de tres páginas en el que plantea nueve solicitudes directas al fiscal primero delegado para la seguridad territorial de Bogotá, Mario Burgos. Una de las principales inquietudes es el proceso de filtración de los videos que contenían las declaraciones de Nicolás Petro en el interrogatorio que tuvo lugar el 2 de agosto en el Búnker de la Fiscalía.

El derecho de petición exige que se informe la fecha exacta en que se entregaron o filtraron los videos, los cuales fueron publicados por la Revista Semana los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2023 en sus plataformas de información. Además, se solicita que se proporcionen los nombres de las personas encargadas de custodiar las pruebas materiales relacionadas con la investigación.

El abogado Henao también pide que se revele si se entregó información adicional que pudiera ser publicada en el futuro. En sus palabras, «informe, si además de los videos que se encuentran en circulación, se realizó la entrega de más información o de material inherente al proceso y que cuente con cadena de custodia dentro de la investigación que se adelanta en contra de Nicolás Petro al medio de comunicación».

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Otro aspecto que llama la atención en el derecho de petición es la solicitud de explicación sobre por qué se realizaron preguntas relacionadas con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dentro de los interrogatorios difundidos por la Revista Semana. Este cuestionamiento apunta a la posible relevancia de los interrogatorios en el contexto político del país.

Es importante recordar que, el pasado sábado, se revelaron extractos de las declaraciones de Nicolás Petro durante una diligencia de interrogatorio ante la Fiscalía. El hijo del presidente expresó su preocupación en sus redes sociales y manifestó que su defensa exige que se identifique a la persona responsable de la filtración, enfatizando en la necesidad de preservar sus garantías procesales.

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Petro ataca violentamente a SEMANA por revelar grave confesión de su hijo Nicolás, que lo salpica con posible corrupción

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha lanzado un feroz contraataque en respuesta a la revelación de una grave confesión de su hijo Nicolás Petro. La confesión, que arroja sospechas de corrupción sobre el mandatario y su campaña presidencial, ha generado un conflicto público de gran envergadura.

En un trino emitido durante las últimas horas del lunes, el presidente Petro alegó estar siendo víctima de una persecución judicial. Sin embargo, en su respuesta, tergiversó y distorsionó lo declarado por su hijo Nicolás Petro durante su interrogatorio.

La reacción del presidente Petro se produce en medio del anuncio de la Fiscalía de compulsar copias a la Comisión de Acusaciones para investigar la presunta financiación irregular de su campaña presidencial. Las declaraciones de su hijo Nicolás, realizadas el pasado mes de agosto mientras se encontraba detenido en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito, fueron publicadas por la revista SEMANA en su última portada.

En su intento por desviar la atención y minimizar el impacto de estas revelaciones, el presidente Petro arremetió violentamente contra SEMANA, acusándola de haber obtenido la información de manera ilícita. Utilizando duras palabras, Petro afirmó: «De manera aberrante, una revista publica el interrogatorio de mi hijo, cuando la ley no permite la publicidad de esos documentos que irresponsable y delictivamente le fueron entregados».

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Además, Petro hizo una afirmación que contradice los hechos: «Y de manera más aberrante aún, en el interrogatorio a mi hijo se habla de la financiación de un acto, al parecer, por el empresario Euclides Torres, que se realiza cinco meses antes de comenzar mi campaña, es decir, que no está cobijado por la ley electoral de campañas». Sin embargo, Nicolás Petro detalló cómo Euclides Torres financió no solo el evento de la «P en Barranquilla» en noviembre de 2021, meses antes del inicio oficial de la campaña, sino también numerosos eventos políticos en la región Caribe vinculados a la aspiración presidencial de su padre.

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En sus declaraciones ante la Fiscalía, Nicolás Petro explicó cómo Euclides Torres financió una parte significativa de los eventos políticos en la costa Caribe, siendo entregada la financiación en efectivo por el senador Pedro Flórez. Además, reveló que su padre estaba al tanto de la contribución financiera de Torres a su campaña, y que Laura Sarabia, quien ocupó cargos importantes en el Gobierno, tenía vínculos con el empresario.

El hijo de Gustavo Petro también afirmó que su padre y Euclides Torres se reunieron en Florencia, Italia, después de la segunda vuelta presidencial, donde discutieron los intereses del empresario con el Gobierno nacional.

Las declaraciones de Nicolás Petro y la reacción vehemente del presidente Petro han generado un debate público sobre la presunta corrupción en la campaña presidencial, dejando a la opinión pública a la espera de las investigaciones y los desarrollos futuros en este controvertido asunto.

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