Por: Guillermo Mejía Mejía

Todavía no se sabe por lo siguiente:

El artículo 299 de la Constitución Política traza una norma general para la composición de las asambleas departamentales las cuales estarán integradas por no menos de 11 miembros ni más de 31.

En el régimen departamental anterior (decreto-ley 1222 de 1986, artículo 27), se establecían las reglas para fijar el número de diputados por cada departamento, así: los departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes, tendrán asambleas de 15 diputados y aquellos que pasen de dicha población, elegirán uno más por cada 150.000 habitantes adicionales o fracción no inferior a los 75.000 hasta completar el máximo de 30 (la constitución de 1991 elevó este número a 31).

Esta norma establecía que cada vez que un nuevo censo fuere aprobado, las bases anteriores aumentaran en la misma proporción del incremento de población que de él resultare.

 Pero aquí viene el problema, pues el decreto-ley del régimen departamental anterior, fue expresamente derogado por la ley 2.200 de 2.022, artículo 154, nuevo estatuto departamental, y a los congresistas se les olvidó reproducir el artículo 27 citado, que fijaba las reglas para definir el número de diputados, y en estos momentos, con elecciones territoriales a cinco meses, (29 de octubre), no se tiene un instrumento legal para que el gobierno fije esa cifra.

Además, existe otro elemento que también se debe tener en cuenta y es que el censo poblacional está congelado desde 1.985 por expresa disposición del artículo 54 transitorio de la Constitución Política, pues a partir de ese año, si bien se han realizado censos poblacionales en 1.993, 2.005 y 2.018, no fueron adoptados mediante ley, tal como lo exige la que regula este tipo de censos, 79 de 1.993.

Como el artículo 54 transitorio de la Constitución Política no ha sido derogado, es necesario concluir que el Dane no podrá certificar un incremento poblacional distinto al ocurrido entre 1.964 y 1.985 que para Antioquia fue del 64.20% lo que le daría derecho a una asamblea departamental de 26 diputados. Para llegar a este número se requiere de una ley que enmiende el vacío dejado en el nuevo estatuto departamental y el gobierno proceda a fijar el número de diputados a elegir en cada departamento. Sin esa cifra es imposible realizar el escrutinio de asambleas.

Este proyecto, por ser de naturaleza electoral, requiere que se tramite como ley estatutaria, o sea que no se puede estudiar en sesiones extras, y se exige que tenga control previo constitucional de la Corte. Todo en 5 meses.

P.D. La ley 2200/22, nuevo régimen departamental, establece que los departamentos se regirán por el marco de sostenibilidad fiscal que fije el gobierno nacional en las siguientes materias: infraestructura vial, agricultura, turismo ecológico, cultura, deporte, infancia, ciencia y tecnología, orden público, ordenamiento territorial, vivienda, bomberos, tránsito y movilidad, formalización minera, salud, servicios públicos y endeudamiento externo. 

Una buena sugerencia para los cuatro precandidatos del grupo Indiana es que sus asesores estudien bien este nuevo régimen departamental y, de acuerdo con él, estructuren un programa de gobierno que no se salga de estas normas, pues el precandidato que salga elegido gobernador de Antioquia deberá gobernar, en paralelo con el gobierno nacional, encabezado por Petro, durante dos años y siete meses.

En antipetrismo puede que genere votos para una campaña a la gobernación de Antioquia, pero pone al candidato ganador en una situación incómoda con el presidente y se pueden enredar los recursos nacionales. 

Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

El degradante espectáculo que montó la candidata a la alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, con el apoyo por redes del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha terminado poniendo a cada uno en su sitio reconociéndolos por sus remoquetes artísticos de la Cataplum Ortiz y Pinturita Quintero, y no por sus experiencias políticas.

La puesta en escena, como lo llama la dama presuntamente ofendida, contó con la colaboración de un actor, que desde el carro le tira a la candidata un vasado de agua, y con el estruendo publicitario del alcalde de Medellín, que hasta ofreció diez millones de pesos de su bolsillo ( no del tesoro paisa) a quien identificara al actor de marras.

Lo que buscaban la Cataplum y sus partidarios era una nombradía pública, abusando tal vez delictivamente del respeto que ha ido creciendo en los últimos años por las mujeres, pues alcanzó dizque a presentar falsa denuncia aun siendo conocedora y actriz de la farsa.

Lo que pretendía el alcalde de Medellín, que tiene a Dennison Mendoza como candidato oficial de su agrupación política en Cali, es mucho más difícil de comprender por lo arrevesado y casi peligroso que resultaría analizarlo. Por supuesto ,admito que la manera de hacer política ha cambiado vertiginosamente.

Que el atrevimiento y la grosería para causar impacto, no se ahorran. Y, sobre todo ,que los manejadores de imagen y los asesores políticos que contratan los candidatos saben de vender condones y jabones anticaspa pero no de convencer electores.

Algunos aciertan como en el baloto. Otros se estrellan y se estrellarán repetidamente con lo que les soplan ciertos consejeros curtidos de derrota en derrota, como el que tiene el candidato Tulio Gómez, el del América.

El aguerrido comerciante y dirigente futbolero, pero muy novato en lides políticas, tiene como su controlador de vuelo a un perdedor eterno, vencido estruendosamente en muchas elecciones , creyendo quizás que la política es como los balones de fútbol.

Por: Gustavo Álvarez Gardeazábal

Hoy, hace exactamente 35 años, a las 8 y 02 minutos de la mañana de ese 1 de junio de 1988 presté juramento como el primer alcalde popular de Tuluá. Lo hice en el minidespacho que el Juez Primero Civil, Felipe Borda, tenía en el Edificio Época.

Fue una ceremonia sin discursos ni promesas. Me acompañaba tan solo “ Pecueca” el guardaespaldas sin revólver de todos los alcaldes, a quien Taponcho, el mejor chuletero de Tuluá, había emperifollado de saco y corbata, y zapatos de charol, luciendo mucho más elegante que yo, que iba de terno azul oscuro, corbata roja y el bastón de Gertrúdiz Potes en mi antebrazo.

Salimos de allí, sin atafagos ni aplausos y los dos llegamos hasta la alcaldía, a recibir un municipio en donde el suministro de agua potable se suspendía a las 11 de la mañana, la basura se recogía en carretillas de mano o de caballo para botar en un hueco camino al aeropuerto, donde se le echaba candela todas las noches.

Los teléfonos eran electromecánicos pero en las bodegas de un puerto japonés estaba la planta digital esperando quien consiguiera un papel para traerlo.

El espíritu cívico que en 1920 levantó a Tuluá de villorrio en ciudad se había perdido. Pero todo, con entusiasmo, con imaginación y convencido que podía demostrar que sí era posible gobernar sin robar, lo pude sacar adelante en menos de dos años. Me conmueve todavía pasearme por sus calles y que los mayores de 45 años me reconozcan y traten de contarme su historia de como vivieron mis alcaldías.

No se pudo conseguir solución a otros muchos problemas porque el presupuesto era menguado, pero con totuma en mano recogíamos para entre todos pavimentar calles, reparar carreteras y levantar festejos.

Dos años después salí aplaudido por una manifestación que llenó el parque Boyacá a coger un taxi porque mi camperito azul me lo habían robado meses atrás, en las ñatas de la Policía, de la puerta de mi casa donde lo había parqueado.