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Presidente Gustavo Petro oficializa que el salario mínimo para 2023 será de $1’160.000 y el auxilio de transporte de $140.000

Leidy Garcia Balvin

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• El Jefe de Estado confirmó que el aumento del salario fue del 16% y del subsidio al transporte del 20%.

• Dijo que “espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses, en virtud de la inflación; recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y nos permita, además, hacer saltar la demanda interna en Colombia en sus sectores más vulnerables”.

• La Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció una serie de medidas que adoptará el Gobierno Nacional para proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y que no se registren aumentos desmesurados que vayan en contra del aumento del salario mínimo que se concertó.

El Presidente de la República, Gustavo Petro, oficializó este jueves la concertación que se logró entre el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras, que determinó que el salario mínimo para el 2023 será de $1’160.000 y el auxilio de transporte de $140.000.

En este sentido, el Jefe de Estado aseguró que “el salario mínimo será y crecerá un 16%, ubicándose en $1.160.000, el subsidio de transporte crece un 20%, ubicándose en $140.000, para un total de $1.300.000. Esa es la concertación a la que se ha llegado entre empresarios y trabajadores”.

Adicionalmente, dijo que “espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses, en virtud de la inflación; recupere el incremento de la productividad promedio de la economía y nos permita, además, hacer saltar la demanda interna en Colombia en sus sectores más vulnerables, de tal manera, que no solo podamos corregir una situación de crecimiento del hambre, indudablemente, sino también que se convierta en motor del crecimiento económico”.

Por esta razón, consideró que “si la demanda interna crece en Colombia el año entrante, estoy convencido, crecerá la economía mucho más allá del pronóstico, poco optimista, que las condiciones internacionales están imponiendo para Colombia”.

Según se indicó, para lograr este porcentaje de incremento del salario básico de los colombianos se tuvieron en cuenta la Productividad total de los factores (1,24%), la inflación de los hogares pobres y vulnerables (14.34%) y el Producto Interno Bruto (9.4%).

Protección a sectores más vulnerables

Por su parte, la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció una serie de medidas que adoptará el Gobierno Nacional para proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y que no se registren incrementos desmesurados que vayan en contra del aumento del salario mínimo que se concertó.

La titular de la cartera destacó que “por primera vez en la historia nos hemos centrado en la protección del poder adquisitivo del salario” y explicó que “hemos tomado como base lo que es la inflación de los pobres, porque es allí donde más ha habido impacto”.

Por esta razón, anunció que a partir de mañana se expedirán decretos para desindexar, es decir, sacar del cálculo de inflación y del aumento del salario mínimo los productos y bienes y servicios de la canasta básica, para “tener un impacto directo en los productos que la componen”.

“Mañana saldrá un primer decreto, donde tendremos 50 actividades y elementos de esta desindexación”, aseguró la Ministra, quien dijo que “más adelante, antes de terminar el año, vamos a trabajar con el resto de productos y elementos, y llevaremos los 34 finales al Plan Nacional de Desarrollo para un total de 204 entre elementos y bienes y servicios, que van a tener un impacto real en la canasta básica y, desde luego, para proteger el valor adquisitivo”

Adicionalmente, se otorgarán subsidios a los fertilizantes y a los agroinsumos para la protección del campo.

Una tercera medida es que se continuará trabajando para la disminución de las tarifas de energía en el país, de las cuales la Ministra Ramírez manifestó: “Tienen un impacto profundo en la canasta básica”.

Dentro de los anuncios, la titular de la cartera se refirió a que se continuará con las labores de concertación para analizar la fórmula que se aplica para la tasa de usura, que tiene repercusión directa en el crédito y en el uso de las tarjetas de crédito.

Finalmente, anunció que también se trabaja en la disminución de la base de cotización en salud del 12% al 10% de los pensionados del país que tienen mesadas entre 2 y 3 salarios mínimos.

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Escandalosos hallazgos en el Programa de Alimentación Escolar PAE: esto encontró la Defensoría en 4 departamentos

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El Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

También se encontró que a muchos estudiantes se les entregan más productos de panadería que proteínas en los almuerzos, alimentos altos en azúcares y raciones que no cumplen las medidas establecidas.

Igualmente, quedó en evidencia que los tiempos para que los estudiantes almuercen son insuficientes y que hay desperdicio de alimentos.

Los hallazgos corresponden a una auditoría que hizo la Defensoría del Pueblo a instituciones educativas en Boyacá, Chocó, Córdoba y La Guajira.

En las visitas se observaron productos de panadería que no aportan el componente nutricional establecido en las minutas, las cuales exigen que las raciones deben contener variedad y todos los grupos de alimentos. Al respecto, los niños y niñas expresaron que los alimentos suministrados eran repetitivos y con exceso de dulce y harinas.

