Esta vez los exmandatarios antioqueños se vieron afectados por las medidas preventivas del ente de control que ya había tomado acciones con Integral S.A en abril.
El proyecto de Hidroituango sigue su proceso en la Contraloría: ahora el ente de control embargó las cuentas al exalcalde de Medellín y al suspendido gobernador Aníbal Gaviria, al exgobernador, Luis Alfredo Ramos y a los exmiembros de la Junta de Sociedad Hidroituango, Álvaro Julián Villegas y Jesús Arturo Aristizábal.
Esto llega después del embargo a las cuentas de la empresa Integral S.A que estuvo a cargo del diseño y asesoría del proyecto que causó un peligro en la zona en 2018 cuando se dio un derrumbe en el túnel de desviación al interior de la obra. Los ahora embargados hacen parte de las 28 personas y empresas a las que se les imputó cargos en diciembre pasado por presunto daño fiscal de $4 billones en Hidroituango. También se tocaron las cuentas de Jesús Arturo Aristizábal y Álvaro Julián Villegas Moreno como miembros de la junta directiva del proyecto.
A su vez, son señalados por el organismo de control los siguientes miembros de junta directiva y funcionarios: Alejandro Antonio Granda, Álvaro Julián Villegas, Sergio Betancur, Álvaro de Jesús Vásquez, Ana Cristina Moreno, Iván Mauricio Pérez, Jesús Arturo Aristizábal, Luis Guillermo Atehortúa, John Alberto Maya, Jorge Mario Gallón, Luis Javier Duque, María Eugenia Ramos, y Rafael Andrés Nanclares.
De igual manera, fueron imputados los integrantes de los Consorcios: CCC Ituango; Túneles Ituango (Ferrovial Agroman Chile y Sainc Ingenieros Constructores); Ingetec-Sedic (Ingetec y Sedic) y Generación Hidroituango (Integral e Integral Ingeniería de Supervisión).
En los casos de Luis Alfredo Ramos, quien estuvo frente a la gobernación del departamento entre 2008 y 2011 y de Aníbal Gaviria quien fue alcalde de la capital del departamento entre 2012 y 2015, se presume que en la toma de decisiones frente al proyecto practicaron omisiones que demoraron las firmas en contratos y crearon distintas inversiones injustificadas.
Luego del embargo a las cuentas de los anteriormente mencionados, Roxana Muñoz, analista de la calificadora Moody’s Investors Service, una de las tres más grandes en el área, dijo que “la orden de embargo a las cuentas de contratistas de Hidroituango podría retrasar el inicio de operaciones del proyecto esperado para mediados de 2022, lo cual sería un factor crediticio negativo para EPM”.
Por su parte, después del primer embargo, EPM se pronunció:
“En medios de comunicación se ha informado que a Integral S.A., y posiblemente a los demás contratistas de EPM en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, les fueron embargadas sus cuentas por la Contraloría General de la República, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal adelantado por dicho órgano de control, en el que se relacionan como presuntos responsables.
EPM no es parte en tales procesos y no ha recibido notificación, ni se le han embargado sus cuentas. De acuerdo con lo anterior, EPM en este momento no está en capacidad de informar si tales medidas tienen algún efecto para la empresa o para el proyecto”, explicaron.
Por su parte, el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, aclaró exactamente hace un mes que la Contraloría embarga cuentas de contratistas de Hidroituango, pero en esta determinación del ente de control EPM no fue embargada. “La empresa seguirá en la construcción del proyecto, que prenderá su primera turbina en el segundo semestre del año que viene”, comunicó el funcionario.
Tomado de: Infobae.com
