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Presidente Petro lanzó programa de Ollas Comunitarias en Magangué y anunció nuevo plan de lucha contra el hambre basado en compra de cosechas

Leidy Garcia Balvin

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​• El Mandatario indicó que “el Estado debe aprender a comprar cosechas, y a llevarlas a donde la población tiene hambre. Si se compran cosechas, estamos ayudando a aumentar la producción y la sostenibilidad alimentaria del país”.

• El Gobierno del Cambio ya completa 249 Ollas Comunitarias con recursos para empezar a funcionar, de 600 proyectadas a nivel nacional.

• Los beneficiados con la iniciativa suman, hasta el momento, alrededor de 249 mil familias que van a recibir dos raciones diarias de alimentos.

Al lanzar el programa de Ollas Comunitarias para los damnificados por la ola invernal en tres corregimientos del municipio de Magangué, Bolívar, el Presidente Gustavo Petro anunció este martes que el siguiente paso de la lucha contra el hambre, que desarrolla el Gobierno del Cambio, será la puesta en marcha de un nuevo plan, a largo plazo, mediante la compra de cosechas a los campesinos y la creación de una red de distribución de alimentos a bajo precio.

En un encuentro con la comunidad de Magangué, el Mandatario explicó que el programa de Ollas Comunitarias se propone atender una situación de emergencia ocasionada por las fuertes lluvias, como consecuencia del cambio climático, pero indicó que la solución de fondo es garantizar a la población vulnerable un sistema permanente de abastecimiento de alimentos, impulsado por el Estado.

“Las medidas de urgencia no nos soluciona el problema. Nos sirve para paliar los días que estamos viviendo, sobrepasarlos, pero hay que establecer las medidas de más largo plazo, que nos permitan vivir bien, a pesar de que los inviernos empeoren”, dijo.

En ese sentido, el Jefe de Estado destacó la necesidad de implementar un sistema paralelo de abastecimiento alimentario en Colombia, más allá de la atención humanitaria que brinda el programa de Ollas Comunitarias e, incluso, del comercio tradicional de alimentos, al que un amplio sector de la población no tiene acceso.

“El Estado debe aprender a comprar cosechas, y a llevarlas a donde la población tiene hambre. Si se compran cosechas, estamos ayudando a aumentar la producción y la sostenibilidad alimentaria del país. Es más, estamos ayudando a que el campesino pueda tener mejores ingresos”, sostuvo.

Al respecto, agregó que no solamente se trata de comprarles a los campesinos sus cosechas, sino también todos los alimentos que recolectan, incluida la pesca.

En relación con la distribución de estos productos, planteó la creación de asociaciones de tenderos o de establecimientos estatales, que permitan vender a precios más bajos que los centros de comercio tradicionales.

De acuerdo con el Presidente Petro, este proyecto “lo tiene que empezar a implementar la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), porque es precisamente para defendernos de la crisis climática” y que “va más allá de la Olla Comunitaria”.

Además, el Jefe de Estado pidió a la UNGRD capacitar a los alcaldes y a los líderes sociales de los municipios vulnerables en el manejo de los posibles riesgos ocasionados por el cambio climático.

Positivo balan​​​ce del programa Ollas Comunitarias

A su vez, el Director de la UNGRD, Javier Pava, reveló que el Gobierno del Cambio ya completa 249 Ollas Comunitarias con recursos para empezar a funcionar, de 600 proyectadas a nivel nacional.

“Eso significa que vamos a tener cerca de 249 mil familias que van a recibir dos raciones (diarias de alimentos) en estos tres meses, con recursos que están garantizados desde la UNGRD”, recalcó el funcionario.

Precisó que en la región de La Mojana se han instalado 40 Ollas Comunitarias. Para Magangué van 10 y el objetivo es instalar seis más.

“Este programa llegó para quedarse y seguir atendiendo a los más necesitados”, concluyó Javier Pava.

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Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

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El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.

Otros hallazgos del PAE

La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.

De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.

Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.

Defensor del Pueblo Carlos Camargo© Proporcionado por Semana

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa. Es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia; fortalecer los espacios de participación y control, como los Comités de Alimentación Escolar, y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020″, concluyó el Defensor del Pueblo.

El PAE es una estrategia que busca contribuir al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo y los aprendizajes.

El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.

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Procuraduría formuló cargos a capitana de la Escuela Militar de Aviación por presunto acoso laboral

Community Totus

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la capitana de la Escuela Militar de Aviación (Emavi) Sandra Patricia Sotelo Rojas, por el presunto acoso laboral que denunciaron cerca de 10 de sus subalternos, miembros del Departamento de Contratos de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, sede Valle del Cauca.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle sostuvo que la oficial, en su condición de jefe del departamento de Contratación, pudo incurrir en maltrato, persecución, discriminación y entorpecimiento laboral contra parte del personal que conformaba el equipo de trabajo durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017.

Así las cosas, el ente de control señaló que Sotelo Rojas habría cometido actos reiterados y públicos de maltrato y que todo lo anterior puede constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, especialmente los relacionados con el respeto, imparcialidad y rectitud que tendría que mantener hacia el personal a su cargo.

Según el Ministerio Público, al parecer, la capitana manifestó públicamente su desacuerdo por su traslado a la ciudad de Cali y utilizó expresiones verbales despectivas y groseras, expresiones humillantes y degradantes, y desestimó la trayectoria profesional del grupo de trabajo que lideraba.

Provisionalmente, el Ministerio Público calificó la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Semana.

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