Tras seguir las pistas entregadas por el exparamilitar Salvatore Mancuso en una audiencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dio a conocer el hallazgo de una fosa común en zona fronteriza con Venezuela.

Cabe recordar que el pasado 11 de mayo, el exjefe paramilitar expuso que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrojaron los cuerpos de alrededor de 200 de sus víctimas del conflicto armado, en el lado venezolano de la frontera, tras la destrucción del «horno crematorio» en el que desaparecieron a centenares de personas.

“Esto tiene profundidades más amplias porque hubo coordinación también con militares y fuerza pública del lado de Venezuela para este tipo de operaciones”, agregó, y se ofreció a ir a identificar las fosas en el país vecino.

Sobre este caso, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, indicó que teniendo en cuenta estas declaraciones está acopiando la información necesaria para la construcción del contexto como parte esencial de la investigación humanitaria y extrajudicial.

“A partir del acto de reconocimiento extrajudicial con el exjefe de las AUC, Salvatore Mancuso, organizado desde la agenda de No repetición del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en la cual se develó la existencia de fosas al otro lado de la frontera con Venezuela, se avanza con la gestión diplomática para que el desarrollo de la búsqueda transfronteriza sea pronta y efectiva”, aseguran desde la UBPD.

Así mismo, la UBPD aseguró que definirá un posible plan operativo, que requiere el concurso de técnicos de Colombia y Venezuela, para alinear la normatividad aplicable, establecer protocolos para la búsqueda y otros componentes relacionados con la investigación e intervención forense.

“Articularemos, como lo establece el mandato de la UBPD, todas las acciones que sean necesarias para buscar a nuestros desaparecidos en escenarios transfronterizos e informar a las familias sobre lo acaecido”, finaliza la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Frente a esta información, el presidente Petro se comprometió a que estos cuerpos vuelvan a sus familiares, y criticó a quienes han puesto en duda la “confesión de Mancuso”.

“Se dedicaron a decir que la confesión de Mancuso era falsa, porque esa confesión muestra el mayor crimen cometido en la historia contemporanea en todas las Américas: el genocidio del pueblo con ayuda del poder. Ahora aparecen las pruebas: sus cuerpos, los del pueblo de Colombia asesinado, nos gritan también la verdad para que reaccionemos, para que no se repita, para que haya justicia”, dijo.

Fuente consultada: Colombia.com

Este martes 06 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó que delegados ante la Corte Suprema de Justicia abrieron una investigación en contra de seis generales en retiro del Ejército Nacional que, mientras estuvieron a cargo de varias unidades en el norte del país, habrían promovido un ‘plan de estímulos’ para que aumentaran las denominadas ‘bajas en combate’, situación que generó múltiples ejecuciones a civiles presentados como guerrilleros.

Según informó el fiscal general, Francisco Barbosa, durante una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, un primer escenario ocurrió entre 2004 y 2008, e involucra a grupos tácticos y operacionales adscritos a la Décima y a la Segunda Brigada de Ejército Nacional, las cuales tienen jurisdicción en Cesar y La Guajira.

“Los elementos de prueba dan cuenta de que cinco de los altos oficiales investigados, presuntamente, ejercieron actos de presión sobre sus subalternos y les indicaron insistentemente que los únicos resultados válidos serían las ‘bajas’. A cambio, ofrecieron felicitaciones, permisos, licencias y vacaciones”, expone el comunicado de la entidad.

De igual manera se expone que para cumplir con este propósito y obtener algún estímulo, el personal militar presentó como muertos en combate a campesinos, indígenas y habitantes de barrios marginales.

Las víctimas, en la mayoría de los casos, “fueron engañadas con falsas ofertas laborales, trasladadas a sitios despoblados y apartados, entregadas a los uniformados y asesinadas con disparos de fusil a corta distancia y en circunstancias que no reflejaban un enfrentamiento armado. Sin embargo, en los reportes oficiales fueron reseñadas como integrantes de estructuras delincuenciales que atacaron a los componentes del Ejército Nacional.