Así mismo, fue notorio el alto desperdicio de alimentos por los estudiantes, quienes desechan gran parte de las raciones servidas.

Por eso la Defensoría hizo un llamado a las instituciones educativas y a las familias, para generar conciencia en niños, niñas y adolescentes sobre el consumo apropiado de alimentos.

“De manera especial, desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales para que realicen un ejercicio de verificación que permita identificar el número de estudiantes que necesitan la atención del Programa y así disminuir el riesgo de pérdidas de alimentos y evitar que su almacenamiento en las sedes educativas se haga por periodos prolongados”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Camargo presentó el “Protocolo Defensoría para la verificación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar, PAE”, que será implementado en las 42 defensorías regionales durante el 2023 y que permitirá hacerle un seguimiento sistemático al PAE, escuchando especialmente a niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

“Durante 2022 detectamos falencias sobre la calidad y la continuidad del PAE, por lo cual el seguimiento que haremos durante el 2023 en todo el país resultará muy importante, de manera especial en aquellas zonas donde el PAE se convierte en una de las principales fuentes de alimentación de niñas y niños del país”, explicó el Defensor del Pueblo.

Otros hallazgos del PAE

La Defensoría del Pueblo trabaja en la verificación de varias denuncias en los departamentos de Risaralda, Casanare y Magdalena, así como en los municipios de Apartadó, Bello, Malambo, Montería, Pereira, Piedecuesta, Pitalito, Sabaneta, Sahagún, Soledad y Yopal donde no se alcanzó el 50 % de la cobertura del PAE.

Según información de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, del Ministerio de Educación, en 2022, Caquetá, Cesar, Neiva, Magdalena, Sincelejo, Riohacha, Buenaventura y Sucre empezaron su operación con un retraso entre cuatro y seis meses después del inicio del calendario escolar, afectando a cerca de tres millones de estudiantes.

Esta información también está siendo revisada por los organismos de control competentes.

De otro lado, en las visitas, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas en la infraestructura requerida para la ejecución del PAE, así como falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas visitadas.

Las entidades territoriales certificadas, en articulación con los municipios no certificados, deben trabajar en las fallas existentes del programa de alimentación escolar desde el inicio y durante toda la vigencia del calendario escolar y cumplir lo dispuesto en la Ley 2167 de 2021 para garantizar la estabilidad de los recursos a nivel nacional.

Defensor del Pueblo Carlos Camargo© Proporcionado por Semana

“Desde la Defensoría del Pueblo hacemos un llamado a las entidades territoriales, reiterando el rol fundamental en la implementación adecuada del programa, así como en el proceso de gestión y cobertura educativa. Es decir, la articulación de los recursos humanos, de infraestructura y estrategias de permanencia del sistema educativo, con el fin de garantizar el goce efectivo del derecho a la educación, asegurando el servicio educativo y continuidad durante el calendario escolar que inicia; fortalecer los espacios de participación y control, como los Comités de Alimentación Escolar, y atender lo dispuesto en la Ley 2042 de 2020″, concluyó el Defensor del Pueblo.

El PAE es una estrategia que busca contribuir al acceso y la permanencia escolar de niños, niñas y adolescentes que están registrados en la matrícula oficial, con el fin de potenciar sus efectos sobre el desarrollo y los aprendizajes.

El PAE cuenta con 5.651.455 estudiantes beneficiarios, entre quienes están 1.897.542 estudiantes de zonas rurales y otros 391.531 que hacen parte de la población indígena.

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Procuraduría formuló cargos a capitana de la Escuela Militar de Aviación por presunto acoso laboral

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la capitana de la Escuela Militar de Aviación (Emavi) Sandra Patricia Sotelo Rojas, por el presunto acoso laboral que denunciaron cerca de 10 de sus subalternos, miembros del Departamento de Contratos de la Escuela de Aviación Militar Marco Fidel Suárez, sede Valle del Cauca.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Valle sostuvo que la oficial, en su condición de jefe del departamento de Contratación, pudo incurrir en maltrato, persecución, discriminación y entorpecimiento laboral contra parte del personal que conformaba el equipo de trabajo durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017.

Así las cosas, el ente de control señaló que Sotelo Rojas habría cometido actos reiterados y públicos de maltrato y que todo lo anterior puede constituir una falta disciplinaria por el incumplimiento de sus deberes, especialmente los relacionados con el respeto, imparcialidad y rectitud que tendría que mantener hacia el personal a su cargo.

Según el Ministerio Público, al parecer, la capitana manifestó públicamente su desacuerdo por su traslado a la ciudad de Cali y utilizó expresiones verbales despectivas y groseras, expresiones humillantes y degradantes, y desestimó la trayectoria profesional del grupo de trabajo que lideraba.

Provisionalmente, el Ministerio Público calificó la presunta falta como gravísima cometida a título de dolo.

Fuente: Semana.

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