Por: Jaime Eduardo Botero Gómez

El pasado 15 de abril, se cumplieron 25 años de una de las más horrendas masacres que Colombia recuerde: la emboscada a una caravana de soldados que viajaban en camiones tipo Avir para hacer relevo a sus compañeros que custodiaban el Oleodicto Trasandino. En esta acción demencial, perpetrada por los frentes 29, 32 y 48 de las Farc y por el Frente Los Comuneros del Sur del ELN, fueron quemaos vivos y asesinados con tiro de gracia a muchos de ellos, 31 soldados del Ejército Nacional y 11 resultaron gravemente heridos. Todos ellos victimas de un atentado terrorista, victimas de un delito de lesa humanidad, victimas de la barbarie de estas guerrillas que hoy están representadas en el Congreso y que con todo cinismo desconocen la mayoría de sus crímenes.

Resulta interesante que el 9 de abril se celebró el día de las víctimas, día fijado por la Ley 1448 de 2011, la cual tiene entre sus principales objetivos llevar un registro nacional de víctimas, con el objeto de visibilizarlas y proceder a su reparación. No se sabe porque escogieron ese día que coincide con el aniversario de “El Bogotazo”, fecha en que asesinaron al caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, hecho que sucedió el 9 de abril de 1948 y que desató una oleada de disturbios en Bogotá y en el resto del país. ¿Tendrá que ver esta “coincidencia” de fechas con alguna cortina de humo que se hayan inventado los amigos de las guerrillas?

Lo más desalentador de estas iniciativas es que intentan mostrar, en la mayoría de los casos, un Estado victimario y con esto tratan de invisbilizar a los millones de victimas que fueron violentadas por las guerrillas. Casi siempre tratan de mostrar como mayoría de victimas de los mal llamados “paramilitares” sumadas a las victimas de los supuestos “crímenes de Estado”. Parece que mostrar con mayor despliegue estas victimas, tratan de inclinar una balanza en contra del Estado.

La misma JEP presenta su sesgo, como lo hiciera Santos cuando llevo un “grupo de víctimas” a La Habana, entre las cuales la mayoría eran victimas de los “paramilitares”, intentando que todos crean que estas organizaciones están ligadas con el Estado. No olvidemos que la palabra “paramilitar” se predica de una organización civil con una estructura similar a la militar. A esta definición responden entidades como la Policía Nacional, los bomberos, la Defensa civil, etc., estas son las verdaderas instituciones paramilitares.

Sin embargo la izquierda ha puesto de moda esta palabra para referirse a “grupos de autodefensa” que se pervirtieron y se convirtieron en grupos criminales, y no vacilan en llamarlos “paramilitares”, para que quede en el imaginario popular y especialmente en ámbito internacional, que estas estructuras criminales son patrocinadas por el Estado, lo cual es absolutamente falso. Esta es una forma de desvirtuar, de confundir, que podríamos llamar patraña o estratagema ideológica.

Hemos escuchado denuncias de muchas victimas, que afirman que la JEP ha ignorado a muchísimos personas su condición de victimas y que no ha querido escucharlas. Un ejemplo, tan grande como un elefante, denunciado con insistencia, es el de las niñas de la Corporación Rosa Blanca. Todas ellas desmovilizadas de las Farc, en su gran mayoría fueron reclutadas forzadamente, todas violadas, muchas obligadas a abortar y buena parte de ellas testigos del fusilamiento de aquellas que se negaban al aborto o que vieron un buen porcentaje moría por causa de un aborto salvajemente practicado.

Le queda a uno la impresión que la JEP, en su afán de lavarle la cara a las FARC, esta revictimizando a todas estas mujeres que hoy podrían contar su historia pero no las escuchan y tratan de acallar su voz. Ellas a su vez son testigos de excepción de todas estas atrocidades y tal parece que no les conviene escucharlas en esos remedos de juicios que se están realizando “contra” los cabecillas de la supuestamente “desmovilizada” guerrilla que muchos llaman las “extintas Farc”.

Le han hecho mucha propaganda a las supuestas victimas del Estado y de manera exagerada han inflado los “falsos positivos” multiplicandolos por 10, intentando que se piense que esta fue una política de los gobiernos y por ese camino afirmar que estas tambien son victimas del Estado.

Las cifras recientemente publicadas por la JEP, de 6.402 victimas de “falsos positivos”, supuestamente ocasionadas de miembros de la fuerza pública, son un chiste, no tienen una base de datos verificable en la que aparezcan las victimas con nombre, apellidos y cédulas, etc., son solo números lanzados aventureramente por algunas de esas ONG, de las cuales hemos hablado en el pasado, de aquellas que el presidente Alvaro Uribe llamara, alguna vez, como “mercaderes de los derechos humanos”, expertas en montajes, testigos falsos, cifras infladas y demandas contra el Estado colombiano en las Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pero el grueso de las victimas son olvidadas, son invisibles. La mayoría de las victimas civiles pero allí también encontramos un gran grupo que han sido invisibilizadas por ese ejercicio mediático de la prensa de izquierda coludida con los grupos irregulares: Los soldados y los policías.

Según los últimos datos registrados, de 374.512 uniformados fueron victimas en este conflicto y ha sido reconocidos en registro único de víctimas. Se han identificado que fueron afectados con 419.174 actos victimizantes que constituyen violaciones al DIH y a los DDHH, esto quiere decir que al menos 44.662 personas fueron afectadas con más de un hecho victimizante.