Por lo anterior, serán citados a diligencia de indagatoria como posibles responsables del delito de homicidio en persona protegida, los siguientes oficiales en retiro:

Brigadier general (r) Fabricio Cabrera Ortiz, por hechos ocurridos entre el 13 de julio de 2006 y el 31 de enero de 2008, que dejaron 95 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mientras se desempeñó como comandante de la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
Mayor general (r) Hernán Giraldo Restrepo, por los eventos sucedidos entre el 24 de diciembre de 2004 y el 1 de julio de 2006, en los que se conocieron 33 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el periodo en el que comandó la Décima Brigada Blindada de la Primera División del Ejército Nacional.
Mayor general (r) Jorge Enrique Navarrete Jadeth, por 15 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Estas personas murieron el 16 de enero de 2006, en Urumita (La Guajira). Este caso se le atribuye al Batallón de Caballería Mecanizado N°2, cuyo comandante era el hoy investigado.
Brigadier general (r) Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, por dos hechos perpetrados en Manaure y Codazzi y (Cesar), en febrero y septiembre de 2006, en los que murieron siete hombres que, posteriormente, fueron presentados como ‘bajas en combate’. En su momento, el oficial era el comandante del Batallón de Artillería N°2 La Popa.
Brigadier general (r) Luis Felipe Paredes Cadena por un evento de ejecución extrajudicial que dejó una víctima en el corregimiento Mingueo, en Dibulla (La Guajira), el 18 de noviembre de 2006. Para la fecha el oficial estaba a cargo de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.

De igual manera será investigado el brigadier general (r) Luis Fernando Rojas Espinosa, por la muerte de dos señalados integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el 14 de marzo de 2004. El material probatorio indica que estas personas fueron llevadas mediante engaños a una zona boscosa del caserío Belén, en El Banco (Magdalena), puestas en estado de indefensión por unidades militares y asesinadas con disparos de fusil.

Fuente consultada: Colombia.com

Durante un importante encuentro en Medellín sobre la violencia de género, el presidente Gustavo Petro compartió novedades sobre el establecimiento del Ministerio de la Igualdad. En un esfuerzo por abordar esta problemática de manera más efectiva, el presidente confirmó la estructura y funcionamiento de este nuevo ministerio.

“Ese viceministerio de la mujer o de las mujeres empieza a ser una realidad institucional a escala de Gobierno Nacional para el conjunto del país que tiene que mirar la diversidad de problemas que aquí algunos han aparecido, no todos”, indicó el mandatario.

Una de las noticias más destacadas fue la creación de cinco viceministerios que se encargarán de áreas específicas relacionadas con la igualdad y los derechos. Estos viceministerios abordarán temas como la juventud, la comunidad LGBTIQ, la discapacidad y, especialmente, el empoderamiento de las mujeres.

“Son cinco viceministerios. Entonces, eso aparece por primera vez en la nación. Uno se dice, ¿y por qué?, otras cosas como estas, pero así es, entonces, el Viceministerio de la Juventud, no recuerdo si hay uno de LGBTIQ, hay una serie de direcciones, sí, la población en discapacidad. Un poco los grupos poblacionales que han sido agredidos por la desigualdad”. Expresó el presidente. 

Este anuncio llega después de seis meses desde que se oficializó la creación del Ministerio de la Igualdad. En aquel entonces, surgieron preguntas sobre cómo funcionaría económicamente y administrativamente esta cartera ministerial. Sin embargo, el presidente Petro dejó claro que se están llevando a cabo todos los procesos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.

«Este nuevo cuerpo institucional amerita que se gobierne con los movimientos sociales, organizaciones, ONG, el propio movimiento femenino que se expresa en las veredas, en los barrios, en los municipios y las universidades. Ese movimiento debe ayudarnos a gobernar, usando la institucionalidad que ahora se va a llamar Viceministerio de la Mujer» añadió Petro.

Además, el presidente Petro hizo hincapié en la importancia de transformar la educación en los colegios, específicamente en el Plan Educativo Institucional (PEI), para que promueva la igualdad de género. Esta iniciativa busca crear un ambiente educativo inclusivo que desafíe los estereotipos y fomente la igualdad en la sociedad.

La vicepresidenta Francia Márquez, quien asumirá el cargo de ministra de la Igualdad, compartió las principales metas del ministerio. Destacó la creación de un sistema de monitoreo y seguimiento de las violencias basadas en género como una de las iniciativas principales. Este sistema tiene como objetivo proteger los derechos de las mujeres y combatir todas las formas de violencia de género.

Fuente consultada: Colombia.com