El exgobernador de Santander fue capturado en su vivienda, en la zona de la 93, en el norte de la capital del país.
Este martes en la noche, en su vivienda, en el sector de la calle 93 en Bogotá, el CTI de la Fiscalía capturó al senador santandereano Richard Aguilar, del partido Cambio Radical.
La Corte Suprema de Justicia emitió una orden de captura en su contra. Aguilar es investigado por presuntas irregularidades en la contratación mientras se desempeñó como gobernador en Santander.
Funcionarios que trabajaron en su administración se convirtieron en los principales testigos en su contra y lo señalan de recibir supuestamente coimas de millonarios contratos de infraestructura y obra pública, entre ellas la remodelación del estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Aguilar es hijo del también exgobernador Hugo Aguilar, quien fue condenado por parapolítica, y del hoy gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.
El caso por el que es investigado
La corrupción que se habría dado durante la gobernación de Richard Aguilar entre 2012 y 2015 está a punto de ser revelada por funcionarios de esta administración, que se acogieron ante la Fiscalía a un principio de oportunidad, el cual daría beneficios judiciales a cambio de prender el ventilador y contar cómo funcionaba el esquema bajo el cual pedían presuntamente millonarias coimas a cambio del otorgamiento de contratos. En este caso también está involucrado el representante a la Cámara Edwin Ballesteros Archila, quien habría intermediado presuntamente en los trámites.
Los funcionarios son Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en la administración de Richard Aguilar, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del entonces gobernador Aguilar y de otros funcionarios sobre los procesos de contratación y a quienes se debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.
La exsecretaria Toledo está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.
De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el actual senador Richard Aguilar.
También denunciarán a Jaramillo, sobre quien sostendrán que era la persona que, al parecer, manejaba toda la contratación de la Gobernación, siguiendo instrucciones de Aguilar.
Jaramillo, según la versión de los ahora delatores, acordaba y recibía presuntamente de los contratistas los porcentajes que le correspondían al parecer a Aguilar.
Toledo y Pardo también señalaron al actual representante a la Cámara por Santander Edwin Ballesteros Archila, del cual manifiestan que, como gerente de Esant, presuntamente se interesó de manera indebida en contratos de construcción de acueductos. Adicionalmente, el representante Ballesteros habría recibido de un contratista la suma de $600 millones para que le fueran entregados a Richard Aguilar con el fin de que le adjudicaran dos proyectos de obra de alcantarillado en los municipios de Barichara y Chipará, los cuales licitó a través de la sociedad Esant.
Tomado de: Semana