Lo más ofensivo es que la JEP, después de 3 años de la apertura del macro caso 05, en el cual han identificado (según cifras de la misma JEP) unas 180.000 victimas en los territorios del norte del Cauca y sur Del Valle del Cauca, solo han reconocido a un (1) soldado como victima. ¿Porque? Podría pensarse que la JEP hace sus propias normas y desconoce el registro único de victimas que ha sido creado por la Ley 1448 del 10 de junio de 2011.

Esta Ley “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, considera víctimas, a las en forma individual o colectivamente, a personas hayan sufrido un daño o atentado por acciones de agresión ocurridas a partir del 1 de enero de 1985, y que dichas acciones contengan infracciones al DIH (derecho internacional humanitario) o de violaciones graves a las normas internacionales de DDHH (derechos humanos), sucedidas en el marco del (supuesto) ”conflicto armado interno”.

Son muchas las personas de la izquierda, para quienes la paz es un arma de guerra política (combinación de todas las formas de lucha), que sostienen que los policías y militares no deben ser considerados victimas, pues ellos entraron a las diferentes instituciones de manera voluntaria y conociendo los riesgos a que estaban expuestos. El argumento parece tener cierta lógica, pero precisamente esta no ha sido una “guerra” en la que se respeten las normas establecidas internacionalmente para los conflictos armados. Por eso inicie este articulo con el caso de Puerres (Nariño).

Pero no, esta supuesta guerra, reconocida por Santos, para darles estatus político a las Farc y que pudieran negociar de tu a tu con el Estado colombiano, no era realmente una guerra, era y sigue siendo, una agresión terrorista contra un Estado democrático, que les habría permitido tramitar sus diferencias en los escenarios de la democracia. Son y siguen siendo bandas de criminales despiadados, criminales que no respetaban ninguna de las normas del derecho internacional humanitario ni entendían que son los derechos humanos.

Producto de esa mal llamada guerra los militares y policías han sufrido, no en el escenario de una guerra sino de la agresión terrorista, 419.174 afectaciones graves tales como: secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado de ellos o de sus familias, etc.

Desglosar esa cantidad de hechos victimizantes, podría ser demasiado tedioso para los amables lectores, por ello me referiré solamente a algunos tipos de casos, para que se hagan una idea de la gravedad de lo sucedido y sus afectaciones a los héroes de la patria y sus familias.

Una de las mas grandes afectaciones sufridas por los militares y policías, es el desplazamiento forzado, con 316.009 casos. Muchas de las familias de nuestros soldados y policías tuvieron que abandonar sus pequeñas fincas, sus casas y huir sus regiones, porque recibieron amenazas de muerte, por el hecho de tener un hijo en la Fuerza Pública. Interesante analizar la discriminación constante: desde el gobierno de Pastrana se vienen adjudicando subsidios (vivienda, educación, salud, etc.) a todos los desplazados, pero allí no han estado incluidas las victimas militares o policías y sus familias.

45.908 homicidios es una cifra escalofriante. Este es el riesgo que corren los militares y policías en su principal obligación: defender la constitución, la vida, la honra y los bienes de todos los colombianos. Así que esta es la deuda que tiene la sociedad colombiana con estos hombres, mujeres de la las Fuerzas Armadas que perdieron a sus hijos, esposos o padres en ejercicio de nuestra defensa.

Uno de los mas grotescos crímenes es la utilización de armas no convencionales, prohibidas por los convenios internacionales. En Colombia proliferan los campos minados, sembrados con minas anti persona, que produjeron 6.602 mutilaciones en miembros de la fuerza publica y 5.185 en personas civiles. Recordemos como estos criminales las sembraban cerca a las escuelas y en los caminos verdales por los que circulan los campesinos y sus familias, con el fin de aterrorizar. Ellos a esto, lo llaman guerra sicológica, porque con esto mantienen aterrorizadas a las comunidades. Tengan en cuenta que produce más terror, en determinada población, el joven mutilado caminando con muletas por el pueblo, que si hubiese muerto, pues enterrado pronto se olvida.

Una cifra mas baja, pero no menor, son los 2.462 secuestros de personal de la fuerza pública, quienes pasaron lustros en campos de concentración. Algunos estuvieron secuestrados, encadenados del cuello a un árbol, por casi 15 años. El universo total registrado por la unidad de victimas, con corte a enero de 2021, es de 110.454 de personas secuestradas en colombia, durante el periodo que define la ley 1448 de 2011. Muchos de ellos jamás regresaron a sus hogares.

Pero produce más desazón el hecho que la mencionada Ley de Victimas, no incluya a las victimas militares, respetando el derecho a la igualdad, como sujetos de la reparación que otorgará el Estado a las demás victimas. La Ley 1448 de 2011, en el Parágrafo 1° del artículo 3, dispone que cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas su reparación económica corresponderá por todo concepto al que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea aplicable. Ante tal decisión son varios los juristas que han intentado reclamar, sin éxito, el derecho a la igualdad.

Valdría la pena preguntarse si la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal a los miembros de la Fuerza Pública como consecuencia de graves violaciones al DIH, por parte grupos ilegales, constituye o no un riesgo propio de la actividad militar.

Para un observador externo, afirmo que esto es discriminación y que se invisibiliza aún más a los miembros de la la Fuerza Pública victimas del terrorismo.

Nota al margen: Tal parece que una buena parte de los votantes de Iván Duque, se han convertido en los principales enemigos de su gobierno y con sus criticas irracionales parecieran hacerle campaña a Gustavo Petro, Que no se nos olvide Venezuela. Para todos los exigen que exigen derechos, salud, educación, subsidios, infraestructura, etc., les cuento que todo eso se hace con recursos… que se agotaron durante la pandemia.