En sesión ordinaria, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo, decidió por mayoría aplastante de 30 votos a favor y dos abstenciones (Belice y Haití) que una compañía externa determine si Almagro “ha violado las normas y reglamentos de la OEA”.
Piden asimismo crear un grupo de trabajo para seleccionar a una compañía de “costo razonable” para que presente en un plazo de tres meses un informe y “adoptar las medidas oportunas” una vez examinado.
De este modo siguen la recomendación del inspector general de la OEA, que aconsejó una auditoría externa sobre acusaciones formuladas “por un periodista” y en un mensaje de correo electrónico anónimo firmado como “denunciante de la OEA”.
Este denunciante anónimo acusa a Almagro de mantener o haber mantenido “una relación personal íntima con una funcionaria” originaria de México y de “ascenderla, súbitamente y sin concurso, de un puesto de nivel medio a asesora principal” del secretario general.
Fuentes conocedoras del tema dijeron a la AFP que se trata de la politóloga mexicana Marian Vidaurri.
Fue el propio Almagro, un abogado y diplomático uruguayo de 59 años, quien informó a la oficina del inspector general acerca de esta denuncia anónima.
Almagro tomó la palabra al final de la sesión. Agradeció al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, su apoyo “en este proceso de solicitar una investigación externa con las máximas garantías” y confirmó haber mantenido una relación amorosa con la empleada, de la que dijo nunca se arrepentirá.
“Algunos de ustedes, prácticamente todos, conocían la relación, yo quiero en definitiva confirmar y reconfirmarles, superconfirmarles que existía esa relación”, afirmó, tajante.
“Ella fue mi partner [pareja] prácticamente por tres años, a nivel personal quizás los mejores de mi vida”, les dijo, precisando que “terminó hace meses”.
Uruguay y Antigua y Barbuda fueron los autores del proyecto de resolución votado este viernes en el que según el embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala, “se busca conocer la verdad, dentro del encuadre normativo de la organización”.
“El Consejo Permanente actúa como solicitante pero también como lector de los resultados” porque “quien solicita luego lee”, añadió.
Pero los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) temen que el precio de la investigación sea alto. Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda, asegura que se oponen a que provoque un recorte en el número de funcionarios o en los programas.
Almagro, que lleva meses acumulando reveses, afirma que su relación sentimental no ha influido en su trabajo. “Saben, porque me han visto trabajar, que nada de esto puede hacer cambiar mi visión de las instituciones y su funcionamiento y la responsabilidad que tenemos respecto de las mismas y al funcionamiento de las mismas”, dijo ante el Consejo Permanente.
Lo cierto es que Almagro se encuentra contra las cuerdas. Varios países como México y Argentina han pedido su renuncia y una corte de la OEA concluyó que causó “daños morales, personales y profesionales” a Paulo Abrao por declaraciones efectuadas cuando decidió no renovar su mandato al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2020.
El caso de Almagro en la OEA recuerda al de otra organización importante para América Latina: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyo expresidente Mauricio Claver-Carone fue destituido a finales de septiembre después de que una investigación concluyera que mantuvo una relación íntima con una subalterna, a quien habría dispensado un trato de favor.
Fuente: AFP
