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Si es independiente, pago por libreta militar se liquida sobre su sueldo: Corte

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Dice que en esos casos la cuota de compensación militar no se fija con base en sueldo de padres.

Al fallar una tutela, la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión clave para miles de colombianos que están prestos a definir su situación militar pues estableció que si el joven es económicamente independiente, la cuota de compensación militar se fijará con base en el sueldo que este recibe y no el de sus padres o de su núcleo familiar. Con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, la Sala dijo que es “inaceptable” que esa cuota se mida teniendo en cuenta las rentas o el patrimonio de terceros y no del joven, cuando es independiente, ya que ni los padres ni tercero son sujetos privados del tributo.

«Ni los padres ni terceras personas son sujetos pasivos de este tributo, ni están obligados a responder por (el joven), quien acreditó su independencia económica

“Ni los padres ni terceras personas son sujetos pasivos de este tributo, ni están obligados a responder por (el joven), quien acreditó su independencia económica y al ser el obligado tributariamente sobre las bases que argumentó el Distrito Militar, estaría desprovisto de mecanismos para hacer responder solidariamente a otros, debiendo entonces cancelar la cuota calculada con base en ingresos y patrimonio ajeno, sobre los que no tiene poder de disposición”, dice la decisión conocida por EL TIEMPO.La decisión de 43 páginas se tomó al estudiar el caso de un joven de 27 años que no había podido resolver su situación militar y que ya no dependía de sus padres y a quien el Ejército en 2021 le decía que la liquidación de la cuota debía realizarse en la fecha de su clasificación, es decir el 2012, con base en la situación económica de sus padres, a pesar de que ya trabajaba.

Al estudiar el caso, la Corte Constitucional recordó que la cuota de compensación militar es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual, que es de carácter tributario y que se debe pagar al Tesoro Nacional por parte del inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado.

Al ser un tributo, la cuota de compensación militar se encuentra regida por los principios del sistema tributario, entre ellos la equidad tributaria, y el principio de reserva de ley. Y, por tanto, en “cumplimiento del principio de equidad tributaria, y capacidad contributiva, no puede ser aceptable incluir en la liquidación de la cuota de compensación militar, rentas o patrimonio distinto a los del contribuyente u obligado, respecto de los cuales, hay que decirlo, no tiene control y tampoco capacidad de disposición”.

Así, el alto tribunal señaló que es violatorio de los principios constitucionales del derecho tributario, y del derecho al debido proceso el hecho de que la cuota se liquide con base en el patrimonio de la familia si este es independiente como era el caso de joven que presentó la tutela.

Para la Corte, la interpretación del Distrito Militar el caso del joven constituyó una carga excesiva o desproporcionada al no consultar su capacidad económica, “más aún cuando esa institución no había desplegado sus facultades para aforar o liquidar la cuota en vigencia de la Ley aplicable para la época de la clasificación y no había impulsado el procedimiento de liquidación a pesar de haberse vencido el plazo para presentar y pagar la obligación”.Esto, en especial, porque la realidad económica del hombre fue demostrada ante el Ejército Nacional el 17 de junio de 2020 cuando a través de una petición aquél adjuntó los documentos que demostraban su independencia económica.Entonces la no aceptación de tales documentos por parte del Ejército Nacional -Distrito Militar No. 01 y/o Comando de Reclutamiento, afectó el derecho al debido proceso, obligatorio en toda clase de actuaciones administrativas, al no garantizar el principio de equidad tributaria en el trámite de definición de situación militar.

En este caso, la Corte dijo que la base gravable de la cuota de compensación militar del joven debe ser liquidada según el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017, para el caso de aquellas personas que no dependan económicamente de su núcleo familiar o de terceros.Es decir, la base gravable de esta contribución estará constituida por el IBC reportado en la PILA en los últimos dos años o fracción y, el patrimonio líquido del interesado reportado en la declaración de renta ( o en la declaración juramentada de no declarante) del año inmediatamente anterior, a aquel en que el que el Distrito Militar le negó la liquidación correcta y le afectó su derecho.

Fuentes consultadas explicaron que si el joven sí depende económicamente de sus padres, entonces la cuota de compensación se fija con base en la situación económica de ellos.

Fuente: El Tiempo.

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Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

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El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.

Otros hallazgos del PAE

La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.

De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.

Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.

Defensor del Pueblo Carlos Camargo© Proporcionado por Semana

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa. Es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia; fortalecer los espacios de participación y control, como los Comités de Alimentación Escolar, y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020″, concluyó el Defensor del Pueblo.

El PAE es una estrategia que busca contribuir al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo y los aprendizajes.

El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.

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Procuraduría formuló cargos a capitana de la Escuela Militar de Aviación por presunto acoso laboral

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la capitana de la Escuela Militar de Aviación (Emavi) Sandra Patricia Sotelo Rojas, por el presunto acoso laboral que denunciaron cerca de 10 de sus subalternos, miembros del Departamento de Contratos de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, sede Valle del Cauca.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle sostuvo que la oficial, en su condición de jefe del departamento de Contratación, pudo incurrir en maltrato, persecución, discriminación y entorpecimiento laboral contra parte del personal que conformaba el equipo de trabajo durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017.

Así las cosas, el ente de control señaló que Sotelo Rojas habría cometido actos reiterados y públicos de maltrato y que todo lo anterior puede constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, especialmente los relacionados con el respeto, imparcialidad y rectitud que tendría que mantener hacia el personal a su cargo.

Según el Ministerio Público, al parecer, la capitana manifestó públicamente su desacuerdo por su traslado a la ciudad de Cali y utilizó expresiones verbales despectivas y groseras, expresiones humillantes y degradantes, y desestimó la trayectoria profesional del grupo de trabajo que lideraba.

Provisionalmente, el Ministerio Público calificó la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Semana.

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